Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Fiscalía entierra el bulo sobre el 11-M que Torres-Dulce mandó investigar en marzo

No existe indicio alguno de delito en la actuación de los propietarios de los restos del convoy

El Ministerio Público no aprecia ninguna ocultación o manipulación de pruebas

Tres meses después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ordenara investigar los restos de uno de los trenes que explotaron el 11-M custodiados en la empresa que se encargó de su reparación, la Fiscalía de Madrid ha archivado el nuevo bulo aireado por los medios partidarios de las teorías conspirativas. El Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que, ni los propietarios de esos restos (Renfe), almacenados en un taller de Villaverde (Madrid), ni los propietarios de la compañía que se encargó de arreglar los convoyes, cometieron ningún delito. Tampoco aprecia "ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos" para hacer desaparecer pruebas.

Torres-Dulce ordenó abrir la investigación el pasado 2 de marzo tras la aparición de una noticia en el diario Libertad Digital que insinuaba que la policía o el juez instructor del caso, Juan del Olmo, habían ordenado ocultar allí esos restos sobre los que, según la noticia, no se hizo "ningún estudio" o "en caso de que se hiciera se ha mantenido oculto". El fiscal general, sin recibir ningún informe policial al respecto, ordenó a la Fiscalía de Madrid -que solo dos meses antes había rechazado indagar los trenes- investigar por qué esos amasijos metálicos se conservaban allí para comprobar si se habían ocultado pruebas porque apreciaba una "notitia criminis". Hasta se atrevió a aventurar el presunto delito cometido: obstrucción a la justicia.

Pero un simple vistazo al caso bastaba para desbaratar el bulo conspiranóico al que el fiscal general había dado oxígeno ante el asombro de los investigadores. En el rollo de sala del 11-M se recoge un informe del director corporativo de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, enviado el 30 de julio de 2007 al tribunal encargado de juzgar el caso del proceso de desguace y destrucción de los trenes y vagones que resultaron afectados por las explosiones y en el que se detallaba el destino de cada una de las unidades y sus vagones, los que habían sido reparados y los desguazados. Y entre ellos, estaban los que la información que dio lugar a la investigación señalaba.

Es esa la conclusión a la que llega ahora la fiscalía de Madrid, que entiende "que no existe indicio alguno de delito en la actuación de los propietarios de los restos (Renfe) ni de ninguno de los responsables de las empresas que participaron en su reparación". Al mismo tiempo advierte que no se aprecia "ocultación o manipulación de los referidos restos que pudiera hacer pensar en una desaparición de pruebas". Al contrario, "se ha constatado la adopción de medidas para la conservación de dichos restos ante la eventualidad de posibles análisis posteriores". Además, "todo ello se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento". Es decir, que de ocultación de pruebas, nada. Bulo cerrado.