Prisión para el empresario acusado de repartir sobornos en Galicia

La juez de Lugo Pilar de Lara, instructora de la llamada Operación Pokémon, ha decretado esta madrugada el ingreso en prisión de Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, el máximo responsable del grupo empresarial Vendex, acusado de repartir sobornos entre funcionarios y políticos locales en Galicia para conseguir contratas públicas. Rodríguez Acosta, de origen cubano, dirige una treintena de firmas, con sede en Madrid, que ofrecen servicios a los ayuntamientos como limpieza y gestión de aparcamientos o instalaciones de ocio. El empresario es, de momento, el único de los ocho detenidos en la operación que ha ingresado en la cárcel.

De Lara también decretó la pasada madrugada la libertad bajo fianza de 6.000 euros del alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez. De Lara ha imputado formalmente a Rodríguez los delitos de prevaricación y cohecho. El regidor ourensano gobierna con el apoyo del BNG, que ya anunció que reclamaría su dimisión si salía imputado de la declaración judicial. Rodríguez fue detenido el pasado jueves, dentro de la llamada Operación Pokémon, junto a otras 12 personas, entre ellas el alcalde de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio, del PP, que también quedó en libertad bajo de fianza de 10.000 euros.

Rodríguez abandonó los juzgados de Lugo sobre la 1,30 de la madrugada. Cuando los periodistas le preguntaron si tenía intención de dimitir, se limitó a señalar: "Ahora toca descansar". El alcalde se ha pasado casi tres días incomunicado, entre comisaría y juzgados, tras ser detenido a primera hora del jueves a las puertas de su casa. Tras restar importancia a la indisposición que sufrió el pasado viernes mientras permanecía en los calabozos de la Comisaría de Pontevedra, el político socialista declaró: "Confío plenamente en la justicia".

Al mismo tiempo que Rodríguez, quedaron en libertad dos directivos del grupo empresarial Vendex que declararon antes que el máximo responsable de la compañía. José María Tutor, delegado en Galicia del grupo con sede en Madrid, pagará una fianza de 4.000 euros y queda imputado por prevaricación y tráfico de influencias. Adrián Cordero, el encargado de la empresa en Ourense, está eximido de la fianza, pero la juez le acusa de los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.