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Los polémicos viajes del jefe del Poder Judicial

Las coartadas de Dívar para sus viajes a Marbella y Málaga se resquebrajan

El Ayuntamiento “no puede asegurar” que el alcalde se reuniera en febrero de 2011 con el presidente del Supremo. Marbella también desmiente otro acto oficial

Carlos Dívar, en el centro, con Nivaldo Segura, presidente en funciones de la Corte Suprema de Chile (a su izquierda), y otras autoridades, durante un viaje a ese país, Uruguay y Argentina, en noviembre de 2010.
Carlos Dívar, en el centro, con Nivaldo Segura, presidente en funciones de la Corte Suprema de Chile (a su izquierda), y otras autoridades, durante un viaje a ese país, Uruguay y Argentina, en noviembre de 2010.JORGE CARRERA

A la extendida sospecha de que Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, utilizó dinero público —12.996 euros— para fines privados (días de descanso en Puerto Banús) y de que se tomó al menos 20 días libres en fechas laborables, principalmente de 2009, se une ahora la posibilidad de que el presidente de los 4.500 jueces españoles mintiera sobre las causas que motivaron algunos de sus desplazamientos oficiales a Marbella.

Los Ayuntamientos de Málaga y Marbella, ambos gobernados por el PP, no han querido confirmar a EL PAÍS que el motivo alegado por Dívar para justificar unos gastos endosados al Consejo General del Poder Judicial sea cierto en cuanto a las fechas y la convocatoria de las que habla.

Las respuestas evasivas y ambiguas de portavoces oficiales de ambos Ayuntamientos sobre hechos relativamente próximos en el tiempo —son del año pasado— y la inexistencia de notas informativas sobre esos actos aparentemente públicos, apuntan a que el presidente del Supremo utilizó excusas falsas para justificar los gastos endosados al erario público en al menos dos de sus 20 viajes a Marbella que una parte del Consejo General del Poder Judicial ha puesto en cuestión y por lo que ha pedido, sin éxito, la dimisión del presidente.

Cinco vocales del Consejo que fueron a Málaga no vieron ni supieron de él

Dívar aseguró a la Fiscalía General del Estado que estuvo en Málaga entre los días 3 y 7 de febrero de 2011 para tratar con el alcalde, Francisco de la Torre (PP), sobre la saturación de los juzgados de lo mercantil de la ciudad debido a las numerosas quiebras empresariales que se producían como consecuencia de la crisis económica.

El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular, asegura que entre De la Torre y Dívar “efectivamente ha habido al menos dos encuentros para abordar la necesidad urgente de crear más juzgados de lo mercantil”. Sin embargo, las fuentes oficiales consultadas afirman: “El Ayuntamiento de Málaga no puede asegurar que los encuentros se produjeran en las fechas que señala Dívar”.

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Antes de esas fechas, afirma el consistorio, De la Torre mandó una carta a Dívar para exponerle el problema de los atascos en los juzgados mercantiles y el impacto negativo que ese hecho tenía en la economía de la ciudad. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, según las fuentes oficiales del Ayuntamiento de Málaga, acusó recibo de esta comunicación.

Otras fuentes próximas al alcalde de Málaga indicaron a EL PAÍS que en la agenda municipal no se ha encontrado ninguna referencia a una reunión entre el alcalde y Dívar en las fechas señaladas por el presidente del Consejo General del Poder Judicial.

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En las mismas fechas en que Dívar afirma haberse reunido con el alcalde de Málaga, visitaron la ciudad los cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial que se ocupan de Andalucía: Miguel Carmona, Manuel Torres Vela, Pío Aguirre, Antonio Dorado e Inmaculada Montalbán. La suya fue una visita oficial, de trabajo: se reunieron con el presidente de la Audiencia provincial para hablar de una sala de lo Penal y de otra de lo Civil. Y esos cinco vocales no tuvieron noticia de la supuesta estancia de Dívar en la ciudad ni vieron a su presidente en ningún momento.

