Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
REPORTAJE

La ‘omertà’ de Plasenzuela

El juez investiga un fraude masivo del Ayuntamiento a la Seguridad Social

Nadie habla en un pueblo donde casi todos trabajan para el exalcalde

Adrián González, ex alcalde de Plazenzuela.

Una cabra oscura acaba de parir bajo techo. Tiene las ubres hinchadas, se desgañita, aún le queda otra cría dentro. Fuera de la nave, el sol cae como aceite hirviendo sobre esta colina amarillenta y cegadora de Extremadura. Para enfocar la vista hay que arrugar los ojos. El ganado cabecea contra el suelo de forma mecánica. Los rumiantes se asustan con la presencia humana, huyen a una esquina de su redil. Un cabritillo pardo como un grano de café baila entre las patas de su madre. “Nació ayer”, dice el cabrero señalándolo. El sombrero de paja ensombrece su rostro tosco, como el de un Tom Hanks crecido en el entorno de Monfragüe. Pequeños ojos azules, cara tostada y redonda, panza de buen comer. Lleva restos de alfalfa en la camiseta y un siete en el pantalón le deja un pedazo del muslo al aire. Este hombre de 47 años, Adrián González, con mujer y tres hijos, fue alcalde de Plasenzuela (Cáceres) hasta hace una semana. Se ve el municipio ahí abajo, encajonado entre dehesas pajizas. Muros blancos y tejas, poco más de 500 habitantes. Su deuda supera los cuatro millones de euros, según consta en los documentos oficiales del Ayuntamiento. Sale a unos 8.000 euros por cabeza.

“El pueblo está en bancarrota”, dice González, un cabrero exhausto. Dimitió porque no aguantaba más. “Tenía insomnio, demasiada presión, hasta tomaba pastillas”. La prensa regional asegura que es el primer alcalde de España que abandona voluntariamente el cargo por la crisis económica. Podría ser. En la Federación Española de Municipios y Provincias ni confirman ni desmienten el dato. En cualquier caso, eso no es “lo gordo”, en palabras de González.

"El 80% del pueblo se ha beneficiado de lo ocurrido", dice un socialista, cuñado del exregidor imputado

“Lo gordo” comenzó en 2008, cuando tomó posesión del cargo y se encontró unas cuentas públicas secas y arrugadas. Un agujero negro. En su primera semana como regidor denunció al anterior Gobierno local por su gestión fraudulenta. Rompió el silencio de un pueblo que llevaba una década inmerso en una burbuja tramposa. Comenzó una investigación judicial que suma más de 12 tomos. Y sigue creciendo. Se habla del mayor caso de corrupción de Extremadura. Hay unos seis millones de euros cuyo destino se ha volatilizado. Cuatro imputados por delito continuado contra la Seguridad Social, fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude y exacciones ilegales. Ayudas europeas, estatales y autonómicas de las que no queda rastro. Proyectos que nunca existieron. Trabajadores que nunca trabajaron. Retenciones de salarios que jamás llegaron al Estado. Una biblioteca cerrada y sin luz por impago. Una piscina que el año pasado tuvo que enchufarse a un grupo electrógeno. Naves vacías de viejos proyectos con los que se intentó frenar la emigración del campo. Plasenzuela llegó a presumir de ser un municipio sin paro. De los pocos que aumentó la población en el medio rural. Aquello fue en los años ochenta y noventa. Hoy quedan montones de paja y abono a los que es mejor no acercarse para evitar las pulgas; esqueletos de edificios a las afueras del pueblo. El sueño del desarrollo rural en ruinas.

