Política

La brecha social afecta al sistema

El Gobierno está preocupado con la desafección política pero no propone medidas concretas

El PSOE acelera propuestas de reforma constitucional

Carteles en la manifestación del 25-S. / B. PÉREZ

La democracia se resiente en tiempos de dificultades. Alfredo Pérez Rubalcaba sostiene que la crisis económica actúa como una lupa que muestra los defectos de la democracia, que ya existían, pero que no se percibían. Y mantiene que corremos el riesgo de entrar en un bucle: la respuesta y la salida a la crisis económica están en la política y, a su vez, la política está en riesgo por el descrédito y la desafección ciudadana por la crisis. Las encuestas de Metroscopia muestran que ya la mayoría de los ciudadanos son partidarios de cambios en la Constitución, en las instituciones y en el modelo de Estado. También indican que los ciudadanos se sienten huérfanos de líderes políticos y lamentan la falta de consensos básicos. El descrédito politico crece con la banalización del incumplimiento de programas electorales.

El sondeo del CIS sobre Galicia y el País Vasco indica que esa desafección ciudadana es real y puede traducirse en una alta abstención. Se une a esa impresión de pesimismo ciudadano el deterioro de la imagen exterior de España, porque hace pocos años las portadas de la prensa internacional mostraban a los grandes cocineros españoles y hoy reflejan la imagen de la búsqueda de comida en la basura. Y algunos candidatos en Francia y EE UU ponen a España como ejemplo a evitar.

La teórica estabilidad política que lleva aparejada un Gobierno con mayoría absoluta no se cumple en este caso y se multiplican por la crisis las protestas ciudadanas, hasta el punto de que desde el propio Ejecutivo se habla de la posibilidad de limitar el derecho de manifestación. La inestabilidad política se refleja en la convocatoria insólita de tres elecciones autonómicas anticipadas (Galicia, País Vasco y Cataluña), con riesgo de contagio en otras como Navarra, y se vincula con la institucional en el debate sobre el futuro del Estado autonómico. Además, por primera vez las encuestas muestran una opinión mayoritaria que cuestiona el Estado autonómico y coinciden en el tiempo un gobierno de comunidad que propone un referéndum de autodeterminación, un partido en la oposición que propone una profunda reforma constitucional hacia el federalismo y un Ejecutivo que impulsa leyes como la de estabilidad presupuestaria que limitan competencias autonómicas. Y el resultado en Euskadi podría aumentar esa inestabilidad.

La impresión de deterioro institucional se agiganta con el déficit democrático que supone la cesión de soberanía a organismos que, como el Banco Central Europeo, no han sido elegidos directamente. O decisiones económicas de recorte de derechos y prestaciones que vienen impuestas por Europa y que no son sometidas a debate y aprobación parlamentaria. La mayoría absoluta permite que el presidente restrinja al mínimo sus comparecencias parlamentarias, hasta el punto de que hasta febrero solo estén previstas cuatro sesiones de control, que las condiciones del primer rescate hayan sido votadas en parlamentos como el alemán, pero no en el Congreso, y que se gobierne por decreto. Fuentes de La Moncloa aseguran que son conscientes de la impresión de lejanía que puede provocar la crisis económica. Sin embargo, esas fuentes se aferran a que la española es una democracia joven, en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos va a votar y está al margen de las protestas. No ven urgentes los cambios institucionales y, de hecho, no hay en su agenda legislativa nada en este sentido. Entienden las protestas como consecuencia lógica de la crisis y de medidas duras e imprescindibles.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, pide que se diferencie el “eco de las voces”, pero que se admita que las instituciones deben reaccionar, y propone tres reformas urgentes: el reparto de poder territorial, la ley electoral para hacer el Parlamento más representativo y el cambio del sistema de referendos para facilitar la democracia directa. Méndez entiende que, cuantitativamente, protestas como el 15-M o el 25-S están sobrevaloradas y niega con datos la desafección a los sindicatos: en las elecciones sindicales ha votado el 80% de los trabajadores y la afiliación a UGT solo ha bajado en un seis por mil, por el aumento del desempleo.

Elena Valenciano, número dos del PSOE, cree que aún no estamos en una situación como la de Portugal, donde partidos y sindicatos han sido desbordados en la protesta ciudadana, pero sí teme que se abra una brecha que separe a los ciudadanos de la política. Por eso, el PSOE ha cambiado su estrategia y ha acelerado el paso para hacer propuestas de cambio constitucional hacia el Estado federal, para reformar la ley electoral y el reglamento del Congreso. La salvedad de que esas propuestas de calado necesitan tiempo para ser elaboradas. No obstante, Valenciano alerta del riesgo de “populismo rampante” que se pueda aprovechar de esa desafección.

Algo parecido sostiene Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, para quien el riesgo es que cale el descrédito de los políticos, con bulos alimentados desde redes sociales. “Es una batalla perdida, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal” y que se alimenta con propuestas como la de Dolores de Cospedal de suprimir el sueldo de los diputados. Oramas cree que urgen medidas como la reforma del Senado, cambiar el reglamento del Congreso para que el presidente responda a más preguntas, listas abiertas para los Ayuntamientos y, sobre todo, transparencia.

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Periodista de EL PAÍS

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