Ante el rodillo parlamentario, la oposición recurre a la vía judicial

La Constitución marca los límites a todas las leyes. Sus principios fundamentales y los derechos y deberes que recoge son el tope que cualquier norma no puede rebasar. Cuando el diálogo no funciona, cuando las fórmulas de consenso se agotan o ni siquiera se inician, cuando las mayorías convierten el parlamento en un escenario de rechazo a cualquier alternativa, queda el Constitucional. No es una opción banal. Se trata de apelar a la más alta instancia y los requisitos de acceso no son nimios. En el caso de pugnas políticas, los argumentos se centran, fundamentalmente, en cuestiones de competencias de las Administraciones.

La posibilidad de gobernar a través de decretos escogida por Mariano Rajoy ha provocado, en solo seis meses, el anuncio de un importante número de recursos ante el Constitucional. La decisión de tomar las riendas del país a golpe de decreto o sin atender a acuerdos o enmiendas parlamentarias no deja a los partidos de la oposición mucha más opción que recurrir al tribunal. No siempre ha sido así. Los primeros seis meses de los dos anteriores presidentes del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, fueron más sosegados y el recurso al Tribunal Constitucional apenas tuvo que esgrimirse en contadas y escogidas ocasiones.

El PSOE ya ha anunciado cinco recursos. Dos de ellos están en estudio o pendientes de si el Gobierno mantiene su posición o rectifica. Los modos y los argumentos para la elección del presidente de RTVE, la amnistía fiscal y la reforma laboral son tres de los asuntos que tendrá que ver el Constitucional. El veto del PP a las peticiones de comparecencia de Carlos Dívar, ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, fue otro de los temas que se planteó para que fuera estudiado por este tribunal, después de que los populares mantuvieran su empeño en protegerle. Y el estudio jurídico del decreto de la reforma sanitaria determinará si sus medidas son recurridas también ante el tribunal.

El PSOE ha anunciado cinco recursos en solo seis meses. Los anteriores Gobiernos solo provocaron la presentación de dos

En el caso de la elección del presidente de RTVE, los socialistas consideran que el real decreto ley que también fija nuevas normas para la elección de los consejeros no cumple con las necesarias razones de urgencia y extraordinaria necesidad que justifican la adopción de esta decisión a través de la figura del real decreto ley.

Además de “inmoral”, tal como calificó el PSOE la amnistía fiscal aprobada por el PP, el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra este otro decreto esgrime que la norma “quiebra la esencia misma” del mandato constitucional de contribuir a la Hacienda pública en condiciones de “igualdad, proporcionalidad y progresividad”. Además, considera que la medida también es inconstitucional en la forma porque varias sentencias han dictado que no es posible utilizar la vía del decreto ley para cuestiones que afecten a este deber de contribuir a la Hacienda pública.

El principal partido de la oposición esperará a que la reforma laboral se convierta definitivamente en ley para presentar el recurso de inconstitucionalidad. De momento, la norma está aprobada por vía de urgencia y en vigor, pero, a la vez, mantiene un trámite de aprobación parlamentaria. En cualquier caso, el PSOE ya ha estudiado la ley y considera que vulnera, al menos, cinco artículos de la Constitución, con especial incidencia en los relativos al derecho del trabajo, la negociación colectiva y la tutela judicial efectiva.

El Constitucional ya ha decidido, en esta legislatura, sobre un recurso, presentado por los socialistas y por Izquierda Unida, sobre el voto emigrante en Asturias, que acabó otorgando al PSOE el diputado en discordia.

El Constitucional ya ha resuelto, en esta legislatura, el recurso por el voto emigrante de Asturias

Aún en el caso de que finalmente el PSOE no lleve el decreto sanitario al Constitucional, los recortes llegarán en cualquier caso a este tribunal, ya que el Gobierno catalán ha anunciado que lo recurrirá porque entiende que invade competencias autonómicas. También lo hará el Gobierno vasco y, probablemente, Andalucía. Navarra podría unirse a esta decisión a finales de mes.

En el plano autonómico, los socialistas valencianos también han optado por recurrir al Constitucional contra el decreto del Gobierno valenciano de medidas urgentes para la reducción del déficit. El recurso alega que la decisión del Gobierno de Alberto Fabra vulnera los derechos de los trabajadores y ataca el Estatuto de Autonomía, ya que afecta a los derechos de los trabajadores de la función pública valenciana.

En los seis primeros meses de Aznar en el poder, el PSOE y las autonomías socialistas presentaron dos recursos de inconstitucionalidad. Uno fue por el sistema de financiación autonómica pactada por el Gobierno y el PP para el quinquenio 1997-2001. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, el PSOE y la Junta General del Principado de Asturias, gobernada por el PP, acudieron al Constitucional por considerar que se habían invadido competencias autonómicas.

La financiación autonómica y medidas urgentes fueron las dos propuestas de Aznar que llegaron al Constitucional

El segundo recurso tuvo que ver con un decreto de medidas urgentes, aprobado por el recién nombrado Gobierno en junio del 96. La nueva regulación de sucesiones y donaciones y un nuevo régimen para incrementos y disminuciones patrimoniales llevaron a los socialistas a optar también por la vía judicial, esgrimiendo que no había causa de urgencia para utilizar el real decreto ley y por la vulneración del principio constitucional de progresividad que implicaba la nueva tributación.

En la otra dirección, desde el Gobierno hacia el resto de las Administraciones, la hemeroteca muestra a un Mariano Rajoy, entonces ministro de Administraciones Públicas, que ya peleaba por mantener y hacer respetar una congelación salarial para los funcionarios públicos. Para ello, el Ejecutivo “amenazó” a todas las comunidades y Ayuntamientos con recurrir ante el Constitucional las decisiones de todos aquellos que incumplieran esa norma.

La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, en marzo de 2004, relajó la tensión acumulada entre el Ejecutivo de Aznar y varios Gobiernos autónomos durante las dos legislaturas populares. La Ley de Montes, la Ley de acompañamiento de los últimos presupuestos de Aznar, en 2004, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), la de Formación Profesional y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) habían sido motivos de recurso. Pero la llegada de los socialistas al poder suavizó la pugna judicial y el síntoma fue la decisión del Gobierno de Zapatero de retirar, tras apenas dos meses en la presidencia, un primer paquete de recursos, promovidos por el Ejecutivo del PP ante el Tribunal Constitucional contra normas de las comunidades autónomas.

El PP recurrió a la vía judicial la creación de grupo propio de ERC y el derogado PHN

Pero en aquellos seis primeros meses, hasta septiembre de 2004, el PP solo decididó recurrir en un par de ocasiones al Constitucional. Lo hizo contra la decisión de permitir a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. Y también acudió a esta instancia judicial ante el real decreto ley del Gobierno central que derogó el artículo 13 de la Ley de Plan Hidrológico Nacional (PHN). Los Gobiernos populares de Murcia, Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana decidieron que la legalidad del decreto debía ser vista por el Constitucional.