Política

El PSOE y el PP rompen el bloqueo institucional con un reparto de cargos

Anuncian los candidatos en el límite del plazo fijado por el presidente del Congreso

PP y PSOE cubren, cuatro años después, las vacantes institucionales

Soledad Becerril, primera mujer elegida para el cargo de Defensor del Pueblo

El adjunto de Becerril será Fernando Fernández Marugán

Se acabó el bloqueo y la parálisis institucional. Cuatro años después de las primeras vacantes, PP y PSOE cerraron este viernes la renovación de los órganos institucionales que requieren acuerdo entre los dos grandes partidos. Y lo han hecho con un reparto de los cargos que anunciaron por la tarde, en el límite fijado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, el acuerdo para cubrir las vacantes institucionales en el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral. Ambos aseguran que han intentado buscar perfiles técnicos y alejados de la política posible. Pero, al final, el reparto de los cargos entre ambos partidos marca la renovación

Todos los nombres para los cargos institucionales

  • Candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y del PSOE:
  • Juan José González Rivas
  • Andrés Ollero Tassara
  • Fernando Valdés Dal-Ré
  • Encarna Roca i Trías
  • Consejeros al Tribunal de Cuentas:
  • Ramón Álvarez de Miranda García (será el presidente)
  • Ángel Algarra Paredes
  • María José de la Fuente y de la Calle
  • José María Suárez Robledano
  • Enriqueta Chicano Jávega
  • María Antonia Lozano Álvarez (pactada entre PSOE e Izquierda Unida)
  • Miembros para el Tribunal de Cuentas que serán elegidos en el Senado
  • Felipe García Ortiz
  • María Dolores Genaro Moya
  • Lluís Armet i Coma
  • Miembros para la Junta Electoral Central
  • Pedro González-Trevijano Sánchez
  • Alfonso de Esteban Alonso
  • Pablo Santolaya Machetti
  • Carmen Chinchilla Marín
  • Juan Manuel Trayter Jiménez
  • Defensor del Pueblo
  • Soledad Becerril Bustamante
  • Adjunto primero de la Defensora del Pueblo
  • Francisco Fernández Marugán

Al frente del Defensor del Pueblo habrá dos exdiputados de ambos partidos: Soledad Becerril (PP) y Francisco Fernández Marugán (PSOE) como adjunto. Hace dos años que Enrique Múgica (socialista, pero propuesto por un Gobierno del PP) cesó en el cargo y lo ocupaba de forma interina María Luisa Cava de Llano. Hasta ahora nunca había dirigido esta institución un exdiputado del partido que gobierna y nunca tampoco su número doshabía sido un exparlamentario de la oposición. Marugán, un histórico del Parlamento y del aparato del PSOE, quedó fuera del Congreso en las últimas generales. El PP le ha vetado para el Tribunal de Cuentas, pero la presión de socialistas como Alfonso Guerra ha terminado en su incorporación al Defensor del Pueblo. La exdilputada del PP, exalcaldesa de Sevilla y exministra de Cultura con UCD tomará posesión en los próximos días. Su adjunto será el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán.

Al frente del Tribunal de Cuentas estará Ramón Álvarez de Miranda, exdiputado de UCD que ya era consejero de la institución. Como miembro de este tribunal también ha sido nombrado el hasta ahora magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano, de talante moderado y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. 

Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo, será magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE. A propuesta del PP entran en el Constitucional Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho y exdiputado popular por Granada, y Juan José González Rivas, hasta ahora magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Completa el cuarteto de renovados del Constitucional Encarnación Roca, propuesta por el PSOE, también magistrada del Supremo y catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había asegurado esta mañana tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, que el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para la renovación de los órganos constitucionales "está muy avanzado". Aún así, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, no quiso ni confirmar que el acuerdo había sido cerrado ni los nombres de los candidatos.

A su salida de la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados ha explicado que ambos están "trabajando bien" para alcanzar un acuerdo. El pacto lo han cerrado hace dos días la vicepresidenta y la número dos del PSOE, Elena Valenciano.

