La fiscalía deja fuera del 'caso Faisán' a García Hidalgo, exdirector de la policía

Hasta noviembre de 2011 la posición del fiscal respecto al soplo policial al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán de Irún era que no existía el delito de colaboración con organización terrorista que le imputaba el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Ayer, a la vista de las nuevas pruebas propuestas por las partes y acordadas por el magistrado tras la revocación del auto de procesamiento por la Sala de lo Penal, la fiscalía llegó a la conclusión de que el chivatazo puede imputarse al exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector de Vitoria José María Ballesteros, al entender que el primero habló supuestamente a través del teléfono del segundo con el encargado del establecimiento, Joseba Elosua. No estima, sin embargo, que haya pruebas suficientes para implicar al exdirector de la policía durante la etapa socialista Víctor García Hidalgo.

García Hidalgo supone la más alta conexión política del caso, al ostentar el cargo de director general de la Policía en el momento del chivatazo, nada más llegar a lo más alto de la pirámide del Ministerio del Interior el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ruz deducía su implicación en el chivatazo por las llamadas que durante el día en que se produjo la filtración —el 4 de mayo de 2006— de las que se tenía constancia, pero se desconocía su contenido. El episodio se produjo en medio del proceso de diálogo con ETA iniciado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el escrito, firmado por el fiscal Carlos Bautista, este repasa uno por uno los indicios acumulados contra Ballesterios y Pamies, pero no les imputa delitos concretos. La investigación se sigue por revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, aunque el fiscal, que a lo largo de la investigación nunca ha cuestionado que el soplo existiera, se opuso a la existencia de esa segunda infracción. El ministerio público recuerda en su escrito cómo las grabaciones registradas por la policía el día del chivatazo sitúan a Ballesteros en las inmediaciones del bar Faisán y saliendo del establecimiento “en un lapso de tiempo coincidente” con llamadas al jefe superior Pamiés y como fue el propio inspector de Vitoria el que se reconoció en las imágenes. También el propio Elosúa, condenado como miembro del aparato de extorsión de ETA, confirmó que la delación se produjo mientras Ballesteros se encontraba en el local aunque negó que fuera Ballesteros su autor, algo que ni el juez ni el fiscal creen.

El fiscal tiene especialmente en cuenta la declaración de María del Carmen Gogorza, camararera del Faisán, que confirmó el modo en que se produjo el chivatazo. Que un hombre mayor de 30 y menor de 50 entró en el bar a las once y cuarto y las once y veinte del 4 de mayo preguntando por Elosúa y que, al llegar este al bar, “le entregó un teléfono móvil, móvil a través del cual Joseba Elosúa habló con una tercera persona”.

Bautista tiene también en cuenta los nuevos informes sobre la autoría reclamados por el juez a la policía y la Guardia Civil. En ellos se analizan de nuevo las llamadas cruzadas en el momento del chivatazo e inicialmente atribuidas a Ballesteros y Pamies. Ambos informes sostienen que los dos interlocutores eran miembros de la policía siendo uno de ellos “ajeno a la investigación”, supuestamente Ballesteros; y el otro un policía de mayor jerarquía que, según la GuardiaCivil, “está vinculado a operaciones anterroristas” y tiene “conocimiento previo de los despliegues”. Es decir, que los dos apuntaban a Ballesteros y Pamies.

Por lo demás, el fiscal descarta el resultado de las restantes pruebas practicadas —análisis de las llamadas que pudieron hacer los agentes, posibilidad de que el chivatazo se hicera a través de un teléfono por satélite o gracias a una llamada desde Francia—, cuya ausencia fue cuestionada por la Sala de lo Penal al revocar el anterior procesamiento de los imputados. El ministerio público concluye que la hipótesis más consistente es la que implica a Ballesteros y Pamies. Pero no a Hidalgo. En relación a este último, mantiene el escrito, “no puede llegarse a la misma conclusión, al no haberse aportado respecto a él diligencia alguna, concreta y específica que vaya más allá de las aquellas cuya suficiencia fue rechazasa por la Sala”.