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UGT y CC OO convocarán una consulta contra los recortes

Los sindicatos preguntarán a los ciudadanos en otoño. “El PP dijo que hay que ir de derechos a beneficios sociales”, explican las centrales

Manuel V. Gómez
Méndez y Toxo, en la OIT.
Méndez y Toxo, en la OIT.ULY MARTÍN

Después de la huelga general, los sindicatos han decidido dar otro paso contra la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora planean sacar urnas a la calle y preguntar a todos los ciudadanos su opinión sobre la reforma laboral y los recortes, apuntan fuentes de las direcciones de UGT y de CC OO. La convocatoria, sin precedentes, forma parte de una estrategia que pretende mantener la movilización contra las medidas de Rajoy y, al mismo tiempo, ampliar la base social de la protesta.

La consulta será el punto culminante del otoño caliente que se avecina. “Si las cosas no se enderezan, y no se van a enderezar, y el Gobierno no cambia, haremos la consulta”, explica un dirigente sindical, convencido de que no habrá cambios. La estrategia se completa con movimientos como la denuncia contra la reforma laboral que ambas centrales presentaron este jueves ante la Organización Internacional del Trabajo. Y con otras movilizaciones por concretar que, según apuntan varios sindicalistas, podrían ser marchas hacia Madrid desde varios puntos de España y recogidas de firmas.

Los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ya exigieron el lunes a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que el Gobierno convoque un referéndum sobre su política económica. Se encontraron con una respuesta negativa. Así que ahora han decidido tomar ellos la iniciativa.

Explican en la dirección de los dos sindicatos que ellos no discuten la legitimidad del Gobierno que emana de las urnas. En cambio, sí discrepan de la “legitimidad programática” para adoptar las medidas que está tomando. El argumento es que el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones no hablaba de rebajar el coste del despido, de subir impuestos, de una amnistía fiscal, del copago sanitario o de subir las tasas universitarias.

Para UGT y CC OO, esas medidas implican un cambio muy profundo del modelo de Estado “utilizando la excusa de la crisis”. La reunión con Cospedal reforzó esta convicción. En ella, la dirigente del PP les llegó a decir, explica alguno de los presentes: “Considero que estamos en una situación de derechos sociales y hay que pasar a otra de beneficios sociales”. Y, siempre según el argumentario sindical, para esto el PP no tiene legitimidad.

Las centrales manejan la idea de la consulta popular desde antes de la huelga general. Con ella, pretenden ensanchar la base social de las protestas iniciadas en febrero. Para ello también contarán con la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que agrupa a más de 40 asociaciones de diversos sectores de la sociedad civil.

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La idea inicial de los sindicatos era recoger firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que instara al Ejecutivo a convocar un referéndum. Tras varias consultas, descartaron esta estrategia porque concluyeron que la convocatoria de un referéndum es potestad exclusiva del Ejecutivo.

También ha pesado el poco recorrido que ha tenido en el Congreso la ILP que presentaron el año pasado para cambiar la reforma laboral del PSOE. Casi un año después de presentados el texto y las firmas, la iniciativa sigue en trámite parlamentario.

La consulta se hará, en principio, sin un encaje normativo claro. “En Cataluña [donde hay una ley de consultas] intentaremos hacerla bajo este paraguas para darle mayor entidad. En el resto del Estado es más difícil, pero buscaremos la percha”, describe un sindicalista, consciente del obstáculo.

No es la percha lo único que falta por dilucidar. Lo más definido es el calendario. Aproximado, eso sí. La consulta se celebrará a la vuelta del verano. Para entonces, UGT y CC OO esperan que se conozcan los Presupuestos de 2013, en los que, de no cambiar los compromisos y las exigencias de Bruselas, el déficit tendrá que bajar al 3% del PIB. Traducido en cifras, esto supone un ajuste de 23.000 millones adicionales a los 32.000 de este año.

Las cúpulas sindicales y la Plataforma debaten ahora sobre si celebrar la consulta en un día laborable, lo que favorecería la participación en las empresas, o en un día festivo, para atraer al resto de los ciudadanos. Y se afanan en encontrar voluntarios y formar mesas “en las empresas, en los polígonos o en las plazas”.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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