El fiscal insiste en que ocho detenidos el 25-S atentaron contra el Estado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la semana pasada la causa abierta contra los promotores de la manifestación y sostuvo que no hubo intento de invadir el Congreso
La fiscalía insiste en que ocho detenidos durante las manifestaciones del 25-S bajo el lema Rodea el Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado y deben ser juzgados en la Audiencia Nacional. Así lo establece el fiscal en un recurso presentado el pasado 5 de octubre. En este escrito recurre el auto de la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que se inhibió del procedimiento entero, con 35 detenidos, en favor de la Audiencia Nacional —el tribunal competente para juzgar los delitos contra el Estado—. El fiscal dice que no se puede imputar esta infracción a todos, pero sí a ocho de ellos. Cree que en estos casos “existió un intento de invasión” del Congreso mediante “fuerza, violencia o intimidación” porque trataron de rebasar el perímetro de seguridad. Coincide, punto por punto, en la línea mantenida por el Ministerio del Interior.
Un día antes de que la fiscalía planteara esta tesis, el magistrado de la Audiencia Santiago Pedraz mantuvo otra radicalmente distinta. Pedraz archivó el cuatro de octubre la causa abierta contra los promotores del 25-S y sostuvo que los que se manifestaron ese día no habían cometido delitos contra el Estado. Con ese auto en la mano, un grupo de abogados de los arrestados el día 25 recurrió la decisión de la juez de enviarlos a la Audiencia Nacional.
Pedraz archivó el caso
La magistrada tendrá que decidir ahora qué hacer con los arrestados: si insistir en su primer auto y remitir el asunto a la Audiencia Nacional a pesar de la decisión de Pedraz; si seguir el criterio del fiscal, enviar a ocho detenidos a la Audiencia y hacerse cargo del resto; o seguir la tesis de las defensas y dejar todos los casos en su juzgado. Pedraz, en su auto de archivo, afirmó que nadie trató de asaltar el Congreso el 25-S, que la Cámara funcionó con total normalidad y que la policía había exagerado la gravedad de la convocatoria.
La fiscalía cree que debería imputarse delito contra el Estado a ocho personas por haber intentado saltar las vallas de protección en la confluencia entre el Paseo del Prado y la Plaza de Las Cortes. A uno de ellos lo acusan de haber coreado “vamos a tomar el Congreso” y de resistirse “activamente a la detención. A otros, de golpear a los agentes o de lanzar latas de refresco. Los detenidos aseguran que estos hechos no son ciertos, que no hubo ningún intento de invadir el Congreso, y que en muchos supuestos los propios agentes admiten que los arrestos se produjeron mientras estaban en el suelo haciendo resistencia pasiva.