La próxima semana se convocará la comisión de nombramientos que debe examinar a los candidatos. Algunas de esas vacantes, como una del Tribunal Constitucional, estaba pendiente desde hace cuatro años, cuando falleció el magistrado Roberto García-Calvo. En febrero, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba acordaron apurar hasta el final de este periodo de sesiones para proceder a las renovaciones. Ellos fueron quienes iniciaron el acuerdo, pero en la recta final lo han culminado con negociaciones discretas y eficaces la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y la número dos socialista, Elena Valenciano. Al final, además, han contactado con otros partidos como CiU e IU para incorporar algunas propuestas.

Fuentes del Gobierno y del PSOE aseguran que el criterio ha sido el de buscar perfiles lo más técnicos posibles, huyendo de los que tengan mayor identificación política. El PSOE ha renunciado a proponer al exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, ahora en el Supremo, y el PP al exportavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. Este último nombre fue el escollo que mantuvo bloqueada la renovación durante meses en la anterior legislatura. Los populares podrían recuperarlo cuando queden nuevas vacantes en el Tribunal Constitucional de las que cubre directamente el Gobierno, sin necesidad de consenso. En el Tribunal de Cuentas, el PSOE intentó proponer al exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, que se quedó sin sitio en las listas de las últimas elecciones, pero ha habido dificultades en la negociación por la intención de no incluir nombres con perfiles excesivamente políticos para ese órgano.

El acuerdo entre los dos grandes partidos no fue posible para el nombramiento del presidente de RTVE, que salió adelante solo porque el Gobierno modificó por decreto la mayoría necesaria. La votación se produjo ayer en el pleno y el proceso de elección del candidato del Ejecutivo, Leopoldo González-Echenique, culminará la próxima semana.

Doblemente pionera

ISABEL PEDROTE

Soledad Becerril nunca acaba de salir de la vida pública. Al menos en dos ocasiones ha anunciado su retirada, pero vuelve a resurgir cuando ya nadie la espera. Dijo en 2008 que su escaño en el Senado por Sevilla sería el último eslabón de su larga trayectoria política, y ese mismo año logró acta en el Congreso de los Diputados. En las elecciones generales de noviembre pasado se despidió otra vez y no se presentó. Abandonó toda actividad y ahora, a punto de cumplir 68 años (nació en Madrid el 16 de agosto de 1944), ocupará el cargo de Defensor del Pueblo. Es la primera mujer elegida para desempeñar esta función, una condición pionera de la que ya fue protagonista en diciembre de 1981, al ser nombrada por Leopoldo Calvo Sotelo ministra de Cultura después de 42 años sin presencia femenina en el Consejo de Ministros.

La carrera política de Soledad Becerril ha estado vinculada siempre a Sevilla, a donde llegó en los años setenta por su matrimonio con Rafael Atienza, marqués de Salvatierra, un título nobiliario que sus adversarios han aprovechado siempre para reprocharle cierta altivez clasista y apodarla La marquesa. Diputada en Cortes desde la primera legislatura por la UCD, dio sus primeros pasos políticos antes de la muerte de Franco con la fundación de una revista (La Ilustración Regional) mientras impartía clases de Filología en la Universidad y militaba en el Partido Demócrata Andaluz, promovido Joaquín Garrigues Walker. Como ministra de Cultura en el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo no cumplió el año, al ganar el PSOE las elecciones de octubre de 1982. Al PP se afilió en 1989, después del congreso de la refundación, aunque dos años antes se había presentado como independiente en las filas de Alianza Popular a la alcaldía de Sevilla.

Tras unos años de oposición, que compatibilizó con su escaño en el Congreso, logró tomar el bastón de mando municipal en 1995, y lo conservó hasta 1999. Esta es la etapa que, según ha confesado ella misma, más satisfacciones le ha dado por el contacto directo con los ciudadanos, aunque el asesinato a manos de ETA del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García, en enero de 1999 fue un duro golpe personal. Su imagen llorando junto al féretro del que era su mano derecha caló en el sentimiento de los sevillanos. Ese año no alcanzó la mayoría absoluta y fue desbancada por una coalición del PSOE y los andalucistas.

En su partido ha sido una rara avis por su tendencia a ir por libre, sortear las consignas y evitar los discursos incendiarios. El Gobierno andaluz, bajo el mandato de Manuel Chaves, le concedió la Medalla de Andalucía en 2006 por su contribución a la democracia y a la consolidación de la autonomía.

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Periodista de EL PAÍS

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