Para mostrar la áspera ingeniería financiera del campo, Adrián González circula en tercera por una carretera de circunvalación. Se detiene frente a la báscula municipal abandonada. Aminora donde está la cooperativa textil que dio trabajo a las mujeres y llegó a vender prendas a El Corte Inglés; frena en la granja donde se criaron 14.000 gallinas ponedoras, y junto a una construcción vacía donde se formó a futuros instaladores de fibra óptica de Telefónica, entre ellos José Villegas, el exalcalde del PSOE y principal imputado del caso Plasenzuela. Un hombre cojo, del que la mayoría de vecinos dice no tener noticias, aunque acaben reconociendo, al poco, que saben por dónde anda. Con la pista del alguacil, acudimos en su busca a un pueblo cercano, Torrecilla de la Tiesa. Al parecer, suele andar por una residencia de ancianos que gestiona una empresa suya. Llegando a Torrecilla, llamamos a un vecino de Plasenzuela para asegurarnos del paradero. “Sí, Torrecilla, ahí es”. Llegamos a la residencia. Al preguntar por él, una mujer responde: “Acaba de irse. Hace diez minutos. Una reunión”.

González sigue su ruta por las ruinas. Detiene el coche al borde del polideportivo, así llama a esta pista azul al aire libre, con el dibujo trenzado de varios juegos, y unos vestuarios a medio hacer. Ladrillo desnudo con grumos de cemento. Baloncesto, fútbol sala, balonmano. El anterior Gobierno local, el de Villegas, recibió una subvención de la Junta de Extremadura para levantarlo. Ese dinero nunca llegó a la empresa constructora. Abandonaron la obra. El plan de proveedores, en vigor desde mayo de este año, obligó a Plasenzuela a saldar la deuda, algo más de 100.000 euros, según González. Se pagó al constructor. Y de esta forma tan sencilla, se ha acabado abonando dos veces el mismo proyecto. Con el dinero de todos.

Centro cultural de Plasenzuela.

La pista azul funde las suelas de goma. Cuarenta grados. Es mediodía, no se ve un alma en el centro del pueblo. Ni una sombra. Ni el motor de un coche. Ventanas cerradas. Puertas cerradas. Las paredes encaladas brillan al sol como navajas. Los vecinos comienzan a revivir a media tarde. Sacan sillas a la calle, charlan en torno a un botellín de cerveza. Todos, o la mayoría, saben. Pero muy pocos hablan. Uno de ellos se pone metafórico. Hay dos carreteras en el pueblo, dice. Una lleva a Cáceres, la otra a Trujillo. Las dibuja sobre un papel, traza un círculo simbolizando Plasenzuela y dice: “Los tololos [gentilicio cariñoso] se pensaban que esto era un país cerrado. Que nadie de fuera se iba a enterar de lo que pasaba dentro”. Luego perfora el círculo con flechas, como si la localidad fuera un queso de Gruyère. Adrián González levantó la manta y la información comenzó a escurrirse por los agujeros, siguiendo el sentido de las carreteras: una juez de Trujillo dirige la investigación; la Unidad de Delincuencia Especializada de Cáceres va sumando folios al caso.

Y la vida en el pueblo sigue. A las nueve de la noche, cuando la sombra cubre la plaza Mayor, se celebra el primer pleno del Ayuntamiento de la nueva alcaldesa, Paqui Iglesias, del PP. Sucede al dimitido Adrián González. Tercer regidor en cuatro años. Iglesias trabaja en la residencia para la tercera edad, el único gran proyecto de los años noventa que logró arraigar en el pueblo. Y el único ingreso municipal aparte del IBI y las tasas habituales. Sus 32 empleados (alcaldesa incluida) llevan tres meses sin cobrar. Varias semanas al borde de la huelga. Iglesias se muestra reacia a hacer declaraciones. Dice que su partido le ha prometido apoyo. Poco más. Solo un vecino asiste al pleno, en una sala oscura con gruesas cortinas rojas en las ventanas y paredes de gotelé color salmón. El sofoco hace correr churretones de sudor por la frente de los concejales. Uno se lo seca con el cuello de la camisa. Se vota al nuevo teniente de alcalde. Una comisión de información. Unas obras en la residencia. El secretario municipal, Leopoldo Barrantes, también imputado e hijo de un señor de igual nombre que ejerció idéntico cargo en Marbella, procesado en la Operación Malaya, lee el último punto del día: “Hay unas obras de la AEPSA [Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, un plan de ayudas para el medio rural]. Pero no podemos solicitarlas por los motivos que todos conocéis”. Se levanta la sesión. Total, 18 minutos.

