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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Un presidente bajo vigilancia

Si Núñez Feijoo consigue revalidar la mayoría absoluta sería un balón de oxigeno para el presidente del Gobierno. Rubalcaba insiste en ejercer, por lo menos durante varios meses más, una oposición calmada

Soledad Gallego-Díaz

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta el nuevo curso sometido a mayor observación y presión que nunca, no solo por los mercados internacionales, sino también por el electorado y por su propio partido. Los medios internacionales personalizan cada vez más sus análisis sobre la situación española en la figura del presidente y el electorado percibe alarmado la posibilidad, cada día más cercana, de que el Gobierno se vea obligado a solicitar a la Unión Europea (UE) un segundo rescate económico, además del rescate bancario.

El partido del presidente espera con el aliento contenido los resultados de las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco y, sobre todo, en Galicia, así como la temida irrupción del debate soberanista en un eventual adelanto de las elecciones catalanas, en primavera.

Frente a toda esta incertidumbre y a esa incómoda y cauta mirada de la que es objeto, el presidente Rajoy parece decidido a perseverar en su línea de aislamiento (rechazó hace poco una entrevista con el director del importante diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung) y a concentrar todo su esfuerzo en una única dirección: cumplir el déficit comprometido con Europa para 2012, un 6,3% del PIB. El presidente está convencido de que ese éxito aflojaría la presión internacional, disiparía la inquietud del Partido Popular y le permitiría afrontar la creciente agitación social con un dato “positivo” en la mano. Por el momento, ese es su único discurso y su única propuesta a los ciudadanos.

A favor de Rajoy juega un dato importante: la debilidad de la oposición. El PSOE sigue sin recuperar el pulso, según las encuestas, y, por el momento, no tiene más actividad prevista que celebrar, en noviembre próximo, una Conferencia sobre temas orgánicos, es decir, sobre la vida interna del partido. Muchos socialistas creen que ese debate interno puede terminar por desconcertar o enfadar todavía más a sus votantes y algunos intentan reconvertirlo, como sea, en un debate político, más urgente y movilizador.

Alfredo Pérez Rubalcaba, influido por la reciente salida de los socialistas del poder, insiste en ejercer, por lo menos durante varios meses más, una oposición calmada. “De hecho”, comenta, irónico, un dirigente del PSOE, “la relativa tranquilidad actual del escenario político se debe a dos elementos: a que Rubalcaba es el secretario general socialista y a que el Partido Popular no esta en la oposición. Imagínense lo que estaría pasando en España en caso contrario. Este país no lo habría podido resistir”.

“La apuesta de Rajoy por el control del déficit es a una sola jugada. Como no sea posible cumplir ese objetivo, el presidente estará muy tocado políticamente”, asegura un dirigente de su propio partido, que niega que, incluso en ese caso, sea posible una “conspiración interna”, como insinúan algunos grupos mediáticos cercanos a los sectores más duros del PP.

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“El presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso y eso es así, sin discusión”, mantiene este dirigente. Sin embargo, no tiene empacho en reconocer que nunca una mayoría parlamentaria absoluta ha adquirido menos significado político en menos tiempo.

Según ese análisis, la pérdida de influencia política se debe a la personalidad del presidente y a lo que se califica de “poca capacidad” del gabinete actual. Lo que se impondría, caso de fracasar en el objetivo del déficit, sería un cambio de ministros. Especialmente un cambio en el área económica que desplace al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, muy criticado en el propio PP, y un cambio en el área política que “recargue” ideológicamente al Gobierno, algo que exige el sector más duro del PP. Olvidadas a la fuerza las señas de identidad del recorte de impuestos, ese sector popular propone una conexión sin titubeos con el catolicismo y con el nacionalismo español.

“Los esfuerzos de Alberto Ruiz-Gallardón en ese sentido tienen poco peso. Hace falta insistir mucho más en ese campo”, asegura el mismo dirigente, que se confiesa “siempre atento” a cualquier gesto en ese sentido de José María Aznar.

En el plano interno, un sector del PP se interroga también sobre el papel que va a jugar Javier Arenas, un político que ha prestado siempre grandes servicios a Rajoy, y que ahora intenta reubicarse en la sede de la calle Génova. “Si las cosas van muy mal, en cualquier ecuación que elabore Moncloa estará Arenas”, pronostica un diputado popular cercano al político andaluz.

Al margen del proyecto del presidente del Gobierno, los datos fundamentales para cualquier análisis del curso son la evolución de los ingresos fiscales tras la subida del IVA (puede darse el caso de que el consumo se retraiga aun más y no aumente suficientemente la recaudación) y si el Gobierno de Rajoy solicitará finalmente la ayuda de la UE para financiarse.

Lo llame como lo llame el presidente, la solicitud de ayuda financiera para el Estado puede ser percibida por las clases medias como una humillación y como la obligación de hacer frente a nuevos impuestos, nuevos recortes sociales y nuevos despidos, con el consiguiente desgaste del Gobierno.

Fueran cuales fueran las condiciones del eventual rescate, de lo que no hay duda es de que conllevaría un mayor control y vigilancia por parte de la UE y que cualquier gasto tendría que ser autorizado por los famosos “hombres de negro”. Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 podrían experimentar duros recortes en el curso de su tramitación, aunque se evite el anuncio de esos ajustes en el acto de presentación ante el Parlamento, en la última semana de septiembre, para que no interfieran con las campañas de las elecciones vascas y gallegas, convocadas para el 21 de octubre.

Las dos elecciones autonómicas son precisamente el segundo dato relevante del curso político. Los dos escenarios son poco adecuados para saber qué sucede realmente con la temida fragmentación del voto, percibida en las últimas elecciones generales. Es difícil, aunque no imposible, que Izquierda Unida consiga escaños en Galicia o que UPyD se mantenga en el País Vasco (lo que ayudaría a que los dos grandes partidos intentaran reducirlo a un partido “madrileño”). En cualquier caso, la dirección del PSOE, que da por supuesto que perderá el Gobierno vasco, se concentra en evitar una nueva mayoría absoluta popular en Galicia, consciente de que no se puede permitir en ninguno de los dos comicios unos resultados calamitosos porque introducirían un nuevo elemento de inestabilidad interna.

Las elecciones gallegas tienen sobre todo una lectura interna para el propio Mariano Rajoy, muy vinculado con Galicia y con el actual presidente. La mayoría absoluta actual depende de un único diputado y si Alberto Núñez Feijóo consigue revalidarla sería un balón de oxigeno para el presidente del Gobierno, no solo cara a la opinión pública sino, sobre todo, a su propio partido. En el caso vasco, Antonio Basagoiti (apoyado por Rajoy) necesita alcanzar un resultado suficiente como para no perder su dominio sobre el sector popular que abomina de cualquier gesto que no lleve al enfrentamiento directo con el nacionalismo.

Tanto las elecciones vascas como las catalanas (que casi seguro se adelantarán a la primavera) significan además la irrupción en el escenario político de un nuevo debate soberanista, que se unirá al debate económico, y que suele provocar una profunda alarma en un sector del Partido Popular muy combativo frente a los nacionalismos. Si en País Vasco y en Cataluña ganan las elecciones PNV y CiU, es casi seguro que los dos planteen con relativa rapidez una reforma de su participación en el Estado español, un debate que puede envenenarse con gran facilidad en medio de una formidable crisis económica y social.

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