Política

La red que espió a Telma Ortiz vendía datos de 3.000 personas al mes

La policía ignora aún quién pidió información de la hermana de la princesa Letizia

Grabar al esposo de Cospedal en un restaurante costó 20.000 euros

Dolores de Cospedal y su esposo, en una boda en Toledo en 2010. / GTRES

La red de tráfico ilegal de información desarticulada el mes pasado por la policía de Barcelona vendía mensualmente información confidencial de unas 3.000 personas, según fuentes próximas a la investigación. Eso da idea del enorme volumen de información que manejaban los implicados en la trama y de la aparente facilidad con que conseguían datos no solo de personas anónimas, sino incluso de alguien tan relevante como Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia, o el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona, que durante más de un año grabó 2.000 conversaciones y siguió a decenas de sospechosos, ha dejado al descubierto un obsceno comercio de datos de todo tipo: estado civil, domicilio, teléfono, propiedades, vida laboral, actividades empresariales, tráfico de llamadas realizadas por la persona investigada, etcétera.

En las pesquisas aparecen involucrados unos 150 sospechosos. Entre ellos, 70 detectives privados, algunos de los cuales habían convertido la venta de información en su verdadera actividad profesional. También han sido detenidos directivos y empleados de Movistar, Vodafone y Orange que a cambio de 300 euros daban el listado de las llamadas telefónicas realizadas por una persona.

Una comida del esposo de Cospedal fue grabada desde una mesa contigua

El 19 de septiembre del año pasado, Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, almorzaba con varios ejecutivos de la empresa Neoris. La comida se celebraba en el restaurante Ten con Ten, en la calle de Ayala, de Madrid. Sin que él lo advirtiera, en la mesa de al lado estaban dos detectives privadas, una conocida como Meri y otra llamada Mercè, que estaban grabando subrepticiamente toda la conversación. Era un encargo supuestamente realizado por un directivo de la citada empresa, que quería conocer de qué hablaban sus compañeros.

La operación, que tuvo un coste de 20.000 euros, fue minuciosamente planificada. Las detectives fueron varios días antes al restaurante con la intención de colocar micrófonos ocultos bajo la mesa en la que estaba previsto el almuerzo de López del Hierro y sus amigos. No lo consiguieron y por eso tuvieron que idear un plan alternativo.

El cerebro de la operación llegó a planear que el espionaje siguiera una vez que los comensales se hubieran levantado de la mesa. Averiguaron que el marido de Cospedal llegaría en taxi y que quizá se iría del restaurante por el mismo procedimiento. De modo que el jefe de la operación contactó con un taxista amigo y le propuso que casualmente estuviera por la zona el día D y que recogiera casualmente a López del Hierro en su taxi, donde continuaría siendo grabado en caso de que hablara por teléfono o fuera acompañado. Al final, el dispositivo quedó reducido al espionaje en la mesa.

En la trama también desempeñaba un importante papel el ingeniero informático Matías B., que ha realizado trabajos para el CNI, que es capaz de penetrar en cualquier ordenador y obtener subrepticiamente todos los datos contenidos en su disco duro. Otro escalón de la organización lo constituía un grupo de funcionarios del Inem y Hacienda, además de policías y guardias civiles. Según fuentes de la investigación, la mayoría de los agentes no cobraba por facilitar algún dato, sino que lo hacía “como un favor” para algún detective amigo.

Obtener información del Inem (Instituto Nacional de Empleo) resultaba muy barato para el entramado: apenas 10 euros, de los que el funcionario corrupto solo percibía tres. En cambio, conseguir de Hacienda la información secreta contenida en el formulario 347 (la declaración anual de operaciones con terceras personas) era más caro: unos 20.000 euros.

El juez de instrucción número 17 de Barcelona tiene encartados en la causa a una funcionaria del Inem de Badalona (Barcelona), a dos funcionarios de Hacienda de Barcelona y a otro del País Vasco. Sin embargo, la policía está tras la pista de uno o más empleados soplones de los que sospecha que podrían estar destinados en la sede central de la Agencia Tributaria, a la que los traficantes denominan “la Casa Grande”.

Las pesquisas han durado más de un año: comenzaron a principios de 2011, cuando unos detectives alertaron a la policía de Barcelona de la existencia de un entramado de competidores que les estaba haciendo una competencia rabiosa y desleal gracias a disponer de datos confidenciales.

El punto de arranque del caso fue Sergio C., un policía local de Santa María de Palautordera (Barcelona) que compaginaba este empleo con el de detective privado. Este agente estaba en estrecho contacto con Sara D. una detective de Sabadell, entre cuyos clientes tenía a multinacionales tan importantes como Unilever y Du Pont Ibérica y bufetes de campanillas como Cuatrecasas.

Poco a poco fueron surgiendo otros escalones del entramado, como los detectives Tomás R., de Barcelona, y Juan R., de Cantabria, que supuestamente centralizaban todo el descomunal y valioso volumen de información que conseguía la red.

La policía desconoce aún quién encargó el espionaje a la hermana de la princesa Letizia. En cambio, sabe todo sobre el sufrido por Ignacio López del Hierro, esposo de la dirigente del PP María Dolores de Cospedal: este fue grabado por dos mujeres detectives en septiembre pasado, cuando almorzaba con otros directivos de la empresa Neoris en el restaurante Ten con Ten, de la calle de Ayala de Madrid. La operación, encargada por otro ejecutivo, costó 20.000 euros.

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