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El País Vasco aplicará el copago y Andalucía no podrá subastar fármacos

El Constitucional admite a trámite los recursos del Gobierno contra los decretos sanitarios de las dos comunidades

Una farmacéutica busca un medicamento con receta.

El Tribunal Constitucional ha admitido hoy a trámite un segundo recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz de subasta de medicamentos, así como el conflicto positivo de competencias presentado contra el decreto del País Vasco que impedía el copago farmacéutico en esta comunidad, según ha adelantado Efe. La primera consecuencia de esta decisión es que Andalucía verá paralizada por segunda vez la subasta de fármacos y que el Gobierno vasco tendrá que aplicar el copago. La suspensión cautelar es automática siempre que la Administración central recurre una norma autonómica. Ahora los magistrados tienen cinco meses para decir si mantienen o no la suspensión, mientras deciden sobre cuál de las dos Administraciones tiene la competencia cuestionada. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de julio recurrir ante el Tribunal Constitucional sendos acuerdos de Andalucía y el País Vasco, comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE y que se habían rebelado contra los recortes sanitarios promovidos por el Gobierno. En el primer caso, el Gobierno entendió que la Junta de Andalucía, que preside el socialista José Antonio Griñán, invade competencias estatales al sacar a adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos.

Es la segunda vez que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto andaluz que establece un sistema de subasta de medicamentos, que había sido paralizado desde el pasado 2 de abril por un periodo de seis meses. Hace unos días, el mismo tribunal había ordenado levantar la suspensión, pero el Gobierno había mostrado su confianza en que se volviera a paralizar. Ahora el Constitucional le ha dado la razón.

En el auto con el que recientemente levantó la suspensión cautelar anterior, el tribunal se apoya en el ahorro previsto por la Junta con esta medida -40 millones de euros el primer año y más de 200 millones en próximas convocatorias- y advierte de que la cifra es “suficientemente ilustrativa” de los efectos de esta iniciativa de la Consejería de Salud. “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, sostiene el tribunal.

El Gobierno vasco va a buscar fórmulas que permitan mantener la gratuidad de los medicamentos

En el segundo caso, el conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno central contra el decreto vasco, el Ejecutivo cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que ha entendido que la norma autonómica "contraviene" la básica del Estado, tanto al fijar el porcentaje de la aportación del usuario, como en la relación de aquellos beneficiarios exentos, que es más amplia. El decreto autonómico pretendía también evitar la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, lo que interpretó como "divergente" con la legislación estatal e "incompatible" con ésta.

El Gobierno vasco ha anunciado que acata, "como no puede ser de otra manera", la resolución y lo que conlleva para su aplicación. Se siente obligado a aplicar el copago, pero va a buscar fórmulas que permitan mantener la gratuidad de los medicamentos. Además, tiene que iniciar ahora el proceso para adecuar cómo aplica el copago en esta comunidad.

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