Política

El Gobierno elimina hoy 910.342 tarjetas sanitarias de extranjeros

Sanidad deja en manos de cada comunidad cómo cobrar la asistencia a inmigrantes

Inmigrantes en el centro de salud de Osakidetza en Bilbao. / LUIS ALBERTO GARCIA

Desde hoy, 910.342 extranjeros en situación irregular o que no cotizan en la Seguridad Social perderán la tarjeta sanitaria y Sanidad espera ahorrar unos 1.500 millones al año con esta medida. Según el Gobierno, se trata de evitar el “efecto llamada”, con una “medida disuasoria” que sirva para evitar que los extranjeros que no residan en España sean atendidos de forma gratuita por el sistema público de salud. Cada comunidad decidirá la forma en que cobra por esa atención o si se hace cargo de esos gastos, especialmente para los casi 150.000 inmigrantes sin papeles a los que afectará. Estos tendrán que “buscar mecanismos” por su cuenta para pagar los gastos ocasionados.

El Gobierno estima que de las 910.342 tarjetas que desaparecerán hoy, concedidas desde 2002, unas 500.000 no consta si sus titulares residen en España y, según Sanidad, podrían haber sido beneficiarios del llamado turismo sanitario en algún momento, es decir, vinieron a España ocasionalmente para una intervención y, precisamente, son el principal objetivo de la medida; el 30% son ciudadanos europeos y el resto, de otros países. Su tesis es que se busca evitar que vengan extranjeros solo para acceder a esa asistencia gratuita o que se extienda a familiares de titulares de tarjetas y explica que nos equipara a la mayoría de estados europeos.

Aunque se les retire la tarjeta sanitaria y pierdan el aseguramiento, los extranjeros seguirán teniendo derecho a atención gratuita de urgencias, de maternidad, de menores de 18 años y las relacionadas con la salud pública, es decir, Sida, sarampión y enfermedades contagiosas. El Ejecutivo, tal y como hizo ayer la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, insiste en que nadie quedará sin atención. Sin embargo, no detalla un mecanismo común para sufragarla, con una fórmula de gestión de esa asistencia que dejará de ser gratuita. Es decir, hay que pagarla, pero no se sabe de qué forma, ni quién. Según explicó Saénz de Santamaría, será problema de cada comunidad.

Una parte de esos extranjeros serán atendidos en virtud de acuerdos de reciprocidad con sus estados, de tal forma que esos convenios permitirán afrontar el pago de esos servicios. Servirá, por ejemplo, para los comunitarios y de otros países que quieran firmar esos acuerdos. Así, Ecuador hizo público ayer su deseo de firmar un acuerdo que garantice la atención gratuita de todos los ecuatorianos y que aquel país liquide el pago con posterioridad.

Para el resto de inmigrantes, la decisión sobre esa gestión será de cada comunidad, en el ejercicio de sus competencias, como explica el ministerio que dirige Ana Mato. Ya hay algunas como País Vasco, Asturias y Andalucía que han anunciado que no cumplirán el decreto y que harán frente a esos gastos de atención médica, aunque el beneficiario carezca de la tarjeta de asistencia sanitaria.

Otras buscan otras fórmulas, como Galicia que dará seis meses de plazo a los inmigrantes sin papeles, desde su primera visita a un centro sanitario a partir de hoy, para que acrediten su falta de recursos y del tiempo de empadronamiento necesario. Así podrán disfrutar de la asistencia gratuita. El efecto llamada podría producirse entre comunidades.

El Gobierno explica que el decreto en vigor se limita a retirar la tarjeta sanitaria que sirve, por ejemplo, para pedir las citas en la sanidad pública. El responsable de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, advirtió ayer que las comunidades que acudan al fondo de rescate no deberían pagar la sanidad de los inmigrantes. La ley de estabilidad permite al Gobierno intervenir en decisiones de esas comunidades, para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit.

En las otras comunidades deberán ser los inmigrantes los que paguen y el problema es de qué forma se hace con un sin papeles que no tenga recursos. Saénz de Santamaría dijo literalmente: “Tendrán asistencia, pero se tienen que buscar mecanismos” para pagarla. El Gobierno explica fórmulas como una especie de lista de morosos en la que se toma nota de la identidad para cobrarle cuando se detecten ingresos, pero no precisa un mecanismo concreto. Se habló de sistemas de aseguramiento privado personalizados, pero no se han desarrollado.

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