¿Por qué lo pregunta? Todo es secreto

El proyecto de Ley de Transparencia nace con trampa: la posibilidad del silencio por respuesta

Las Administraciones no informan de cómo gastan el dinero de todos

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Rajoy celebra un gol de España contra Italia en la Eurocopa, el pasado junio.

Los diputados que no tienen coche oficial disponen, anualmente, de una tarjeta con la que pueden abonar hasta 3.000 euros en taxis. Los parlamentarios no han de rendir cuentas de esos traslados y tampoco se sabe si alguno devuelve parte del dinero. Aunque no se conoce la cantidad exacta destinada a este fin, se sabe de la existencia de una partida para ello porque así figura en el reglamento de los diputados. La Mesa del Congreso se niega a revelar la relación y el coste de los viajes oficiales de los parlamentarios que paga la Cámara y que corre a cuenta del dinero público, de los impuestos, de los ciudadanos.

La Constitución marca el derecho de los españoles a la información, pero las Administraciones son, en demasiados casos, muy reacias a facilitarla. Acogiéndose a otras leyes o a simples “ese dato no lo tengo”, resulta muy complicado, a veces imposible, conocer cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. El Gobierno ha presentado un proyecto de Ley de Transparencia que obliga a las instituciones a publicar contratos, subvenciones, ayudas, programas anuales y organigramas, entre otras cosas. Pero la inclusión del silencio negativo como fórmula de respuesta a cualquier solicitud de información sin, además, precisar su motivación, deja en manos de la voluntad de las Administraciones y los gobernantes que muchos secretos dejen de serlo. Estos son algunos ejemplos.

La web tuderechoasaber, que recoge solicitudes de información de ciudadanos, cuelga sin respuesta cuánto costó el viaje de Mariano Rajoy a la Eurocopa en Polonia el día siguiente de anunciarse el rescate financiero.

Diputados disponen de 3.000 euros al año para taxis que no justifican

Tampoco se sabe cuánto costó la auditoría que encargó la Xunta de Galicia para avalar la fusión de las cajas gallegas: un informe que auguraba beneficios a la caja fusionada desde el primer año, pese a que el banco resultante ha recibido 6.000 millones de dinero público y su futuro está en el aire.

En Valencia, la Mesa de las Cortes ha vetado una pregunta sobre los contratos públicos con una empresa que, según Esquerra Unida, gestiona el “amigo íntimo, que incluso compartía intereses familiares”, de un consejero.

En Nueva York es posible conocer las estadísticas de cada cirujano. Aquí es impensable acceder a los porcentajes de éxito de los médicos que operan en la sanidad pública. En Cataluña, por ejemplo, solo ocho de los casi 80 hospitales públicos están directamente gestionados por el departamento de salud de la Generalitat. El resto lo hacen fundaciones, entes o empresas públicas que no ofrecen datos de las remuneraciones de sus directivos, los contratos de consultoría o proveedores.

La Administración esconde, además, datos que, por ser documentos administrativos, deberían ser públicos, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que indica que “todos los ciudadanos” tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que obren en los archivos administrativos”. Aún así no se conoce la deuda con Hacienda de los clubes de fútbol, de la que solo se ha aportado la cifra global, o qué comunidades y Ayuntamientos se han acogido a determinados créditos, por ejemplo, del Instituto de Crédito Oficial. En España no se puede saber quiénes son los mayores deudores con la Seguridad Social, ni se facilitan datos actualizados de cuánto se ha ingresado desde que se puso en marcha la última amnistía fiscal, que sí se recoge en los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Ni pensar en desvelar quiénes y por qué cantidades han presentado esas “declaraciones especiales”.

Los coches oficiales de cada ministerio, los sueldos de los tertulianos o la remuneración de presentadores estrella de la televisión pública también parecen ser alto secreto. El numeroso patrimonio inmueble de las entidades públicas no está ni inventariado.

El coste del viaje al partido de la Eurocopa de Rajoy es un misterio

Desde el blindaje de todos los documentos de Asuntos Exteriores, no se pueden conocer por ejemplo, las relaciones de España con China, Japón y Filipinas entre 1975 y 1982, ni las gestiones en apoyo de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca, o su coste.

Un dislate destacable se vivió en Galicia. Un informe jurídico avaló un plan de legalización de 4.200 viviendas, la mayoría ilegalizadas por los juzgados. Cuando se le preguntó al presidente Alberto Núñez Feijóo (PP), por ese informe, respondió anunciando la solicitud de otro informe para saber si podía mostrar el primero. El resultado, nunca se supo. De momento, sigue siendo “secreto”. En Andalucía, gobernada por PSOE e IU, resulta imposible saber el índice de absentismo laboral de los trabajadores públicos.

En el País Vasco, de conocer los contratos, presupuestos e informes técnicos quizá se hubiera evitado la mala gestión de los recursos públicos invertidos en el Museo Balenciaga, que pasó de estar presupuestado en menos de cinco millones a costar cerca de 20. En Castilla-La Mancha, un contratista ha desvelado que el acuerdo de rescisión del contrato del hospital de Toledo, cuyas obras se han paralizado, tiene cláusulas de confidencialidad.

“¿El ciudadano normal y corriente no puede tener acceso a cómo se gasta y de qué forma el dinero público?”, preguntó hace unas semanas el juez del caso Urdangarin a una alta funcionaria de la Generalitat Valenciana. “No”, le respondió, porque, además, algunos contratos que la Administración firma con entidades o empresas (Fórmula 1 de Valencia, 20 millones de euros, por ejemplo) contienen cláusulas de confidencialidad. Con la Ley de Transparencia en marcha se podría haber evitado, o al menos destapado antes, la múltiple contratación de la Administración valenciana con la trama Gürtel.

El descrédito de la clase política es algo que ocupa a los ciudadanos y preocupa a los políticos. La transparencia debería aumentar la confianza en su gestión.

Imposible saber cuántas violaciones

El Ministerio del Interior no escapa de la opacidad. Al contrario. No ofrece, por ejemplo, datos oficiales de los asesinados a manos de ETA, apelando a la Ley de Protección de Datos, a pesar de que habitualmente, es el propio Ministerio quien identifica a las víctimas de los atentados. La lista global también es “secreta”.

Si alguien quiere saber cuántas violaciones se han producido en España, o cuántas malversaciones, o estafas bancarias o robos en joyerías y estancos, tampoco podrá, porque el anuario estadístico de delincuencia no ofrece esa información de forma desglosada. En EE UU, por ejemplo, esos datos son tan públicos que una inmobiliaria los ofrece en un mapa señalando los delitos cometidos en cada barrio para que el comprador de una casa sepa el índice de criminalidad que se registra en su nuevo distrito.

El Ministerio del Interior oculta, asimismo, el número de identificaciones que hace al año, tanto de inmigrantes como de españoles. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que unos 10 millones de personas son identificadas cada año por policías “a la caza” de cualquier ciudadano, principalmente jóvenes (porque pueden llevar hachís) o extranjeros (que pueden residir ilegalmente en España) para anotarse un “palote” en la exigencia estadística con la que aseguran son presionados.

También es alto secreto el coste de determinados despliegues policiales que deberían desvelarse, ya que se pagan con dinero público, de todos. Dos meses después y solo tras una pregunta formal de un senador, se supo que el dispositivo de seguridad que montado para la reunión en mayo del Consejo del Banco Central Europeo en Barcelona superó el millón de euros.

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