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la crónica

PP, CiU y UPyD cortan las iniciativas sobre la financiación de la Iglesia

El PSOE suaviza una propuesta de IU pero pide a la confesión católica que se sume “al esfuerzo colectivo”

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLITICA
Una indignada del 15-M espera con un cartel a las puertas del Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, a que salga el presidente de la Conferencia Episcopal Española Antonio Rouco Varela.
Una indignada del 15-M espera con un cartel a las puertas del Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, a que salga el presidente de la Conferencia Episcopal Española Antonio Rouco Varela. Victor López (EFE)

La presión a la Iglesia Católica para que pague algunos impuestos de los que ahora está exenta, como el Impuesto de Bienes Inmuebles, se ha hecho presente en distintas ciudades de España y ahora ha llegado al Parlamento. Pero el PP, el grupo mayoritario de la Cámara, va a tratar de parar esta corriente para que no llegue a ninguna parte. Ayer marcó la pauta al votar en contra de la iniciativa que llegó de la mano de Izquierda Unida, a la que se sumó el PSOE, previa negociación con el grupo que dirige Cayo Lara para suavizarla. El PP no estuvo solo sino que le apoyaron en el rechazo a las inéditas exigencias a la Iglesia CiU y UPyD, La novedad está en que los socialistas, cinco meses después de salir del Gobierno, empiezan a hacer realidad sus postulados de la campaña electoral para que la Iglesia Católica empiece la senda de su autofinanciación y se sume “al esfuerzo colectivo”.

Con respeto y con lenguaje moderado el diputado de IU-ICV Joan Josep Nuet, defendió en la Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley para avanzar en la autofinanciación de la Iglesia Católica. Después de negociar con el PSOE y el Grupo Mixto se sometió a votación un texto más suave que el original pero inédito en cuanto a las exigencias a la Iglesia. Se pedía que el Gobierno establezca un calendario con un plazo de adaptación “para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica”. En segundo lugar se insta a la revisión – en ese plazo de adaptación – de los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica con el objetivo de su homologación al sistema general, en los que respecta en particular a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La asignación que recibe la Iglesia Católica, a través del IRPF, debe progresivamente desaparecer. Por último, los grupos de la izquierda han pedido un recorte del 20% de la asignación tributaria que tiene la Iglesia Católica para el año 2012, “para que se sume al esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis”.

Estas peticiones quedarán en el diario de sesiones del Congreso pero de ahí no pasarán. El Grupo Popular se opuso frontalmente a considerar ni una sola de las peticiones, junto a CiU y UPyD, frente a PSOE, Izquierda Plural, Amaiur, ERC y la abstención del PNV. Los perdedores consideran que ese rechazo es un error. “Si no hacemos este debate ahora, si no lo abordamos por la puerta nos va a entrar por la ventana y mejor coger el toro por los cuernos”, aconsejó el diputado de IU-ICV Joan Josep Nuet. Antes había expresado su certeza de que “la Iglesia Católica española es una de las grandes propietarias de inmuebles de todo tipo, acumulados durante una larga historia en nuestro país y, por tanto, una realidad que podríamos decir que está sobre la mesa de miles y miles de municipios”. Recordó que “estas propiedades no pagan impuestos, entre ellos el Impuesto de Bienes Inmuebles. En un contexto de crisis las administraciones públicas están colocando sobre la mesa el debate de esta exigencia tributaria” con la Iglesia.

Esta Comisión Constitucional fue la del "no" en todas las iniciativas que se debatieron. El socialista Ramón Jáuregui pidió el mantenimiento de los programas de apoyo a las actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y la Dictadura, con la recuperación de la Oficina de Víctimas de las Guerra Civil. Sí tuvo el apoyo Jáuregui de todos los demás grupos menos del fundamental, el PP, que rechazó con sus votos la iniciativa. No tuvo éxito tampoco la líder de UPyD, Rosa Díez, en su proposición no de ley para fusionar municipios pequeños y suprimir diputaciones. A pesar de que el PSOE sí incluyó en su programa electoral estas reformas ayer consideró que aún tiene que estudiarlo más despacio y presentará su propia iniciativa. Aún no la tiene.

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLITICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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