El día que Carlos Dívar se mojó

En sus últimos años al frente de la Audiencia Nacional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, apenas tuvo oportunidad de mojarse en su función de juez o, simplemente, de árbitro. Cuando lo hizo, sus decisiones resultaron inútiles para frenar leyes o iniciativas a las que se opuso. Los hitos principales de su paso por el Poder Judicial y por el Supremo fueron tres.

- CASO TIRADO. Nada más aterrizar en la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal presentó un recurso contra la decisión de ese organismo de sancionar con falta leve –multa de 1.500 euros- en lugar de suspender en sus funciones al juez Tirado, que mantuvo sin ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta que acabó con la vida de la niña Mari Luz cuando estaba libre pese a que debía estar preso. Gobierno, PSOE y PP, reclamaban penas duras contra Tirado entre la indignación social. Los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial se conjuraron para evitar una sanción más grave a Tirado. Dívar votó con ellos.

- LEY DEL ABORTO. La nueva Ley del Aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante en el último tramo de su segunda legislatura tenía que ser informada por el Consejo General del Poder Judicial, como es preceptivo. Dívar, que fue nombrado gracias al dedo de José Luis Rodríguez Zapatero, impuso sus profundas creencias religiosas sobre el proyecto de ley que se estudiaba para votar con el grupo conservador, lo que forzó un empate a 10 votos más una abstención, del vocal elegido a propuesta de CiU en el Consejo. Eso hizo que no hubiera informe del Poder Judicial sobre la nueva Ley del Aborto, un hecho insólito en ese organismo bajo la presidencia de Dívar.

- BILDU Y SORTU. Como presidente de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que dirime las cuestiones relacionadas con al Ley de Partidos Políticos, Dívar tuvo que pronunciarse sobre la ilegalización de Bildu y de Sortu. En ambos casos, votó con los magistrados más conservadores para evitar que las formaciones abertzales pudieran estar presente en las elecciones. En ambos casos, el Tribunal Constitucional acabó anulando las sentencias del Tribunal Supremo.