En el caso de Marbella, Dívar justificó los gastos de un viaje a este municipio entre los días 24 y 27 de junio de 2011 para asistir a un “acto oficial organizado por el Ayuntamiento”.

La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, del PP, recuerda que coincidió en un acto con Dívar ese verano. Sin embargo, no se trataba de un acto oficial del Ayuntamiento de Marbella, al que este hubiera convocado al presidente del Supremo, sino de un acto público, que fuentes municipales no supieron concretar, en el que colaboraba el consistorio.

El Ayuntamiento de Marbella tampoco sabe precisar la fecha en la que se produjo ese encuentro ni puede confirmar la veracidad de lo que manifiesta el presidente del Supremo.

Otro de los viajes a Marbella (Málaga) denunciados por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez se produjo entre el 25 y el 29 de noviembre de 2010 y está relacionado con una supuesta entrevista del presidente del Supremo con el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Preguntado por EL PAÍS sobre ese encuentro, Lorenzo del Río no quiso confirmar si había comentado con otros presidentes de Tribunales Superiores que la reunión que Dívar alega que mantuvo con él no se había producido. “No voy a decir nada”, señaló a EL PAÍS. “Cuando haya que decir lo que sea, ya lo haré”. Preguntado si se lo diría al fiscal, respondió: “Por supuesto”, informa José Yoldi.

Pero el fiscal no le preguntó y archivó la denuncia de Gómez Benítez sin investigar si los motivos de los desplazamientos que había explicado Dívar eran ciertos y si había trabajado los días en que el Consejo General del Poder Judicial le pagó el alojamiento, la manutención y los gastos protocolarios.

El presidente de la Audiencia de Cádiz tampoco confirma otra supuesta cita

Juan José Martín Casallo, teniente fiscal del Tribunal Supremo que archivó la denuncia contra Dívar, admitió en el documento de archivo “que la aplicación a cada caso particular de lo [conocido sobre los viajes] no dejará de generar alguna duda”. Y continuó: “Por ejemplo, en la determinación del día o la hora en que deba entenderse terminado el carácter oficial del viaje y, por tanto, iniciado el tratamiento particular del mismo”. Hasta tal punto era así, que el fiscal admitía que Dívar fuera unas horas a la imposición de una medalla a un cargo judicial de Málaga y pasara gastos por cuatro días de alojamiento y manutención en Marbella. “Hay que tener siempre presente”, explicaba el fiscal en su decreto de archivo, “la proyección que el cargo del presidente del Consejo General del Poder Judicial (uno de los más importantes del Estado) tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña”.

Entre esas actividades, los vocales han conocido que Dívar cenó en solitario el día 6 de enero de este año, festividad de Reyes, en Puerto Banús. Y que endosó esa cena al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial como gasto protocolario.

El fiscal eludió examinar si las causas que motivaron los 20 desplazamientos a Marbella eran ciertas, porque un acuerdo del pleno del Poder Judicial de 11 de septiembre de 1996 establecía que se autorizasen las justificaciones de viaje de todos los vocales sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provocaba el desplazamiento.

Y para zanjar el asunto, el fiscal se remite a lo que le cuenta sobre los desplazamientos el jefe de gabinete de Dívar, un cargo de su máxima confianza: “No significa que no existiera actividad relacionada con la representación y funciones que tiene la presidencia y que en ocasiones puede tener una naturaleza no compatible con la publicidad”.

Ese hecho no impidió a Dívar informar de su encuentro con el alcalde de Málaga para tratar sobre la falta de juzgados mercantiles en la ciudad y el atasco que padecían los existentes por las quiebras de empresas afectadas por la crisis económica. Encuentro que Dívar fijó entre el 3 y el 7 de febrero, por el que gastó del erario público 871 euros, y que el Ayuntamiento de Málaga “no puede asegurar” que se produjera.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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