Un imputado denuncia a la policía el espionaje político del Gobierno Aguirre

La supuesta trama de espionaje político pagada con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para seguir a dos cargos del PP, ambos adversarios de la entonces presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio partido —Alfredo Prada (su consejero de Justicia, al que acabó destituyendo) y Manuel Cobo (ex vicealcalde de Madrid)— fue montada desde la consejería de Interior, según la denuncia presentada ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional por el funcionario autonómico José Manuel Pinto, imputado en el caso.

Es la primera vez desde que estalló el escándalo que uno de los implicados en el mismo, trabajador del departamento autonómico donde supuestamente se organizó la trama ilegal de espionaje, detalla a la policía —y el próximo miércoles lo hará ante la juez que lleva el caso—, cómo ocurrieron los hechos. La denuncia de Pinto, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue incorporada el pasado 25 de junio al sumario que se instruye desde 2009 en el juzgado de instrucción 5 de Madrid, cuya titular ha archivado la causa en dos ocasiones, las mismas que ha sido reabierta por la Audiencia Provincial al considerar que existen indicios de delito en la actuación de los supuestos espías.

José Manuel Pinto es el único de los cinco imputados —hay tres ex guardias civiles y un ex policía nacional— que no fue contratado a dedo por los gobernantes del PP ni tenía categoría de alto cargo o asesor cuando ocurrieron los hechos, sino que ganó su plaza por oposición en la dirección general de seguridad ciudadana hace más de 25 años.

El denunciante es el único implicado que no fue colocado a dedo por el PP

Pinto, según la investigación policial y judicial basada en el posicionamiento de los teléfonos móviles de los supuestos espías, nunca estuvo en las labores de seguimiento a Prada y Cobo —como sí lo hicieron tres ex guardias civiles y un ex policía nacional— aunque se le atribuye en un informe pericial caligráfico que fue él quien escribió de su puño y letra diversos datos de vehículos y sus propietarios. Lo hizo sobre los partes mecanografiados (véase una copia de tres de esos escritos en esta página), supuestamente elaborados por los ex guardias civiles que recogían la actividad y los encuentros de los dos políticos del PP, las personas con las que se reunían y, cuando los agentes no podían identificarlas, las características físicas de las mismas.

Pinto negó hace dos años a la juez esos hechos y ahora, en su denuncia contra los peritos calígrafos de la policía que le atribuyeron la autoría de la letra, apunta por primera vez quién fue, según él, “la persona que realizó los partes de seguimiento de varias personalidades de la Comunidad de Madrid”. Pinto señala a Miguel Castaño, número dos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid, un cargo de confianza de quien era entonces el jefe del área, Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.

Para apoyar su denuncia, Pinto detalla un encuentro en el despacho del entonces consejero de Interior con al menos tres testigos. Su confesión es la que sigue:

La Audiencia ha reabierto el caso en dos ocasiones al ver indicios de delito

“Yo trabajaba en la Comunidad de Madrid con el cargo de Técnico Especial de Seguridad de Nivel II, a las órdenes de José Palomo Gallego, supervisor de Servicios. Ambos estábamos a las órdenes del Subdirector General de Seguridad, Don Miguel Castaño, que entonces era Subdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid...”.

“El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, llamó a su asesor de Seguridad Marcos Peña al objeto de determinar el presunto autor de los escritos y habiendo comparecido este, se llamó al señor Castaño a los pocos días...”.

“El día de la entrevista de Castaño con Francisco Granados, en el despacho del consejero situado en la calle de Pontejos sobre las nueve de la mañana, yo me encontraba en una antesala de ese despacho junto a otras tres personas: Ignacio Palacio, jefe del despacho del consejero Granados; y los asesores de seguridad del señor Granados, Marcos Peña y José Oreja...”. “Vimos salir del despacho al señor Castaño y posteriormente entramos los cuatro al despacho del consejero Granados porque nos había citado antes. El señor Granados me comunicó a mí y a las otras tres personas que el señor Castaño se había confesado culpable de la confección de los partes de seguimiento presuntamente realizados en la consejería de Interior y nos comunicó que buscaría un perito de prestigio para confirmarlo”.

Exasesores del consejero niegan que Castaño se confesara culpable

Pinto declaró a la policía que nunca antes había hecho estas declaraciones ante la juez que instruye el caso porque nunca le habían preguntado por esos hechos en concreto. La juez le ha citado para el próximo miércoles, donde supuestamente ratificará esta versión de los hechos.

El director general de Seguridad, Sergio Gamón, jefe de Castaño y supuesto ejecutor de la orden de espionaje a Prada y Cobo, fue destituido en 2010 cuando su ex mujer denunció que él espiaba a Prada desde 2006 por orden del entonces vicepresidente Ignacio González, que se convertía así en sospechoso de haber urdido el plan ilegal.

Antiguos asesores de Francisco Granados han señalado a este periódico que Castaño nunca reconoció ser el autor de los partes de seguimiento aunque reconocen que Pinto culpó a Castaño y le responsabilizó de las anotaciones. Granados, que fichó como asesores a tres ex guardias civiles que luego efectuaron el espionaje a Prada y Cobo, según la policía, no repitió en 2011 como consejero, fue despedido como secretario general del Partido Popular de Madrid y apartado de la primera línea de la política autonómica.

La dirección del PP ordenó a sus dos cargos espiados retirarse de la causa

José Manuel Pinto estuvo de baja un año y medio a raíz del estallido del caso, al verse señalado como una de las piezas claves de la trama de espionaje. Pinto pidió en 2010, ya con el alta médica, volver a su puesto de trabajo, pero desde la consejería de Interior se le impidió regresar durante al menos otro año y medio, según denuncia su abogado Ramón González Bosch. Por ello, Pinto ha demandado en un juzgado de lo social a la Comunidad de Madrid por atentar contra su derecho al trabajo.

Los dos espiados, Prada y Cobo, denunciaron los hechos al juez, pero renunciaron a continuar en la causa por orden expresa de la dirección nacional del Partido Popular.