La oposición ataca al presidente popular de Baleares por sus negocios privados

El PSOE balear y el grupo econacionalista PSM-ICV-E (únicos grupos de oposición) denuncian políticamente al presidente del Gobierno de Baleares y líder del PP, José Ramón Bauzá, porque creen que “ha mentido” sobre sus cargos e intereses en sus negocios privados. Bauzá niega haber incurrido en ocultación y “en incompatibilidad de ningún tipo”. El PP ve "política bruta" en la actitud de la oposición.

Farmacéutico con oficina propia en la que tiene un sustituto, Bauzá posee con su esposa una compañía de venta de cosméticos y ortopedia y era socio de una vinoteca-gastroteca. Además, es propietario de tres inmuebles y paga créditos hipotecarios. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Vicenç Thomàs, afirmó en la cámara que Bauzá cada mes debe abonar 10.000 euros a los bancos.

Socialistas y nacionalistas hacen hervir la polémica. Reclamaron la documentación oficial de intereses de Bauzá y el Gobierno del PP no la entregó hasta el penúltimo día del plazo marcado. La polémica local se dilató. En la declaración solo consta que Bauzá cobra como presidente y dietas parlamentarias. Nada de sus empresas. PSOE y PSM aseguran que al tomar posesión, en 2011, el líder del PP, en declaración obligatoria ante el registro autonómico, debió anotar todos sus intereses y cargos privados. La oposición indica que el mandatario “ha sido incompatible” durante 11 meses, hasta que desapareció en mayo de 2012 como administrador de dos compañías en el Registro Mercantil.

Bauzá rechaza de plano las acusaciones de irregularidad y sostiene que “no era necesario que diera cuenta” de sus vínculos con esas empresas. En una vendió su parte a su socio y la otra es “puramente de gestión patrimonial y familiar”, prácticamente sin actividad desde 2001, dice. El PP observa en la izquierda la intención de “ensuciar la vida política y el nombre de Bauzá". La jurista Mabel Cabrer, portavoz y exconsejera del Gobierno de Jaume Matas, cree que sus adversarios "hacen política bruta" desde el poder y en la oposición”.

Bauzá –que ganó por mayoría absoluta muy amplia en 2011 y que ha tomado todo el poder interno en el PP, sin rechazo interno- niega ocultación de datos y haber vulnerado la normativa, porque formalizó su renuncia a los dos cargos de administrador en sendas juntas generales. Hasta mayo de 2012 no se publicó en el boletín del Registro Mercantil esa salida de las dos sociedades. El presidente atribuye a una dilación ajena a su voluntad la inscripción tardía de sus renuncias y traspasos al llegar al poder, en junio de 2011. En el Parlamento explicó que obró como le dijeron sus asesores jurídicos.

Ortopedia, cosmética y vinos

El PSM amaga con presentar una acción por la vía del contencioso-administrativo —que puede prolongarse varios años— porque Bauzá solo consignó en su acta oficial que percibía el sueldo de presidente y las dietas por asistencia a las sesiones del Parlamento, obviando que, según el registro, ostentó los cargos de accionista administrador en dos negocios privados: una sociedad gastronómico-enológica, Divino, y una tienda de vanguardia en Bendinat, Calvià, Bauser Internacional, dedicada a la venta y distribución de cosmética y ortopedia. Al ser elegido el 22 de mayo de 2011, José Ramón Bauzá Díaz era farmacéutico de oficina-laboratorio en el pueblo donde era alcalde, Marratxí. El local, en el que designó un farmacéutico sustituto, tenía siete empleados. El colegio de farmacéuticos de Baleares avala su postura.

Otro político farmacéutico, del PSOE

La normativa autonómica balear obliga a los cargos del Gobierno a incluir "todas las actividades públicas o privadas que desempeñen por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, y que sean retribuidas o susceptibles de retribución o que puedan proporcionar ingresos económicos". La Ley 2/1996 de incompatibilidades de Baleares considera compatible tener un cargo gubernamental con la actividad privada centrada en la “mera administración del patrimonio personal o familiar”.

El PP, por el caso de otro farmacéutico-político en el poder, en la legislatura 1999-2003, denunció en los tribunales la situación de la consejera de Sanidad, Aina Salom, del PSOE, porque compatibilizó con el cargo la propiedad de su oficina en Palma. El Tribunal Superior de Baleares, en 2007, dio la razón al PP, por entender que, según la ley, la actividad pública no es compatible con la propiedad de una farmacia abierta. La norma pretende vetar las actividades privadas que comprometan o pongan en entredicho la objetividad y plena imparcialidad al servir a los intereses generales. El Gobierno autonómico y Sanidad tienen competencias reguladoras en materia de farmacia.