Política

Gallardón delega en los registradores las concesiones de nacionalidad

Justicia "aún no ha decidido" si el cambio implicará que el servicio pase a ser de pago

El ministerio aprueba un plan de choque para resolver 400.000 asuntos pendientes en un año

Gallardón, conversa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el pleno del pasado 21. / PACO CAMPOS (EFE)

Las 150.000 solicitudes de nacionalidad que cada año llegan al Ministerio de Justicia —y que ahora gestionan 40 personas que no dan abasto— pasarán a ser tramitadas, previsiblemente a partir de 2013, por los mil registradores de la propiedad que hay en España. Si eso implicará que el servicio, que ahora es gratis, pasará a ser de pago a través de alguna nueva tasa, es algo que el ministerio “aún no ha decidido”, según un portavoz.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles un convenio por el cual esos mil profesionales se encargarán de resolver, en el plazo máximo de un año, la bolsa de 400.000 expedientes de concesión de nacionalidad que a día de hoy acumula en el ministerio. Ese plan de choque lo realizarán "sin contrapartida económica" alguna; es decir, gratis. “Cada año entran en Justicia 150.000 solicitudes y se resuelven 120.000, de forma que se van acumulando 30.000 anuales y así se ha llegado a este atasco de 400.000 y a plazos de hasta tres años de espera en la tramitación”, explica una portavoz ministerial.

La idea del convenio es, en primer lugar, acometer una “digitalización masiva” de todo ese papel, que ya ni siquiera cabe en las dependencias públicas, y desarrollar una “infraestructura tecnológica” para que, a partir de ahora, la tramitación sea electrónica. Y en segundo lugar, liberar al ministerio de ese trabajo: los 40 trabajadores públicos adscritos ahora al servicio se ocuparán solo de terminar el trámite de los 30.000 expedientes más complejos y antiguos (anteriores a 2010), y los mil registradores de la propiedad se harán cargo del resto para vaciar, en un año, la bolsa de casos pendientes.

Eso es lo que se firmó ayer: el plan de choque. Y por ese trabajo los registradores no cobrarán. Pero la nota de prensa enviada por Justicia añade que el departamento está preparando “las reformas normativas necesarias para establecer un nuevo procedimiento de tramitación de estos expedientes que impida que en el futuro pueda volver a acumularse un atraso semejante”. Esas reformas normativas consistirán casi con seguridad en delegar definitivamente el servicio en el cuerpo de registradores, según fuentes del ministerio.

Los responsables de Justicia subrayan que no puede hablarse de “privatización” del servicio de concesión de nacionalidad porque los registradores de la propiedad no son profesionales privados sino, según la ley, “ejercientes privados de funciones públicas”, funcionarios con un estatus autónomo pero sometidos al ministerio. “Son profesionales que han visto muy mermada su carga de trabajo con la crisis, por el descenso de actividad inmobiliaria y societaria. Es una forma de que ellos asuman trabajo y el ministerio gane en eficacia", afirman estas fuentes. ¿Eso significa que los registradores cobrarán por ese trabajo? En el ministerio sostienen que no habrá coste para el erario público; y, a la vez, afirman que la decisión de crear una tasa "no está tomada". "Todos los detalles se verán en su día". Recuerdan, eso sí, que “en la mayoría de los países se paga por este servicio”, que no es una prestación esencial.

Lo que sí quisieron remarcar ayer desde Justicia es que los “criterios” que se aplicarán para la concesión de la nacionalidad seguirán siendo los que marque el Gobierno, y que el ministerio será quien reciba las solicitudes y apruebe la resolución final. Por lo general, para obtener la nacionalidad española hay que acreditar una residencia de al menos diez años en España (dos años en el caso de países con los que hay acuerdos especiales) y demostrar que no se tienen antecedentes penales, además de presentar distinta documentación.

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