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Interior ‘esconde’ a 156 inmigrantes en la visita del ministro al CIE de Madrid

Jorge Fernández afirma que separará a los extranjeros con antecedentes de los que no los tienen

El ministerio ordena el cierre, por su estado ruinoso, del polémico centro de internamiento de Málaga

Sala de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid.
Sala de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid. EFE

Por primera vez, el ministro del Interior, Jorge Fernández, visitó ayer uno de los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España: el de Aluche, en Madrid. Acudió junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y algunos miembros de la comisión de Interior del Congreso. Pudieron ver dónde comen los inmigrantes, la comida de ese día —lentejas, albóndigas y una manzana—, la sala “de ocio” para hombres y la enfermería. Pero no vieron a un solo inmigrante de los 156 que hay internos en este momento (136 hombres y 20 mujeres), ni, por tanto, hablaron con ninguno. Los periodistas tampoco pudieron hacerlo.

Interior asegura que se trata de una cuestión de “seguridad”, y que la visita era para ver las condiciones del centro y hablar con el personal. No para ver a los inmigrantes, razón por la cual, a pesar de ser la hora de comer, los internos no estaban en el comedor sino en el patio y otras estancias que no se visitaban. La visita del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, al CIE de Barcelona el pasado abril, fue similar. En ese caso los periodistas sí pudieron ver a los internos en el patio, aunque tampoco se les permitió salir a hablar con ellos.

En el CIE de Aluche se han subsanado en los últimos meses algunas deficiencias manifiestas, como la ausencia de baño en las habitaciones, que había provocado, durante años, innumerables quejas a los tres jueces de control de Madrid por parte de internos que aseguraban que no les abrían las celdas por la noche y tenían que orinar en el lavabo.

Las salas de ocio, sin embargo, siguen teniendo el mismo aspecto desangelado, y el único elemento de ocio que se ve es una televisión. Los extranjeros siguen saliendo en dos turnos de las habitaciones y solo pasan fuera de ellas medio día. Este diario visitó este centro el pasado enero y, a mediodía, antes de la comida, el espacio común de los hombres estaba lleno de papeles y basura por el suelo. Ayer había una papelera que entonces no estaba y esa estancia estaba limpia. En la visita anterior de EL PAÍS, no controlada por el ministerio, sí se pudo hablar con los internos, y las quejas se sucedieron. Como la de un argentino que pedía que lo expulsaran lo más rápidamente posible para poder salir ya del CIE. Ayer, sin embargo, no pudo haber protestas. La visita, por otro lado, no fue completa. No incluyó los patios —bastante más pequeño el de mujeres que el de los hombres—, la sala de ocio para las internas ni la celda de aislamiento.

Antes de la visita, el ministro Fernández anunció que ya no estarían mezclados en el mismo espacio físico extranjeros con antecedentes policiales o penales con aquellos que solo están en el CIE por no tener papeles para residir legalmente en España. Incluso dijo que, cuando fuera necesario acometer obras para hacer efectiva esta separación, se harían. Pero el documento no recoge esta separación como una obligación para la Administración, —el artículo 7 dice, textualmente, “se procurará”—. En el CIE de Madrid, según Fernández, el 96% de los internos tienen antecedentes. El ministro no ha ofrecido el dato general de los nueve centros que hay en España, pero el ministerio calcula que está en torno al 80%. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de la Abogacía, así como el Defensor del Pueblo y distintas ONG han pedido al Gobierno que lleve a cabo la separación entre aquellos extranjeros que han delinquido de los que no lo han hecho.

Por otro lado, Interior ordenó la semana pasada el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga por la “mala situación de sus infraestructuras”, que hacía inviable incluso que fuera habitable tras una reforma. Se trata del centro más polémico, que ha sido objeto de múltiples denuncias —que incluían cinco de abusos sexuales contra agentes de la Policía Nacional que están pendientes de juicio— e innumerables quejas por el estado ruinoso del centro, abierto en 1990. Tiene capacidad para 40 personas, pero ahora hay solo 15 hombres y dos mujeres que serán trasladados a los CIE de Algeciras y Málaga. Aún no hay una fecha cerrada para el cierre.

 

 

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