el caso dívar

La negativa del presidente del Supremo a dimitir fractura el Poder Judicial

Dívar no explica sus gastos secretos pese a que cinco consejeros piden su cese

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, optó ayer por la huida hacia adelante. Tras la denuncia que presentó contra él un vocal del consejo por malversación de fondos en el uso de dinero público en 20 viajes a Puerto Banús (Marbella), Dívar decidió resistir en el cargo tras el archivo que decretó la fiscalía y pese a la censura de casi un tercio de los vocales del organismo que dirige.

Las explicaciones que Carlos Dívar ofreció ayer en el pleno sobre sus 20 viajes no convencieron a la mayoría de vocales (cuatro de ellos pidieron explícitamente su dimisión y otro, José Manuel Gómez Benítez, que denunció los gastos del presidente del Supremo, los apoyó).

El atrincheramiento de Dívar y el debate suscitado por sus gastos causó enorme fractura en el consejo (incluso entre los grupos de vocales afines, conservadores y progresistas) y provocó un gran deterioro en la imagen del órgano de Gobierno de los jueces. Lo ocurrido ayer en el pleno amenaza también la gobernabilidad de uno de los poderes básicos del Estado. A los 20 vocales de ese consejo les queda aún algo más de un año de mandato.

Las explicaciones de Dívar ni siquiera convencieron a los vocales que ayer le expresaron su apoyo (15 de los 20) y que le permitieron mantenerse en el cargo aun sin aclarar los gastos de sus desplazamientos. Con 13 votos, Dívar habría sido destituido, pero solo hubo cinco.

La expectación ante las explicaciones del presidente del Supremo se evaporó pronto en una reunión que duró tres horas y media cargadas de tensión. Dívar aludió al “carácter reservado de sus viajes” para no explicarlos. También se escudó en el archivo por parte de la fiscalía de la denuncia por malversación que interpuso el vocal José Manuel Gómez Benítez.

En el debate afloraron los odios y las guerras internas que vive el consejo desde hace tiempo. Si Dívar no fue forzado a dimitir ayer es porque buena parte de quienes le respaldaron creen que “con la que está cayendo” no es el momento de “remover” al presidente de uno de los tres pilares básicos del Estado y porque tampoco quieren, según explicaron, reforzar el poder del grupo de cinco vocales que pidió su dimisión. “Aunque lo suyo de los viajes es para taparse la nariz”, coincidieron en señalar varios vocales en referencia a los desplazamientos a Marbella de Dívar.

Algunos miembros creen que “no es el momento de tocar un poder del Estado”

En medio de fortísimas críticas de dentro y fuera del Poder Judicial por sus viajes de fin de semana, alguno de hasta cinco y seis días, y forzado por sus colegas del consejo, Dívar había convocado ayer una sesión plenaria extraordinaria para explicar, o eso creían los consejeros, los motivos de esos viajes. Y se limitó a decir que eran reservados y que diferenció en ellos los gastos privados de los oficiales (los 20 viajes han costado a las arcas públicas casi 13.000 euros, aparte de las dietas de los hasta siete escoltas que le acompañan en sus desplazamientos).

Los vocales no se conformaron con las parcas explicaciones de Dívar y le pidieron más detalles, pero el presidente del Supremo se amparó en el acuerdo del consejo de 1996 que exonera de justificar los gastos de representación y los motivos de los viajes. Las explicaciones de Dívar no agradaron a casi nadie. Y el pleno, el más crispado que se recuerda, “aunque sin perder nunca las formas”, se rompió en añicos.

El mutismo de Dívar indignó a los cuatro vocales que pedían su dimisión y que redactaron un contundente escrito pidiendo al presidente del Supremo que abandonara su puesto. Estos vocales eran Carles Cruz, Inmaculada Montalbán, Félix Azón y Margarita Robles, líder del grupo, todos ellos de Jueces para la Democracia. Aunque no firmó el escrito, a ellos se les unió después Gómez Benítez, exabogado del juez Garzón y otrora declarado enemigo de Robles. Caído Dívar, la intención de este grupo, según fuentes del consejo, era que el actual vicepresidente, Fernando de Rosa, le sustituyese como presidente interino durante el año que le queda de mandato a este consejo y que la presidencia del Tribunal Supremo la asumiese el presidente de la Sala Primera de lo Civil del alto tribunal, Antonio Xiol.

