El pleno de la Sala Penal del Supremo ‘absuelve’ al presidente por 11 votos a 4

Cuatro magistrados discrepan de la decisión de exonerar al presidente y presentarán votos disidentes

El presidente del Supremo, Carlos Dívar, la salida de este tribunal.

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó este miércoles, por 11 votos a 4, no admitir a trámite la querella de la asociación Preeminencia del Derecho contra el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, y ha archivado las actuaciones, al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida ni malversación de caudales en los gastos de 32 viajes a Marbella y a otros destinos cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.

La decisión contará con los votos particulares discrepantes de los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Giménez y Alberto Jorge Barreiro, todos ellos de la asociación Jueces para la Democracia, y el del conservador José Manuel Maza.

La sala de admisión se pronunció por 3 votos a 2 en contra de admitir la querella, proporción que en el pleno se elevó a 11 frente a 4. La disidencia de menos de un tercio del total de los 15 magistrados se considera en términos políticos un resultado menos malo para Dívar. Además del sector conservador casi al completo —a excepción del juez Maza— votaron en contra de la admisión los progresistas de mayor antigüedad, Carlos Granados y Cándido Conde-Pumpido, el moderado Andrés Martínez-Arrieta y Luciano Varela, de Jueces para la Democracia.

Fuentes del Supremo indicaron que la deliberación se produjo en términos correctos y ordenados, sin tensiones entre los magistrados, que se mostraron muy críticos con la disposición de dinero público por parte de los consejeros del Poder Judicial y con la laxitud en su control de las cantidades.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que esa cuestión no dependía de los magistrados del Supremo, cuyo papel es el de ceñirse al control de legalidad de los actos del presidente y examinar si los hechos reflejados en la querella son constitutivos de delito. En ese sentido, la mayoría coincidió en que Dívar está amparado por las normas sobre gastos del Consejo del Poder Judicial que no obligan a detallar con quién se tienen atenciones protocolarias. En consecuencia, concluyeron que la imputación de gastos presentada por Dívar no es ilegal ni incurre en los delitos denunciados.

Frente a la opinión de la mayoría, el núcleo discrepante de Jueces para la Democracia, integrado por los magistrados Joaquín Giménez, Andrés Ibáñez y Jorge Barreiro, planteó la necesidad de profundizar en la investigación de determinados gastos sobre los que recae la sospecha de que pudieran ser delictivos.

Desde la mayoría se les contestó que si se empezaba a considerar que Dívar cometió delito por no identificar a las personas con las que comió con cargo al presupuesto del Consejo, habría que extender la cuestión a todos los cargos públicos. Pero dado que la norma del Consejo del Poder Judicial viene a decir que basta con presentar la factura y nada obliga a que se diga con quién se ha comido, no quedaba más conclusión que la de que Dívar no incurrió en delito.

El magistrado conservador José Manuel Maza planteó la necesidad de examinar la ampliación de la querella y pedir más documentación sobre los últimos gastos aparecidos, postura que fue desechada dado que las consecuencias serían las de retrasar de nuevo el pronunciamiento del pleno sobre la admisión.

Luciano Varela se limitó a una intervención muy técnica sobre los problemas que planteaba la denuncia transformada después en querella y la posible aplicación al caso de la conocida como doctrina Botín, al haber informado el ministerio fiscal en contra de la existencia de delito y ser el único querellante una acusación popular.

El auto de inadmisión y los votos particulares de los cuatro magistrados discrepantes se conocerán en los próximos días. El presidente de la Sala, Juan Saavedra, que decidió avocar al pleno la decisión sobre la querella, redactará el auto de inadmisión.