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Urdangarin y Torres deberán entregar 3,5 millones para evitar la cárcel

Los correos que Torres llevó al juez han forzado las negociaciones

Iñaki Urdangarin y Diego Torres quieren enterrar el hacha de guerra. El duque de Palma y su exsocio están tratando de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño que han causado al erario público. A través de personas de su entorno, el yerno del Rey ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP.

Desde hace unas semanas, Urdangarin y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración.

El principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dos debe asumir la mayor parte de ese desembolso. En su declaración ante el juez José Castro, Urdangarin afirmó que desempeñaba un papel “institucional” en Nóos y descargó toda la responsabilidad en Torres. La tesis del esposo de la infanta Cristina, sin embargo, ha sido desacreditada por decenas de testigos e imputados en la pieza separada del caso Palma Arena.

El pago de los 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que, si se llega a una conformidad, pueda aplicarse a Urdangarin y a Torres la atenuante de reparación del daño. La mayor parte de ese dinero procede de la organización de los eventos Fórum Illes Balears y Valencia Summit. Durante su etapa al frente de Nóos, ambos lograron adjudicarse, a dedo, contratos por casi seis millones de euros con los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en manos del PP.

Urdangarin y Torres negocian entre sí para presentar una propuesta conjunta a la fiscalía, que podría dar su visto bueno a cambio de que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo de los dos imputados es que, si se impone una pena privativa de libertad, esta sea inferior a los dos años de cárcel, de forma que puedan eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se impone la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la Monarquía. Según fuentes judiciales, el yerno del Rey podría ser juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El delito de evasión fiscal por un cobro a través de una cuenta en Suiza no formará parte, en principio, de la acusación, ya que la cantidad defraudada no supera la cuota mínima que fija el Código Penal.

En los próximos días, el abogado del duque, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, mantendrán entrevistas con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para abordar ese asunto. Los encuentros los realizarán cada uno de ellos por separado, en fechas distintas.

Los correos electrónicos remitidos por Torres al juzgado hace apenas dos semanas han cambiado el tablero de juego y han forzado las negociaciones entre los dos principales implicados. En tres de esos correos, de 2007, Urdangarin afirma que el Rey hizo gestiones como mediador para que su yerno lograse la participación de un nuevo equipo de vela en la Copa del América. “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema (...). Y que en principio no habrá problema y nos ayudarán”, dice Urdangarin en alusión a unas instalaciones del puerto de Valencia necesarias para el proyecto. El entorno de Urdangarin teme que Torres haya guardado otro as en la manga y que saque a la luz nuevos documentos que comprometan la imagen de la Casa del Rey.

‘Arrepentidos’ en el ‘caso Palma Arena’

ANDREU MANRESA

La colaboración de imputados con la justicia y los pactos de conformidad con la fiscalía son habituales. Implican confesarse culpable. Los arrepentidos declaran su implicación en supuestos delitos en investigación para beneficiarse de un mejor trato en la sentencia.

El avance de la instrucción judicial, la acumulación de indicios, suele precipitar la decisión del imputado. Por este reconocimiento, los arrepentidos merecen ser beneficiarios de atenuantes penales: reducción de los tipos delictivos y de las posibles penas. Pactan para no entrar en la cárcel o cumplir penas bajas. En especial han de reponer totalmente, más un tercio de carga, el daño patrimonial causado a la Administración si se trata de malversación, cohecho o fraude.

Hay casos en los que el colaborador/infractor de la ley debe asumir la demolición de una obra ilegal, como ha sucedido en el caso Andratx de corrupción. Un arrepentido, funcionario de Andratx, ayudó a desentrañar varias causas pero la acumulación de condenas por los delitos que confesó le llevo a cumplir cárcel.

En el caso Palma Arena, en la pieza del caso Urdangarin ya se ha dado un pacto de un arrepentido, con hechos, citas, personajes y firmas, contactos y contratos de la trama de Nóos. Así, José Luis Ballester, amigo de Urdangarin y de la infanta Cristina, pactó con fiscalía un acuerdo que perjudicó los intereses del duque de Palma.

El pacto de conformidad puede ser global entre todos los coimputados y comportar la no celebración de la vista pública. El fiscal conduce con los letrados las negociaciones y los acuerdos y los somete al tribunal, en anuencia con aquellos que están sentados en el banquillo.

El expresidente Jaume Matas, del PP, ha sido condenado en la Audiencia de Palma a más de seis años de cárcel en parte por el relato de dos coimputados, un ex director general de Comunicación de su Gabinete y un empresario publicista del entorno de confianza de Matas y del PP, que está imputado en otras piezas.

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