Siete vocales atacan al denunciante de Dívar por “deslealtad” al pleno

Los vocales liderados por Robles que pidieron la dimisión de Dívar, al considerar que sus explicaciones, exentas de disculpas, habían sido “insuficientes” y “quebrantado” la imagen del tercer poder del Estado, señalan en su escrito: “La exclusión por la Fiscalía General del Estado de responsabilidades penales no exime en ningún caso de las responsabilidades políticas, toda vez que con los hechos ocurridos han sido vulneradas las exigencias del ejercicio de transparencia y austeridad, que son especialmente exigibles a todo servidor público y mucho más a quien ostenta la representación del Poder Judicial”.

Pero surgió otro grupo de siete vocales, cinco conservadores y dos progresistas, que acordó exigir la renuncia de Gómez Benítez. Este grupo lo lideró el vicepresidente del consejo, Fernando de Rosa, y estaba compuesto además por los vocales Almudena Lastra, Concepción Espejel, Claro José Fernández Carnicero, Gema Gallego y Antonio Dorado. A ellos se sumó también la portavoz, Gabriela Bravo, que al igual que Lastra pertenece al sector progresista. En el documento firmando por estos vocales, y en términos muy duros, piden que Gómez Benítez renuncie a su cargo en un órgano en el que “según sus palabras no confía y al que ninguna lealtad profesa”. Además, afearon su conducta en el pleno por presentar una denuncia ante el fiscal sin plantear previamente el asunto ante el Poder Judicial. Y por ello le acusan de iniciar una campaña de “desprestigio y confusión intencionalmente creada”. Eso dicen al menos en el escrito, aunque en privado algunos de ellos admiten el déficit en las explicaciones de Dívar y sostienen que pedir ahora la dimisión del presidente del Supremo habría socavado uno de los tres pilares del Estado de derecho “en un momento de crisis especialmente convulso para este país”.

Muchas voces dentro de asociaciones judiciales y fiscales han pedido estos días la dimisión de Dívar, y exigido que diera explicaciones públicas. Pero el presidente rehusó hacerlo ayer, a pesar de que esta posibilidad también se planteó en el pleno. Conclusión: 15 vocales no quisieron dejarle caer. La portavoz del consejo lo explicó, con un rostro de escasa convicción: “Una amplia mayoría de vocales, entre los que yo me incluyo, consideraron suficientes las explicaciones de Dívar sobre los viajes realizados e incluso le manifestaron su confianza para mantenerse en el cargo”.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, también terció tímidamente en este asunto. “La dimisión [en alusión a Dívar] es un acto voluntario y tendrá que ser el presidente el que evalúe si en el fondo, al estar amparado por la norma, tiene que presentar su dimisión”, explicó a Efe su portavoz, Pablo Llarena.

La transparencia deberá esperar

J. A. H., Madrid

Gabriela Bravo, portavoz progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó que el vocal conservador Manuel Almenar presentó al final del pleno de este jueves un borrador “con la finalidad de elaborar un plan de austeridad y transparencia que impida que estas actuaciones [viajes sin justificar] vuelvan a suceder y que haya más transparencia de gastos”. La intención de Almenar era aprobar un texto que modifica el acuerdo adoptado por el Poder Judicial en 1996 y que permite desde entonces a los vocales no tener que justificar los gastos de sus desplazamientos. Sin embargo, el presidente Dívar y algunos consejeros se negaron a que se votase ese borrador, al entender que la de este jueves era una “sesión deliberativa” en la que no hay votaciones y cuyo contenido “es secreto”, según explicó la portavoz. En 1991, los vocales que viajaban disponían de dietas, pero en 1996 el Poder Judicial acordó sustituir esas dietas y dejar que los vocales pasaran los gastos de sus viajes sin tener que explicar el motivo de los mismos ni con quién se reunían.

En esta normativa se ha basado la Fiscalía General el Estado para archivar ahora la denuncia por malversación presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez. Los vocales quieren imponer que haya que explicar los desplazamientos, pero el borrador deberá esperar.