Respuestas para entender el ‘caso ERE’

La trama del caso ERE, las ayudas irregulares de la Junta de Andalucía a empresas y trabajadores en crisis, se hace más compleja conforme avanza la investigación. Estas son las principales respuestas para comprender el caso de corrupción.

¿Cuál es el origen del caso?

ERE son las siglas de expediente de regulación de empleo, un procedimiento legal para el despido colectivo de trabajadores. Para ayudar a las empresas y trabajadores afectados por un ERE, el Gobierno andaluz, entre 2004 y 2009, otorgó 837 ayudas a trabajadores y 295 a empresas. El objetivo final era la paz social.

¿En qué consiste el fraude?

Ante las dificultades administrativas para hacer efectivas las subvenciones, según la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, se optó por dar el dinero mediante una transferencia de financiación, un mecanismo con menos controles que los establecidos para subvenciones excepcionales. Según la juez, el objetivo era "institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas" y permitir un "uso abusivo".

Desde 2001 la Intervención General emitió tres informes cuestionando este proceso, que no se atendieron por no ser vinculantes.

¿A cuánto asciende el fraude?

La Cámara de Cuentas, en un informe aún pendiente de alegaciones, ha calculado que el caso ERE ha costado a las arcas públicas 1.217 millones.

¿Quién se beneficiaba?

Los intrusos, trabajadores que accedían a ayudas sin reunir los requisitos o sin haber trabajado siquiera en las empresas subvencionadas. Son 126, según la Cámara de Cuentas. La Junta ha iniciado hasta ahora 99 expedientes para reclamar la devolución de 11,2 millones a los intrusos.

Además, aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas. Algunas cobraron sus comisiones desorbitadas a lo largo de 10 años por la tramitación de las ayudas.

¿Quiénes son los principales acusados?

De momento, la juez Mercedes Alaya ha mandado a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero; a su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo, y al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Férnandez,

El informe policial señala “el papel esencial” de José Antonio Viera, diputado del PSOE y consejero de Empleo entre 2000 y 2004. Por su condición de aforado, si fuera imputado, el caso se trasladaría al Tribunal Supremo.

Antonio Fernández le sucedió en el cargo en la Junta hasta 2010. Se considera que conocía el supuesto fraude y lo explicó a los sucesivos directores generales.

Javier Guerrero está acusado por la instructora de conceder ayudas públicas “de manera manifiestamente injusta y arbitraria” para favorecer a familiares y amigos, o a personas próximas al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE.

Juan Francisco Trujillo está acusado de recoger sobres con dinero para su exjefe Guerrero, emisión de facturas falsas y alzamiento de bienes, entre otros delitos. Fue quien declaró que durante tres años gastó alrededor de 25.000 euros al mes para comprar cocaína junto a su exjefe.

Hay otros imputados, como el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, a quien la Guardia Civil acusa de permitir intrusos y autorizar ERE con “absoluta falta de procedimiento”; y Daniel Rivera, también director general de Trabajo y sospechoso de pagar abonos y ocultar datos.

¿Cómo se defraudaba?

En 2001 se idea una fórmula, que consiste en la firma de un convenio para conceder las ayudas. El director general ofrecía el dinero público para pagar el ERE, los abogados de las empresas, los mediadores, las aseguradoras y los sindicatos recibían su correspondiente comisión. Los prejubilados y las empresas recibían las ayudas.

La Consejería de Empleo ordenaba pagos a la agencia pública Idea, pero el expediente del pago permanecía oculto a la intervención. Se perdía el rastro en el presupuesto al concederse la ayuda como asignación global sin necesidad de justificar.

¿Cuándo?

Desde 2001, cuando se crea el convenio marco que generó el fondo de los ERE y su reparto discrecional.