Indignación en la Audiencia por la reducción de escoltas para jueces y fiscales

De escoltas para todos a ningún tipo de protección personal. Interior ha evaluado caso por caso y ha llegado a la conclusión de que, tras el cese de los atentados de ETA y con los recortes que impone la crisis económica, el enorme despliegue de guardaespaldas que hasta ahora velaban por la seguridad de jueces y fiscales de los tribunales más importantes ha dejado de tener sentido. La medida ha generado malestar entre los afectados, que consideran la decisión precipitada y sorpresiva, si bien el ministerio ya anunció en marzo que se disponía a reducir los escoltas.

La eliminación de esta protección personal ha afectado sobre todo a la Audiencia Nacional, el tribunal que juzga los casos de terrorismo. Todos sus magistrados, los seis jueces centrales de instrucción y los fiscales dejarán de tener asignados cuatro policías —en turnos de dos— y el coche oficial. A salvo quedan el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes; el de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro.

En el Tribunal Supremo, la supresión de escoltas también ha sido generalizada. Solo su presidente en funciones, Juan Antonio Xiol; el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y el teniente fiscal, Juan José Martín-Casallo, seguirán con la misma seguridad que hasta ahora. En el Constitucional, la protección queda reducida a su presidente, Pascual Sala.

Donde más drástica ha sido la reducción es en el Consejo General del Poder Judicial. Ninguno de los vocales conserva su escolta, ni siquiera su presidente en funciones desde la salida de Carlos Dívar, el conservador Fernando de Rosa. Solo Dívar seguirá con sus guardaespaldas y el coche oficial ya que, hasta que su dimisión se publique en el Boletín Oficial del Estado, algo que previsiblemente ocurrirá el próximo sábado, sigue siendo presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial.

La medida también afecta a las fiscalías especiales, como Anticorrupción y Antidroga. En la primera de ellas, además de su máximo responsable, Antonio Salinas, también contaban con agentes y coche la teniente fiscal, Belén Suárez; las dos fiscales encargadas del caso Gürtel, Concepción Sabadell y Miriam Segura, y el fiscal que se ha encargado de casos de delincuencia organizada, como la mafia rusa y georgiana, José Grinda. En Antidroga, la fiscalía que persigue las grandes redes de narcotráfico españolas, magrebíes y latinoamericanas, solo conserva la protección el fiscal jefe, José Ramón Noreña.

Interior recuerda que la reducción de escoltas forma parte de un plan puesto en marcha en marzo. Hasta este lunes, las personas que tenían acompañamiento policial —no solo jueces y fiscales, también políticos, altos cargos, víctimas del terrorismo...— eran 613, a las que estaban dedicados 1.308 agentes. Tras evaluar uno por uno el riesgo de cada protegido, el ministerio ha decidido reducirlos en 280, hasta dejarlos en 333, para los que trabajarán 720 policías. Otra de las razones aducidas para la rebaja es que una vez activada la protección, no se eliminaba nunca. Ni siquiera cuando el cargo dejaba la tarea que la motivó o disminuía el riesgo. Ahora quedarán liberados 588 policías y guardias civiles que se dedicarán a labores de protección ciudadana.

La medida, sin embargo, ha creado malestar. Sobre todo en la Audiencia Nacional, donde varios jueces se quejaron en el pleno de la Sala Penal que se convocó este lunes para explicarles la reducción. Algunos reprocharon que no hubiera existido margen de negociación con Interior y de que no se les hubiera permitido acceder a sus análisis de riesgo.

La fiscalía de ese tribunal, que dirige Javier Zaragoza, envió un comunicado en el que recordaba que ETA todavía no se ha disuelto y posee armas y explosivos. También advertía de que la lucha contra el crimen organizado puede debilitarse debido a la falta de seguridad. Por último, amenazaba con no aceptar el traslado de los fiscales de la sede central de la Audiencia, en la calle de Génova, en Madrid, a otras sedes del tribunal mientras se reforma esta. La eliminación de escoltas, aseguran los fiscales, conlleva un “incremento del riesgo” y “compromete gravemente” sus condiciones de trabajo. Estos están dispuestos a aceptar un recorte de su protección. Pero no su supresión.

Un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas que, de forma escalonada, está desarrollando el Ministerio del Interior.

Así lo explica el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a la hora de defender este plan iniciado el pasado mes de marzo y para el que, según sostiene el Ministerio, se ha realizado un exhaustivo análisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.

Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administración General del Estado).

Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto, por tanto, una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.