Política

El delito fiscal tendrá una pena más dura y los delatores serán premiados

El plazo de prescripción se amplía de 5 a 10 años en los casos más graves de fraude

El cambio legal evita que se persiga a quienes se acojan a la amnistía

Los defraudadores que denuncien a otros verán rebajada su condena

Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN

El Gobierno pretende endurecer las penas para los evasores fiscales y aquellos que defrauden a la Seguridad Social. El Consejo de Ministros aprobó este viernes un anteproyecto de ley que reforma el Código Penal para elevar a seis años (ahora está en cinco) la pena máxima de cárcel en los casos más graves de fraude: cuando este supere los 600.000 euros, proceda de una organización criminal o se utilicen paraísos fiscales. Al aumentar la pena, el plazo de prescripción en esos casos se amplía también: pasa de cinco a diez años. El objetivo es evitar que los procesos más complejos —casos de corrupción o tramas criminales— queden sin sanción.

El Gobierno escucha así una de las históricas reclamaciones de los inspectores de Hacienda, que pedían endurecer las penas, aumentar el plazo de investigación y establecer un nuevo tipo de delito más severo. Pero también agiliza los mecanismos de recaudación para delitos fiscales y allana el camino para las regularizaciones voluntarias. El Ejecutivo necesita ingresos con los que aplacar el pesado déficit público y esta fórmula sirve para generar recursos adicionales.

Hace dos años y medio el PP se opuso a una propuesta similar (aunque más dura) del Gobierno socialista para aumentar la pena por delito fiscal. Ahora, el PP ha decidido acometer la reforma.

Corrupción y delito fiscal, un catálogo de casos

Muchos de los casos de corrupción política recientes conllevan un fraude fiscal, por la ocultación de los beneficios que se obtienen en las prácticas irregulares. Estos son los ejemplos más llamativos.

Caso Gürtel. Los beneficios que la red corrupta obtuvo de forma supuestamente ilícita se ocultaron a Hacienda. Aún no se ha podido cifrar la cantidad que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, sus empresas y algunos políticos del PP defraudaron a las arcas públicas. La Agencia Tributaria ha reconocido que algunos de los delitos detectados han prescrito.

Caso Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa provincia, Carlos Fabra, está acusado de defraudar, junto a la que fue su esposa, María Amparo Fernández, 1,2 millones de euros. Cuatro delitos fiscales fueron declarados prescritos, pero el Supremo revocó esta decisión porque la investigación se había iniciado.

Caso Brugal. La investigación de la trama por las contratas públicas de la recogida de basuras en Alicante ha destapado incrementos patrimoniales no declarados.

Caso Palau de la Música. El saqueo al que Fèlix Millet y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) sometieron al Palau de la Música de Barcelona llevó paralela una operación para defraudar a Hacienda de alrededor de 685.000 euros.

Caso Urdangarin. La investigación de los negocios que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres ha derivado también en pesquisas para averiguar si hubo una evasión de capitales. Además, la Agencia Tributaria abrió un expediente por un pago sospechoso de 147.800 euros en billetes de 500 del Instituto Nóos a Aizoon, la empresa de Urdangarin y la Infanta.

Caso Marbella. El caso Malaya destapó todo un entramado en Marbella de pagos y cobros de comisiones, en el que el exasesor municipal durante el mandato de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, fue acusado de blanquear 245,1 millones de euros de origen ilícito.

El Ministerio de Hacienda presentó a principios de año su plan contra el fraude fiscal, con que el que pretendía recaudar cerca de 8.200 millones, cantidad que puede quedar desfasada con esta reforma legal. “El objetivo de la reforma no es tanto abrir un litigio como mejorar la recaudación”, según fuentes del Ejecutivo.

Por eso se incluyen medidas para “favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación”, según la nota de prensa.

Uno de los apartados de la reforma consiste en la creación de un “atenuante” (rebaja importante de la pena) cuando un contribuyente pague su deuda con el fisco antes de que transcurran dos meses desde que haya recibido la notificación judicial como imputado. Esa reducción de penas y sanciones también se aplicará a quien, habiendo cometido fraude, colabore para “la identificación o captura de otros sujetos responsables”. Es decir, a quien denuncie a otros defraudadores.

Con esta reforma, el Ejecutivo garantiza a los evasores que se acojan a la amnistía fiscal que no se les denunciará ante los juzgados. No se les perseguirá por las posibles irregularidades fiscales, contables y otras falsedades que hayan podido cometer. Se da respuesta así a una de las demandas de los asesores fiscales, que reclamaban la máxima seguridad jurídica antes de que sus clientes destapen el dinero negro para regularizarlo con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno.

El proyecto de ley prevé una regla especial para perseguir las tramas de crimen organizado de forma inmediata. Hasta ahora debían esperar a que transcurriera el año fiscal para hacerlo. Así, los inspectores podrán denunciar desde el momento en que el fraude supere los 120.000 euros.

El texto recoge, asimismo, que Hacienda pueda continuar con el procedimiento recaudatorio en paralelo con la tramitación del proceso penal, y se faculta a los inspectores fiscales para mantener la investigación. Se pretende evitar con ello casos de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario. Es decir, que los venda o los ponga a nombre de un tercero.

La reforma endurece, por otro lado, el fraude contra la Seguridad Social. Se crea un nuevo tipo de delito agravado —hasta seis años de cárcel y 10 años de prescripción— para casos de empresas ficticias que simulan relaciones laborales para que los trabajadores puedan cobrar el paro, o talleres clandestinos con empleados sin registrar en la Seguridad Social. Además, se reduce, en todos los casos, la cuantía mínima a partir de la que se considera que hay delito: antes era de 120.000 euros, y pasa a 50.000.

Por último, la reforma incluye el nuevo artículo del Código Penal que hace semanas anunció el Gobierno para castigar a los responsables públicos que escondan facturas en los cajones. Se establece la pena de entre uno y diez años de inhabilitación y una multa de seis a doce meses a la autoridad que falsee “la contabilidad, documentos o información que deban reflejar la situación económica” de la entidad pública, siempre y cuando lo haga “a sabiendas” y con el objetivo de “causar un perjuicio económico” a la institución. Es un nuevo supuesto penal que algunos juristas consideran que no era necesario crear.

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