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la crónica

“Un jueves negro” para la oposición

Las centrales sindicales y organizaciones profesionales declaran el 17 de Mayo "jornada de luto" para los servicios sociales

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Rubalcaba, este jueves en el Congreso.
Rubalcaba, este jueves en el Congreso.ÁLVARO GARCÍA

No se han ahorrado palabras y expresiones de protesta contra los reales decretos que hoy jueves, 17 de mayo, aprobará el Congreso de los Diputados con los votos del PP y UPN; una mayoría amplísima derivada de la decisión libre de los ciudadanos. Pero casi la mitad de la Cámara votará en contra del recorte de 10.000 millones que sufrirán la educación y la sanidad tras pedir ayer infructuosamente que el Grupo Popular y el Gobierno reconsideren seguir adelante con esos decretos. "Será un jueves negro en el Parlamento", ha proclamado el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, en la defensa de una moción por la que pedía al Congreso que suscribiera "un pacto de Estado social". La propuesta tuvo 121 votos a favor, 172 en contra y 22 abstenciones.

Este anticipo del debate de hoy ha dejado en evidencia las posiciones de los grupos políticos, que a su vez, han sido conscientes del revuelo que existe más allá de los muros del viejo Palacio de las Cortes. Una delegación de Amnistía Internacional ha entregado en el Congreso 35.000 firmas en las que piden a los grupos parlamentarios que rechacen hoy los decretos de Sanidad y Educación.

Esta organización de defensa de los derechos humanos y contra todo atropello a las personas se centra singularmente en los recortes en Sanidad que dejarán sin cobertura sanitaria habitual a determinados colectivos y, desde luego, a los inmigrantes sin papeles cuya tarjeta sanitaria dejará de tener valor a partir del 31 de agosto próximo.

Desde los sindicatos CC/OO y UGT, y otras organizaciones profesionales, se hará hoy el máximo ruido posible tras declarar la jornada como "día de luto para los servicios sociales", por la aprobación en el Parlamento de los decretos de "racionalización del gasto público en el ámbito educativo", y para la "sostenibilidad" del sistema de salud.

Mientras que los dirigentes del PP hablan de "sostenibilidad" del sistema, los partidos de la oposición se refieren a los decretos como el comienzo "de la demolición del Estado de Bienestar", como ayer hizo el socialista Eduardo Madina. Le dieron la razón la mayoría de los portavoces aunque nadie escapó de la tentación de referirse a la herencia y al recordatorio de que los recortes empezaron con el gobierno socialista. Quien más insistió en este argumento obviamente fue la portavoz de Servicios Sociales del PP, Susana Camarero. " A pesar de la triste herencia socialista no habrá copago ni privatizaciones", señaló la portavoz del grupo del Gobierno. Este argumento no fue aceptado porque todos ven copago o "repago" y privatizaciones encubiertas. Pero la portavoz del grupo mayoritario no se arredró: "Si quieres ustedes pacto, únanse al que ha propuesto la ministra de Sanidad, Ana Mato".

Como no ha habido negociación no puede haber pacto, señalan uno tras otro los representantes de la oposición. Toni Cantó de UPyD fue especialmente duro tanto con el Gobierno como con el PSOE por haber creado un sistema "insostenible, fraccionado y generador de desigualdades entre españoles". Después de la regañina mirando a los bancos del PSOE les apoyó en la petición - inútil - de Pacto de Estado.

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El único pacto que ayer hubo fue precisamente entre UPyD, PSOE e Izquierda Unida. UPyD dio finalmente el sí al socialista Javier Fernández para que gobierne Asturias los próximos cuatro años. Este es el primer acuerdo del partido que dirige Rosa Díez con sus antiguos compañeros socialistas. Lo explica con naturalidad: el PSOE ha aceptado su programa.

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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