El fiscal avaló sacar a otro etarra de la cárcel con un cáncer incurable

Su padecimiento también era “grave e incurable”, como el del asesino y secuestrador Iosu Uribetxeberria Bolinaga. Un cáncer con metástasis. Y su pronóstico de supervivencia era similar. Un año. Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se opuso en enero de 2011 a la excarcelación del etarra Mikel Ibáñez Oteiza, condenado por el asesinato del industrial Francisco Javier Zabaleta en 1988 y que debía salir de prisión en 2035. Tampoco le exigió que rechazara expresamente la violencia y pidiera perdón a las víctimas, como reclama ahora en el caso del etarra que raptó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Ibáñez falleció a los tres meses de ser excarcelado.

Uribetxeberria, cuya salida aprobó el jueves el juez de Vigilancia de la Audiencia, José Luis de Castro, pero sigue preso a la espera de que el fiscal decida antes del jueves si recurre, sufre un cáncer de riñón con metástasis en el cerebro y en un pulmón. El diagnóstico de Oteiza era el de “un linfoma no hodkiano de células grandes con metástasis en un testículo” —que le fue extirpado— y en un riñón, lo que le provocó una insuficiencia renal y obligó a hacerle un transplante de médula.

El umbral de supervivencia en ambos casos también era similar. Los informes médicos de la prisión de Martutene, donde cumplía Oteiza hasta su excarcelación, lo situaban en un año y calificaban su situación de “desfavorable a corto plazo”. En el caso de Uribetxeberria, esa esperanza de vida fue situada inicialmente por el hospital Donostia de San Sebastián, donde se le trata ahora, en un año, pero los informes posteriores recabados por De Castro en su visita al recluso y al centro hospitalario lo rebajaban a los tres meses y diez días de media. Por último, el informe forense, contrario a la excarcelación, dejaba ese plazo vital en 11 meses y diez días.

A diferencia de en el caso Bolinaga, en el de Ibáñez Oteiza el fiscal no exigió el arrepentimiento y el perdón expreso que el Código Penal establece como requisitos para la libertad de presos terroristas. Con el apoyo del ministerio público, el juez De Castro entendió que en los casos de “enfermedades graves e incurables” solo se debía valorar “la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad”, bajísima en tumores tan avanzados. Que en los casos de etarras encarcelados con enfermedades graves, el distanciamiento de la banda y el reconocimiento del daño causado solo era necesario si no había “riesgo inminente para la vida”. El juez y el fiscal entendieron entonces que existía ese riesgo en el cáncer con metástasis y un año de esperanza de vida de Ibáñez Oteiza. Ahora, sin embargo, los 11 meses y diez días de umbral de supervivencia que el cáncer de riñón extendido al pulmón y el cerebro otorgan a Uribetxeberria no son suficientes para el ministerio público.

Juez y fiscal también fueron de la mano en el caso de Sergio Pérez Fuertes, condenado a cinco años por colocar un cóctel molotov en un tren de cercanías en 1998. La libertad condicional se otorgó en este caso por el brote psicótico que sufría, pero ni el magistrado ni la fiscalía exigieron el abandono de la violencia y el perdón. De Castro lo excarceló y, debido a su enfermedad mental, propuso que fuera incapacitado.