Los silencios ¿culpables? de los imputados

La confianza en la justicia y la no intromisión en procesos judiciales vivos son argumentos que se esgrimen para no opinar públicamente sobre determinados asuntos. Sobre todo, aquellos relacionados con la corrupción en la administración. Cuando llega el turno de actuar ante los jueces, el silencio se ha convertido entre muchos imputados en una defensa habitual.

¿No es más fácil y mejor para la administración de justicia aclarar ante el juez cómo ocurrió, desgranar su versión y despejar dudas? No según los cabecillas de la mayor trama corrupta de la democracia destapada en el caso Gürtel. En apenas una semana, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes, la esposa del extesorero del PP, Luis Bárcenas se han negado a hacer ningún tipo de aclaración ante los jueces que instruyen el caso Gürtel y la supuesta financiación del PP valenciano. Se han acogido a su derecho a no declarar, a no autoincriminarse, un derecho que, al contrario que los testigos, tienen los imputados que además, pueden decidir el contenido de su declaración, con lo que incluso pueden mentir sin que esto se pueda volver en su contra. Hoy es el turno del propio extesorero del PP que, presumiblemente, reducirá su comparencia a indicar que se acoge al mismo derecho. Eso sí, de optar por esta posibilidad, pueden incurrir en abundantes contradicciones e incluso negar pruebas materiales en las que se sostienen las acusaciones.

Las ganas por aclarar todos estos asuntos brillan por su ausencia. Aunque la lógica lleve a pensar que cuando uno quiere clamar su inocencia acuda al juzgado, exhiba papeles y despeje dudas, como han hecho otros. Pero la poca o nula colaboración llega a entenderse como un silencio culpable.

Los cabecillas de Gürtel llevan meses sin contradecir los informes que les definen una auténtica trama corrupta

En el caso de Correa y Crespo, ambos alegaron que consideran que el procedimiento está viciado por las anuladas intervenciones de las conversaciones con sus abogados en prisión, que acabaron con la inhabilitación del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El caso es que llevan meses sin aportar ni una explicación a las conclusiones a las que están llegando tanto la Agencia Tributaria como la policía sobre cómo la red corrupta desplegaba sus tentáculos. Tampoco El Bigotes ha querido aclarar cómo se puede llegar a la conclusión, tal como hizo la Intervención General del Estado, de que la trama fue quien redactó los pliegos de los contratos con los que la Generalitat valenciana acabó adjudicando a Orange Market los expositores de Fitur. Y tampoco ha querido decir nada sobre cómo algunas deudas del PP valenciano llegaron a pagarse endosando las facturas a empresarios. El argumento fue el mismo que el esgrimido por los cabecillas de Gürtel pese a que él no fue nunca grabado en la cárcel.

Claro que, de haber optado por declarar, tendrían que dar alguna explicación al hecho de que meses antes de que saliera a concurso la sonorización de la visita del Papa a Valencia, el ingeniero de sonido que organizó la colocación de altavoces a lo largo del recorrido que Benedicto XVI realizó por las calles de esa ciudad ya sabía que iba a ser el encargado de hacerlo, tal como declaró el propio técnico ante el juez. Aquella adjudicación de la televisión pública valenciana recayó en manos de Teconsa, aunque la policía sospecha de que esta empresa era solo una tapadera, por lo que después repartió comisiones entre los cabecillas de la trama y al propio director de RTVV, Pedro García, también imputado. O deberían explicar cómo ese contrato de 7,4 millones de euros tuvo en realidad un coste de poco más de tres y porqué las empresas que realmente realizaron los servicios aseguran haber pagado comisiones a los máximos cabecillas de la trama.

Pero no. No hay declaraciones y no hay aclaraciones. Y no hay colaboración con la justicia, mientras el refranero español sigue diciendo que quien calla, otorga.