Política

La Defensora del Pueblo denuncia la ineficacia en la lucha contra la trata

Los agentes no logran que las víctimas pierdan el miedo a denunciar a las mafias

La mayoría renuncia incluso al periodo de reflexión para recuperarse y pensar si desea colaborar con las autoridades

El informe detecta graves carencias en la detección de las víctimas

Vídeo: Defensor del Pueblo

Las cifras son abrumadoras. Y, según el informe sobre trata de personas del Defensor del Pueblo presentado ayer, son solo la punta del iceberg. En los tres últimos años, las fuerzas de seguridad han identificado en España a más de 4.000 víctimas de explotación sexual, es decir, personas que, contra su voluntad, son obligadas a mantener relaciones sexuales una y otra vez. Extranjeras casi todas. Sobre todo, rumanas, brasileñas, paraguayas y nigerianas. Por este orden. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cuántos casos acaban en condena de los explotadores? ¿Cuántas mujeres son protegidas por el Estado después? Muy pocas. ¿Cuántas víctimas más podría haber? Según el informe, muchas. Por eso la nueva defensora, Soledad Becerril, denunciaba ayer la ineficacia en la lucha contra esta lacra.

La pregunta previa es si las cifras son fiables. ¿Hay realmente 4.000 mujeres obligadas a prostituirse? ¿Cómo se sabe? ¿Por qué el Defensor cree que en realidad son más? Todo son estimaciones. Al menos, los datos tienen una base algo más sólida que cuando, hace unos años, se hablaba de 50.000, o de 100.000 víctimas. Sin más explicación. Ahora la policía cuenta con unos indicadores que aplica.

El año pasado, por ejemplo, las fuerzas de seguridad detectaron —en distintas redadas en clubes de alterne, pisos, en la calle o en otras situaciones—, a 14.370 personas que parecían estar en riesgo de ser víctimas de trata. De ellas, 1.082 fueron finalmente catalogadas como tales. ¿Por qué? Por los indicios que manejan, como que no tienen en su poder su documentación o no tienen control sobre ella; porque no pueden comunicarse con otras personas libremente; porque no tienen libertad de movimientos; porque han sido forzadas a mantener relaciones sexuales; porque están pagando una deuda; porque han sido amenazadas si intentan escapar; porque han sido lastimadas o privadas de comida, agua, sueño, atención médica u otras necesidades vitales...

Para la defensora, estos indicadores no se aprecian así como así, y el hecho de que de 14.000 víctimas potenciales solo se identifiquen 1.000, implica que algo se hace mal y que la policía carece de herramientas y especialización suficientes. “Esto no va de preguntarle a la mujer si es una víctima”, señalan desde el organismo. “Es algo más complejo, porque la trata es un fenómeno complicado”. El informe marca las pautas que deberían seguirse para una correcta identificación: seleccionar adecuadamente al intérprete, evitar crear nuevos traumas, no hacer la misma pregunta una y otra vez... Por otro lado, el informe considera que el perfil de víctima que maneja la policía no incluye a las mujeres que son interceptadas tratando de entrar de manera irregular en territorio nacional.

Las cifras del documento ofrecen otro dato revelador, uno de los más importantes, según fuentes de la defensora: las mujeres están rechazando masivamente la opción que les concede la Administración de tomarse un periodo para pensar si quieren denunciar y colaborar con las autoridades. Se negaron a aceptarlo 680 mujeres de las 763 a quienes se les ofreció en 2011. Algo, señala el informe, está fallando.

Que las mujeres decidan colaborar con las autoridades es complicado. La mayoría tienen miedo. Han sufrido amenazas y no quieren más problemas. Por ello, según el informe, el restablecimiento y la reflexión deben ser dos fases “claramente diferenciadas”: “En primer lugar, la víctima debe recuperarse, sentirse segura, y solo cuando esta primera fase ha culminado con éxito y siempre con el acompañamiento y asesoramiento de una entidad especializada (la necesidad de una mayor intervención de las ONG es algo en lo que también incide el informe), podrá enfrentarse a la segunda fase, en la que deberá ser informada de la posibilidad de cooperar con las autoridades competentes”.

Este fallo lo condiciona todo. Lleva también al fracaso de los procesos judiciales contra los explotadores. Aunque la policía incremente, como ha sucedido, las operaciones de lucha contra la trata y la explotación sexual, los problemas para que los delitos acaben finalmente sentenciados son múltiples.

Judicialmente hay que distinguir entre el delito de trata (que lo es como tipo específico solo desde la última reforma del Código Penal, de 2010) y el de explotación sexual. La trata implica el traslado de país de una persona para explotarla (sexual, laboralmente...). En todo caso, el testimonio de las víctimas es esencial. Si estas no siguen adelante, lo que es muy habitual por las amenazas que sufren, todo se viene abajo y los explotadores quedan impunes. El informe pide que se acuda también a otros medios de prueba: “La investigación financiera es una herramienta importante para la obtención de pruebas, la evaluación de los riesgos, para conocer mejor el modus operandi de los tratantes y para perfeccionar los métodos de detección”.

Mientras las autoridades buscan la fórmula para luchar contra estos delitos, las víctimas relatan historias de terror y soledad. Como esta: “Me dijeron que tenía que prostituirme. Si no, matarían a mi hija. Me la ponían al teléfono, llorando...”

Deficiencias constatadas con menores víctimas de trata

M. C. B.

¿Cuántos menores hay en España víctimas de trata? A pesar de que son los más vulnerables, no se sabe a ciencia cierta. Por esa razón, el informe de la Defensora del Pueblo plantea la necesidad de crear una base de datos independiente que aglutine los datos del Ministerio Fiscal.

Para conocer el estado de la cuestión, el Defensor consultó con las entidades de protección de menores de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. Las dos ciudades y ocho comunidades aseguraron que no tenían a ningún menor víctima de trata bajo su protección. De las demás, ninguna tenía recursos asistenciales específicos para tratarlos y solo Valencia hacía un seguimiento de las diligencias penales iniciadas contra los autores del delito de trata o explotación sexual.

“Esta falta de coordinación entre la Fiscalía y las entidades de protección de menores dificulta gravemente el proceso de recuperación y el trabajo de las entidades especializadas que las acogen”, señala. Hay otro problema. ¿Qué pasa con los menores que llegan en patera, con alguien que dice ser su madre pero cuya filiación no está acreditada, y que pueden ser víctimas? El Defensor ha constatado “deficiencias” importantes y recuerda la obligación de que todos estos casos se pongan en conocimiento del fiscal y la comunidad autónoma.

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