Diego Torres avisa de que detallará al juez los negocios con Urdangarin
Suspendidas las reuniones entre los abogados y la fiscalía
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, añade más presión a las negociaciones que ambos mantienen para alcanzar un acuerdo que les permita reparar el daño causado al erario público y evitar, con el beneplácito de la fiscalía, su ingreso en prisión. En su declaración como imputado del próximo 22 de mayo, Torres está dispuesto a explicar con detalle todos los negocios en los que participó junto al yerno del Rey.
Torres decidió permanecer en silencio en su primera comparecencia ante el juez José Castro. Pero cuando Urdangarin intentó descargar en él toda la responsabilidad sobre la gestión de Nóos, decidió mover ficha y pidió declarar. La entidad facturó diez millones con Administraciones públicas, la mayoría en manos del PP.
Aunque la tesis del duque de Palma ha sido desacreditada por otros imputados y testigos, Torres quiere acabar de darle la puntilla. El exsocio del duque explicará que, en fechas posteriores a 2006 —cuando la Casa del Rey aconsejó al esposo de la infanta Cristina que dejara los negocios con Administraciones públicas—, Urdangarin siguió liderando proyectos como el de los Juegos del Mediterráneo, que nunca llegaron a celebrarse.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, y el de Urdangarin, Mario Pascual Vives, tenían previsto reunirse esta semana, cada uno por separado, con la fiscalía anticorrupción para tantear un posible pacto. Pero las reuniones han sido suspendidas temporalmente para mantener la discreción sobre el caso. El abogado de Urdangarin negó ayer cualquier clase de contacto “formal o informal” con la fiscalía en ese sentido. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, advirtió por su parte que “no va a haber ningún trato de favor”.
Urdangarin y Torres están dispuestos a asumir algunos de los hechos investigados y a devolver el dinero malversado, 3,5 millones. A cambio de reparar el daño y colaborar con la justicia (un atenuante), aceptarían penas de prisión no superiores a los dos años.
