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ANÁLISIS

Un rescate para la democracia

Ha habido una conversión del Estado de derecho en un Estado de partidos

Desde que comenzara la crisis, nos hemos acostumbrado al lenguaje de reformas, recortes y ajustes. Sorprendentemente, sin embargo, hay una reforma ineludible que hemos pasado por alto pero que ni siquiera está en la agenda: la reforma de nuestro sistema democrático. Es cierto que una gran parte de la crisis actual se origina en la existencia de una Europa incompleta. Pero la crisis también ha puesto de manifiesto la existencia de una democracia defectuosa. Esto se refiere tanto a la falta de control y transparencia, evidente en el reguero de casos de corrupción que nos han salpicado en estos últimos años, como a la debilidad del Estado y sus instituciones, incapaces de resistirse a su captura y manipulación por parte de intereses sectoriales, sean estos de carácter privado, empresarial o partidista. Desconcertados por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos en el día a día, estamos pasando por alto que la viabilidad de todas estas reformas requiere no sólo una mejora sustancial de las instituciones de gobernanza europea sino, como pone de manifiesto la larga lista de instituciones que han quedado en evidencia durante esta crisis, desde la monarquía a las comunidades autónomas, pasando por el poder judicial, un examen a fondo del funcionamiento de nuestro sistema político. Pensábamos que España se había europeizado profunda e irreversiblemente, pero ahora descubrimos cuánto había de ficción en ese proceso.

Al igual que los países del norte de Europa siguen estando a años luz de España en cuanto a su capacidad de combinar competitividad y justicia social, nuestro sistema político es incapaz tanto de emular los estándares de transparencia que allí se dan por hecho como de asegurar un reparto equitativo de las cargas y las responsabilidades derivadas de esta crisis. Pese a la profundidad y extensión de la crisis de nuestra democracia, su reforma no está en la agenda. ¿A qué se debe esta ausencia? Muchos de los problemas que padecemos hoy en día, desde los malos resultados de la descentralización territorial, la defectuosa regulación de sectores enteros de nuestra economía y, en definitiva, la falta de transparencia y control generalizada de todo lo público tienen una vertiente común: se originan en la conversión del Estado de derecho en un Estado de partidos, es decir, en el paso de un sistema en el que las leyes y los ciudadanos son los protagonistas de la política democrática en un marco de separación de poderes a un sistema en el que los actores principales son los partidos, la alternancia entre ellos el único objetivo de la contienda política y la fusión y confusión bajo sus directrices de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la norma de funcionamiento en el día a día.

Se mire donde se mire a nuestras instituciones, los partidos han impuesto, primero, el reparto de puestos sobre la base de cuotas de poder y, a continuación, la ideologización de los procedimientos de toma de decisión. De esa manera, más que servir a los ciudadanos, dichas instituciones se han puesto al servicio de los partidos. El desenlace de Bankia es sumamente revelador de este problema. A pesar de las apariencias, su nacionalización no significa que el Estado se haga cargo de las pérdidas en las que incurrido un banco privado mal gestionado, sino la traslación a la sociedad de los costes de haber puesto en manos de partidos políticos y comunidades autónomas un poder financiero autónomo y opaco con el que sostener su poder político. Por tanto, más que ante un problema de regulación, bancaria estamos pues ante un fallo de autorregulación política.

Ahí reside la clave. Hasta la fecha, el sistema político ha depositado en sus gestores la responsabilidad de autorregularse. Como era previsible, estos han utilizado esta capacidad reguladora no para atarse, sino para emanciparse del control ciudadano. Esto explica por qué la reforma del sistema político es tan difícil de emprender y encuentra tantas resistencias: como los que deberían emprender esa reforma serían sus principales víctimas, los incentivos para llevarla a cabo son inexistentes. Postergar estas reformas es suicida pues al igual que los errores de diseño en la unión monetaria están complicando enormemente la salida de esta crisis por el lado europeo, las debilidades estructurales de nuestra democracia también están afectando muy negativamente la capacidad de sostenimiento de las reformas en el ámbito interno. Como muestra el caso griego, en la medida en la que la ciudadanía perciba que la clase política se exime a sí misma de reformas de calado equivalente a las que aplica a la ciudadanía, nos situaremos en un escenario de deslegitimación de la democracia muy preocupante. ¿Qué hacer? Redefinir los límites de la política partidista. Al igual que estamos redibujando los límites del Estado del Bienestar, es imperativo volver a decidir quién hace qué y cómo en nuestro sistema político. No se trata de erigir una tecnocracia sino de garantizar que cada institución recuperara su razón de ser democrática en un marco de transparencia y responsabilidad adecuado. Desde esta perspectiva, la refundación de la democracia española ni siquiera requeriría una reforma constitucional, sino la identificación y el rescate, una por una, de todas aquellas instituciones que en la actualidad viven asfixiadas bajo el peso sofocante de la política partidista.