El Gobierno y la Generalitat negocian para evitar llevar sus medidas al Constitucional

El acercamiento entre el Gobierno de Artur Mas y el Gobierno de Mariano Rajoy es cada vez más evidente. En un nuevo acuerdo de cordialidad, ambos gobiernos han optado por sentarse a negociar para evitar que sea el Tribunal Constitucional el que dirima sobre las medidas de ajuste adoptadas por cada uno de ellos. La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha iniciado las negociaciones sobre las “discrepancias” que el Gobierno mantiene respecto a la tasa turística y el euro por receta implantados en Cataluña. De hecho, la adopción de estas medidas fue apoyada implícitamente por el PP, que se abstuvo en la votación que la sacó adelante en el Parlament.

Por su parte, el Ejecutivo de Mas se alineó con el PP la semana pasada para rechazar la presentación del recurso ante el Constitucional de los tres decretos del Gobierno que forzaron el tercer plan de ajuste de la Generalitat, que tampoco sirvió para que el Gobierno autonómico evitara acudir al rescate autonómico anunciado ayer. CiU dijo que recurriría los recortes en Sanidad, Educación y el decreto de la Ley de Estabilidad, pero parece que solo fueron palabras sin hechos.

El acuerdo, tal como publica el BOE, fue adoptado el 14 de junio. De esta manera, ambos dejaban aparcados los recursos tras una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. Mientras, CiU insiste en señalar un cambio en sus relaciones con el PP en el Congreso y subraya que estos acuerdos, simplemente, suponen una vía política que podría solucionar las discrepancias de manera más rápida que la vía judicial.

Ambos ejecutivos tienen pendiente la celebración de otra reunión de la comisión bilateral para limar discrepancias, entre las que se encuentra el euro por receta, que cuenta con la amenaza del Gobierno de recurrir al Constitucional. En cualquier caso, ambos se reservan el derecho de acabar acudiendo al tribunal en el caso de que la negociación no prospere. Para ello cuentan, tal como marca la ley con un plazo de nueve meses.