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Gallardón ofrece asumir los abogados de oficio que pagan las autonomías

Justicia se haría cargo de la asistencia gratuita a cambio de revisar el modelo

El ministro Gallardón, en el centro, al inicio de la reunión con consejeros de Justicia de 12 comunidades, ayer en Madrid. Ampliar foto
El ministro Gallardón, en el centro, al inicio de la reunión con consejeros de Justicia de 12 comunidades, ayer en Madrid.

Cada año, 1,8 millones de personas se acogen en España al servicio de justicia gratuita: cuando necesitan defenderse en un juicio o poner un pleito es el Estado —en la mayoría de los casos, la comunidad autónoma— el que les paga un abogado de oficio y las costas del proceso. En teoría, solo tienen derecho a eso los ciudadanos con bajos recursos; en la práctica, según sostiene el Ministerio de Justicia, el servicio está soportando “abusos” y el coste —260 millones en 2011— se dispara año a año. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso ayer a las comunidades autónomas que el Gobierno central se haga cargo del coste íntegro de la asistencia jurídica gratuita. A cambio, ambas Administraciones compartirían una “gestión coordinada” del servicio (ahora la gestión es autonómica en 12 de las 17 comunidades) y establecerían sistemas de “control” para “evitar el fraude”.

Gallardón ya había anunciado, cuando el Gobierno subió hace un mes las tasas judiciales —duplicando las tarifas y extendiéndolas al conjunto de la población—, que ese dinero se destinaría a financiar la justicia gratuita. Ayer puso la idea sobre la mesa durante la conferencia sectorial con los consejeros autonómicos. La propuesta es esta: el ministerio usaría los 300 millones que espera recaudar con las tasas a pagar, directamente, a los abogados de oficio de toda España. Así, el dinero que ahora gastan las comunidades en ese servicio podrían emplearlo “para otras cosas” en materia de justicia.

En realidad, las comunidades financian ahora la asistencia gratuita en parte con sus propios presupuestos y en parte con fondos estatales a través del sistema de financiación autonómica, así que Gallardón les advirtió de que, “para evitar una doble financiación”, tendrían que devolver un porcentaje —el 75%, matizaron luego fuentes del ministerio— de la partida que les llega cada año por ese sistema. Se ahorrarían, por tanto, un 25%: eso es lo que podrían destinar a “otras cosas”.

Al mismo tiempo, se crearía una mesa de trabajo de ministerio y autonomías que, en un plazo de dos meses, trataría de consensuar un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita. Sin arrebatar a las comunidades la competencia, pero estableciendo una “gestión coordinada”, según la nota de prensa del ministerio.

¿Y cómo sería ese nuevo modelo? El ministro subrayó que “todos los ciudadanos sin recursos van a mantener el derecho a la justicia gratuita”, y que “no se va a modificar el umbral de acceso”, es decir, los requisitos de renta —aproximadamente, un máximo de 13.000 euros anuales de ingresos por unidad familiar— para tener derecho a ella. Pero si el objetivo es “evitar abusos”, parece evidente que habrá restricciones.

El subsecretario de Estado, Juan Bravo, explicó que uno de los aspectos que “se puede revisar” es el tipo de asuntos que podrían entrar en el servicio de asistencia gratuita —por ejemplo, si es justo que el Estado financie a alguien con bajos ingresos el recurso de una multa de tráfico—; o la forma de pagar a los abogados de oficio: no por cada trámite judicial, como ahora, sino por caso completo. Y, sobre todo, un mayor “control” para garantizar que el beneficiario tiene la renta que dice tener. “Pero todo eso se hablará primero con las autonomías”, señaló. El ministerio aspira también a unificar las tarifas de los abogados de oficio —diferentes en cada región—, aunque eso sí que no podrá hacerlo sin acuerdo con las comunidades.

Por otro lado, Gallardón garantizó ayer a los consejeros que no llevará al Consejo de Ministros la nueva Ley de Demarcación y Planta —que reducirá previsiblemente el número de partidos judiciales y agrupará juzgados, lo que podría poner en pie de guerra a muchos pequeños Ayuntamientos— sin realizar antes una “consulta previa y bilateral” con cada comunidad autónoma.