El municipio está en bancarrota. Van tres alcaldes en cuatro años. La deuda es de 8.000 euros por vecino

De esos motivos que todos conocen, pero la mayoría calla, se puede empezar a hablar poco después en El Labriego. El hotel rural del pueblo, con bar y terraza y muros de piedra. “Un toque de distinción”, en palabras de un cliente, propiedad del constructor al que se le adjudicaron la mayoría de obras durante los años en que gobernó el imputado José Villegas. El Labriego es famoso porque en él se hospedaron durante años los Grimaldi-Hannover cuando venían de cacería a una finca cercana, Las Golondrinas. Los chavales del pueblo se sacaban unos duros cercando las presas por ojeo y, por la noche, la realeza monegasca se escapaba a tomar vodkas a la única discoteca de Plasenzuela. “La caza era lo de menos, venían de juerga”, se comenta en la terraza. “Eran muy limpios y educados, jamás tiraban una colilla al suelo”. Como el resto de episodios, las estampas pertenecen al pasado esplendoroso de Palenzuela. La última visita de Carolina y compañía fue en 2006.

Poco a poco va refrescando y comienzan a fluir las cervezas y las conversaciones. Un concejal socialista recién salido del pleno recuerda algún episodio de cuando venían los inspectores de Trabajo al pueblo y todos los que estaban dados de alta como empleados del Ayuntamiento acudían a la plaza a hacer cómo que trabajaban. “Todos somos culpables, el 80% del pueblo se ha beneficiado”, dice otro socialista, cuñado del imputado José Villegas. Un empresario venido a menos menciona que quizá fue demasiado llamativo lo del Audi del antiguo alcalde, sus tres chalés, las llamadas a su novia en Brasil con el teléfono del Ayuntamiento... La casualidad quiso que los acabara casando en Trujillo la misma juez que investiga sus tejemanejes. “En el fondo, ese hombre es un mochuelo, como le decimos aquí. No era consciente de lo que estaba haciendo”, dice el empresario. Y da un trago a su cerveza negra.

La factura del móvil municipal del mes de mayo de 2007 sumó 1.157 euros en llamadas internacionales. Fue lo primero que levantó la sospecha de Adrián González, o eso dice. El cabrero acababa de entrar en el Ayuntamiento como concejal socialista, en las filas de Villegas. Lo nombraron tesorero y teniente de alcalde. Comenzó a ver cosas raras, como la factura telefónica, aunque tampoco le dejaban husmear demasiado. En febrero del año siguiente, por intercalar otro momento llamativo, le preguntó al alcalde José Villegas cómo hacía para mantener a raya a la oposición. Villegas le respondió (según González): “Muy sencillo, di de alta al marido de la portavoz del PP”. Poco después, el ganadero se presentó ante los barones regionales del PSOE con documentos que apuntaban ciertos fraudes. Villegas fue separado del partido. Adrián González lo relevó en la alcaldía a finales de julio de 2008. A principios de agosto, sonó el timbre de su casa. Era un vecino del pueblo. Venía a preguntar cuándo le daba de alta en la Seguridad Social. “Como es usted el nuevo alcalde…”, le dijo. No fue el único. Una semana más tarde denunció ante la Fiscalía sin saber toda la mugre que podía emerger de un pueblo de 500 habitantes. Uno de esos días, se levantó de madrugada y acudió a la colina donde guarda sus cabras. Las llamas no habían alcanzado aún las pacas de alfalfa y pudo apagarlas.

