Política

Plante de Cataluña y Andalucía contra Montoro por el déficit y la deuda

El ministro amenaza con aplicar la Ley de Estabilidad que prevé la intervención. El Gobierno endurece las condiciones a las autonomías al fijar por primera vez un tope de deuda

Montoro saluda a la consejera de Hacienda andaluzaantes de la reunión del Consejo de Política Fiscal. Foto: LUIS SEVILLANO / Vídeo: ATLAS

El Gobierno tiene dificultades para controlar a las comunidades. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de coordinación de la política económica entre Hacienda y los consejeros de Economía— se está convirtiendo en el escenario donde los Gobiernos autonómicos ponen de manifiesto sus diferencias con el Ejecutivo central. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se manifestaron en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria [con un límite de déficit del 0,7% del PIB para 2013; y el techo de deuda en el 15,1% del PIB en 2012 y del 16%, en 2013) propuestos por el Ejecutivo. Con estos límites Hacienda endurece las condiciones presupuestarias y fija por primera vez un tope de deuda para los Gobiernos regionales. Eso provocó que se recrudeciese el pulso de estas autonomías con el Ejecutivo.

La incapacidad del Gobierno para meter en cintura las cuentas regionales preocupa en Europa. La división vivida este martes supone un pésimo mensaje a las instituciones internacionales en una de las semanas más decisivas para el futuro inmediato del país. Los líderes europeos han acentuado sus encuentros estos días pendientes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) donde se espera que pueda tomar decisiones para calmar el acoso de los mercados, que azuzan la prima de riesgo española a niveles insostenibles.

Por eso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remarcó durante la rueda de prensa posterior a la reunión que "una mayoría aplastante de comunidades se ha manifestado a favor de los objetivos de déficit y de los techos de deuda. Esto es lo importante, que el estado de las autonomías de España está dando pasos para que todos cumplamos". Y en este sentido se entiende la reunión celebrada el pasado lunes entre el presidente, Mariano Rajoy, con los barones del PP a los que trasladó la necesidad de avanzar en las medidas de consolidación fiscal y escenificar la unidad del PP con los objetivos presupuestarios.

El Consejo de Política Fiscal celebrado este martes estuvo marcado por la ausencia del consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Collel, quien dio plantón al ministro y no acudió a la cita por la negativa del Gobierno a relajar la meta de déficit fijada el próximo año para las comunidades, en el 0,7% del PIB. El Ejecutivo de Rajoy ha arañado de Bruselas un aplazamiento del objetivo de déficit de un año, y algunas comunidades han reclamado al Gobierno que comparta ese margen extra con ellas. Por eso, en el último encuentro entre los consejeros y el ministro, celebrado el pasado 12 de mayo, se produjo una rebelión liderada por Cataluña y Andalucía y en la que, además de Asturias y Canarias, participaron dos territorios gobernados por el PP como Extremadura y Castilla y León [Galicia dio un “sí crítico”] que se abstuvieron en la votación sobre el déficit porque no se flexibilizó el déficit.

Al desplante catalán de este martes también se sumó nada más comenzar la reunión el de la consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, quien calificó como “injusta” y “discriminatoria” la deuda máxima fijada por el Gobierno para Andalucía. La consejera abandonó la reunión a los pocos minutos visiblemente molesta. “Es inconcebible que tengamos que ajustarnos tanto en el déficit y en la deuda comunidades que tenemos mejores datos y que estamos por debajo de la media”, señaló la responsable de las arcas andaluzas. “Este objetivo supone a Andalucía una petición desproporcionada cuyo objetivo es doblegar la voluntad de los andaluces y obligarnos a hacer un recorte indiscriminado e ilógico en servicios como la sanidad y la educación; y eso no lo vamos a aceptar”, señaló Martínez Aguayo, quien anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad.

Montoro tachó las posturas de Cataluña y Andalucía como “poses políticas”. Y amenazó con aplicar la Ley de Estabilidad, aprobada por el Gobierno para controlar los desequilibrios presupuestarios. Esta norma permite intervenir las Administraciones regionales y por eso el ministro aclaró que no está preocupado por la consecución de los objetivos por parte de estas comunidades. No obstante, existe cierta desconfianza en los organismos internacionales hacía las regiones. Las agencias de calificación Moody´s y Fitch descuentan que habrá desviación. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) invita al Gobierno a hacer "más uso del palo" que de "la zanahoria" para conseguir que las comunidades no se desvíen de los límites presupuestarios. De hecho, el Fondo insta al Gobierno a recurrir a la intervención para lograr esos objetivos.

Entre los deberes aprobados ayer, el límite de deuda para Andalucía en 2012 será de 12,7%, para Aragón del 11,9% del PIB, para Asturias, 11,28%; Baleares (18,37%), Cantabria (11,92%), Castilla La-Mancha (20,43%), Castilla y León (11,9%), Cataluña (22,81%), Extremadura (13,8%), Galicia (14,32%), La Rioja (13,02%), Madrid (9,87%), Murcia (12,55%), Navarra (14,77%), País Vasco (10,19%) y Comunidad Valenciana (22,18%). De esta forma, Montoro da una vuelta de tuerca a las comunidades que no podrán elevar la deuda más de lo previsto. Supone un nuevo contrapeso a la gestión de las comunidades.

Estos objetivos de deuda para 2013 se fijan atendiendo al dato que figura en el Banco de España a 31 de diciembre de 2011, se le suma el déficit previsto para este año (1,5% del PIB) más ajustes por la liquidación de la financiación de 2008 y 2009. Hacienda ha fijado un objetivo global de endeudamiento para el conjunto de las comunidades en el 16% para 2013. Pero para conseguirlo, cada comunidad deberá cumplir con su propio límite, lo que provocó el rechazo de Andalucía. Este sistema de cálculo premia a las comunidades más manirrotas y con mayor deuda porque deben hacer el mismo esfuerzo que el resto.

Los nuevos objetivos de déficit y de deuda obligarán a las comunidades a profundizar en los recortes. Por eso algunas como Madrid o Murcia pidieron más reformas al Gobierno para poder reducir gastos en Sanidad y Educación.

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