En busca de otro modelo

Lejanos ya los tiempos en los que los partidos políticos competían con promesas de gran impacto (rebajas de impuestos, grandes infraestructuras, nuevos derechos sociales…) para conquistar votantes, las diferencias entre PSOE y PP se mueven ahora en un terreno diferente: qué modelo de sociedad queremos y qué alternativas hay para salir de la crisis económica que atenaza a administraciones, empresas y ciudadanos. El discurso de investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía ha sido un ejemplo de esta nueva realidad. En su intervención, expuso pocos compromisos concretos que pudiese cuantificar económicamente (un plan de empleo dotado con 200 millones de euros para una comunidad azotada por una tasa de paro que llega al 33% y un plan de inclusión social que contará con 320 millones hasta 2016) y se centró, sobre todo, en marcar distancias con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Griñán se puso del lado de quienes defienden que junto a la austeridad imprescindible en las Administraciones Públicas, es necesario aplicar medidas de estímulo económico, un debate que está ganando adeptos en los últimos días en la Unión Europea y al que se ha sumado, aunque muy tímidamente, Alemania, el guardián de las esencias de la disciplina fiscal. No es nueva esta opinión del presidente andaluz (que siempre ha rechazado el dogma del déficit cero y ha abogado por la estabilidad presupuestaria en función de los ciclos económicos), pero sí es interesante que haya reiterado su posición para evaluar qué margen tiene para aplicarla en la comunidad más poblada de España. Más cuando el Gobierno ha colocado en el punto de mira a las autonomías y cuenta con la carta de la intervención. La puesta en marcha del instituto de crédito andaluz se perfila como una de las claves de ese intento de estimular desde lo público el sector privado.

Más hincapié hizo en el modelo de sociedad para distinguirse de las recetas de Rajoy. Ante los recortes del Gobierno en educación, sanidad, servicios sociales o dependencia, Griñán hizo una defensa de los derechos adquiridos en estas materias a lo largo de las tres últimas décadas, principalmente en el ámbito educativo. “No podemos permitirnos retroceso alguno en este terreno”, dijo. La cuestión ahora es cómo va a conseguir sortear las restricciones que impone el Gobierno a las autonomías en estos servicios y en qué partidas va a aplicar el recorte de casi 2.700 millones de euros que tiene que ejecutar en el Presupuesto autonómico. Ni una pista dio Griñán en su investidura sobre dónde hará el tijeretazo. Es razonable que el presidente andaluz concrete en breve qué partidas presupuestarias va a reducir para cumplir el objetivo de déficit de este año (el 1,5%), entre otros motivos, porque parte del crédito del programa de gobierno de PSOE e Izquierda Unida depende de esta decisión.

Otra clave del discurso fue el caso de los ERE fraudulentos, una losa que el futuro Gobierno autónomo va a tener encima en los próximos meses y que, previsiblemente, le pondrá en situaciones delicadas. Se comprometió Griñán a erradicar las conductas corruptas dentro de la Administración con más medidas de transparencia. Habrá que ver el calado de estas medidas, que serán fundamentales para que la ciudadanía recupere la confianza en la política por un caso que ha gangrenado la imagen de la autonomía en toda España.

Con casi todo en contra, el principal reto de la izquierda española empieza ya en Andalucía.