El último regidor, pastor de profesión, denunció los hechos en la fiscalía. Apagó las llamas antes de que su granja ardiera

“¿Es gordo o no?”, pregunta González en la penumbra de su casa. Una parte del pueblo lo apoya, otra se le ha vuelto en contra. Sale lo mínimo. Sus hijos vuelven del colegio con preguntas incómodas. Por si acaso, él y su familia acuden al consultorio médico del pueblo de al lado. Sobre la mesa del comedor abre una carpeta con papeles y recortes de prensa. Documentos y cifras que ha ido guardando. En enero de 2010 el pueblo acumulaba una deuda de 2,9 millones de euros con la Seguridad Social, según un informe. “De 1997 a 2007 [todo el mandato de Villegas] no se pagó un duro”, dice el cabrero. Con esa cifra se puede hacer un cálculo rápido. Sale a unas 70 personas dadas de alta de media cada mes. No siempre eran los mismos, según la hipótesis de la investigación. A unos se les contrataba en junio, a otros en julio y así sucesivamente. Incluso hubo 50 magrebíes cotizando un tiempo, aunque nunca pisaron el pueblo. A muchos solo se les daba de alta unos días, los justos para acceder al subsidio agrario. Y, mientras tanto, el Ayuntamiento retenía la cotización a la Seguridad Social. Pero no lo ingresaba en las arcas públicas. Se esfumaba. Igual que las subvenciones y ayudas a proyectos que nunca existieron. Pero había trabajo. Una burbuja de pleno empleo. Todos contentos. Y en silencio.

El polideportivo fue pagado dos veces. En la primera ocasión, el dinero no llegó nunca a la empresa constructora

“Estas ocurren cuando llega un dinero sin haberlo sudado”, dice Damián Ceballos. Regenta el bar-discoteca donde se divertía la corte de Mónaco. Su padre fue el primer alcalde de la democracia, Juan Ceballos, el hombre que logró colocar al municipio en el mapa. Un socialista peleón. Respetado. Un espectro intachable cuya larga sombra pasea aún por los callejones. “Si te viera Juan Ceballos…”, dicen aún algunos. Con él llegó la canalización de aguas y los vecinos dejaron de hacer sus necesidades en la fuente. Viajó a Madrid y Bruselas reclamando ayudas para el campo. Impulsó la cooperativa textil, la granja de gallinas, la residencia de ancianos, la biblioteca construida en un viejo cuartel de la Guardia Civil. Ideó un modelo de desarrollo. Murió de leucemia en 1996. No había cumplido 50 años. Nunca tuvo sueldo de alcalde. Le sucedió José Villegas, su delfín. “Y de ser un pueblo modélico, todo quedó congelado. Pasamos de aprovechar hasta la cara B de los folios a las facturas de Brasil”. Damián muestra un reportaje de prensa sobre su padre. “Ha conseguido casi erradicar el paro de su pueblo”, se lee en un destacado. Aunque poco antes de morir, recuerda su hijo, Ceballos repetía como una premonición: “¿Hasta cuándo va a durar la anestesia de Europa?”.

La anestesia. En este pueblo, uno tiene la sensación de recorrer una España a escala. El símbolo de algo que pudo ser y pinchó a medio camino. La fiebre del dinero barato. Las ayudas al desarrollo dilapidadas. La confusión entre lo público y lo privado, sea con un teléfono municipal o con viajes de ocio a Puerto Banús, como los de Carlos Dívar. La deuda se renegocia en Madrid y no en Bruselas. Y el alcalde viaja a la capital en autobús y se entrevista con “unos señores de traje” que hacen “cuentas en una calculadora”. Lo recuerda Adrián González junto a su ganado. Por el camino que linda con su parcela va un hombre con sombrero de paja. Sus pisadas levantan polvo como una interrogación en la tarde. Mira de reojo. No pierde detalle. Es un policía nacional al que trasladaron hace unos años a Cáceres. Se vino a vivir a Plasenzuela. La casualidad lo colocó al frente del caso. Como si fuera el sheriff, las cabras oscuras lo siguen desde el redil con mirada ausente.