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La mitad del recorte de Castilla-La Mancha va a sanidad y educación

El plan de ajuste contempla privatizar la gestión de cuatro hospitales y de los nuevos centros La Junta presenta sus Presupuestos para 2012 con un ataque al "despilfarro" de Barreda El PSOE augura un nuevo tijeretazo en Navidades y el despido de 10.000 trabajadores Los intereses de la deuda acumulada cuestan a los ciudadanos un millón de euros al día

Elsa García de Blas
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, durante la presentación de los Presupuestos.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, durante la presentación de los Presupuestos. Ismael Herrero (EFE)

Sanidad, educación y servicios sociales se llevan la mitad del recorte que el Gobierno de Castilla- La Mancha va a aplicar para alcanzar el objetivo de déficit del 1,5%, según revela el plan de ajuste que ha presentado al Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo de Dolores de Cospedal tiene que reducir sus gastos en 1.556 millones de euros, y de ellos casi 850 millones corresponden al tijeretazo que efectúa en los servicios públicos. La Junta prevé también reducir déficit a base de sumar 194 millones con subidas de impuestos y la privatización de parte del sistema sanitario. Castilla- La Mancha es la única comunidad en la que ha coincidido el plan de ajuste con la presentación de sus Presupuestos: Cospedal los ha defendido esta mañana con un ataque al "despilfarro" de José María Barreda. Los socialistas auguran que las nuevas cuentas conllevarán el despido de 10.000 trabajadores.

Se obliga a los médicos a jubilarse a los 65 años, se les reducen las guardias y su retribución 

El grueso del recorte que plantea el plan de ajuste va a parar a la sanidad pública, que pierde casi 540 millones de euros. El programa contempla decenas de medidas, en muchas ocasiones expresadas de forma genérica, que permiten solo aventurar futuros ajustes. Un ejemplo: se asegura que se “reordenará la atención primaria adecuando los puntos de atención continuada”, lo que induce a pensar que se está pensando en cerrar centros de salud, aunque la Junta lo niega. Entre las iniciativas claras, el Ejecutivo obliga a los médicos a jubilarse a los 65 años (hasta ahora podían trabajar hasta los 68), les reduce las guardias y la retribución de las mismas, aplica el copago farmacéutico del Gobierno central, el copago en el transporte sanitario no urgente y se emplea a fondo en avanzar en la privatización de la gestión sanitaria.

Se plantea la colaboración público privada como una estrategia a largo plazo

"Se plantea la colaboración público privada como una estrategia a largo plazo orientada a garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario público", dice el documento remitido al Gobierno. Castilla- La Mancha se une a otras autonomías gobernadas por el PP y aplica el modelo de gestión privada en cuatro hospitales y sus respectivos centros de salud. Otros cuatro que están en construcción se entregarán también a la financiación privada. Así, los hospitales públicos de Almansa, Villarobledo, Manzanares y Tomelloso terminarán el año gestionados por una empresa, que controlará también los centros de salud de su área sanitaria. El modelo es el de colaboración público-privada en su versión más radical, una fórmula que consiste en adjudicar a una empresa la construcción de un hospital público, concederle su gestión y asignarle los cuidados de su población de influencia. A cambio de desentenderse de la atención de estas personas, la Administración paga a la concesionaria una cantidad fija por cada potencial paciente del área.

Subida de impuestos

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En educación, el recorte llega a los 163 millones a base de aumentar la jornada a los profesores a 37,5 horas semanales, bajarles el sueldo (el 3%, como a los 70.000 empleados públicos de la Junta) e incrementar el ratio de alumnos por aula, aplicando el decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La Junta elimina también la gratuidad de los libros de texto y del transporte escolar, y disminuye las rutas. Los servicios sociales ven reducido su presupuesto en 142 millones, entre otras cosas con la privatización de residencias de mayores.

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El Ejecutivo completal recorte congelando la oferta pública de empleo para 2012, reduciendo los liberados sindicales, disminuyendo un 60% de altos cargos o suprimiendo del 40% del personal eventual.

Cospedal prevé sumar además 194 millones de euros con subidas de impuestos –aumenta el de hidrocarburos, el tramo autonómico del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el llamado canon eólico, incrementará tasas y precios públicos en una cuantía sin concretar- y subiendo las rentas de las 4.900 viviendas en alquiler que tiene la Junta. Con la gestión privada en el servicio sanitario prevé sumar 85 millones, a base de recuperar la mitad de las inversiones realizadas en varios hospitales, a través de un canon por el uso de equipamientos e instalaciones.

La presidenta de Castilla- La Mancha ha presentado esta mañana también sus cuentas públicas para 2012, que ascienden a 8.290 millones de euros. La secretaria general del PP ha utilizado la comparecencia para cargar contra el Gobierno del socialista José María Barreda por su "despilfarro" y sus "artificios contables", y ha revelado que los intereses de la deuda acumulada cuestan a los ciudadanos un millón de euros al día. En el capítulo relativo a gastos de personal, los Presupuestos para este año incluyen un ajuste de 456 millones, algo que ha servido al PSOE para augurar hasta 10.000 despidos. Los socialistas han puesto en duda también la previsión de ingresos (de 6.048 millones) porque no creen que vaya a haber crecimiento. El secretario de organización de los socialistas castellano manchegos, Jesús Fernández, ha aventurado nuevos ajustes: si se mantiene el objetivo de déficit y los ingresos disminuyen, "en Navidades habrá un segundo tijeretazo todavía mucho más doloroso que el que se ha producido hoy".

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Sobre la firma

Elsa García de Blas
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.

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