Política

Interior priorizará el ingreso en los CIE de personas con antecedentes

Las ONG harán las labores asistenciales en los CIE, que cambiarán de nombre

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Internados del CIE de Barcelona se asoman a una venta del centro. / TEJEDERAS

Al caminar por el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (CIE) hay que cruzar varias puertas enrejadas: la de la entrada, la del comedor, la de la habitación, la de la zona de ocio, la del baño, la del patio, la de la cocina... y las que franquean el paso a cada uno de estos espacios del centro. Los internos tampoco pueden pasear libremente por el lugar, y decenas de policías se encargan de controlarlos, incluso cuando están en el patio. No es una cárcel, insisten fuentes de Interior, pero es lo que más se le parece. Este lunes, por primera vez desde su construcción en 2006, el CIE de la Zona Franca abrió sus puertas a los medios.

Los CIE son centros para personas en situación irregular que esperan a ser expulsadas del país y para personas inmigrantes condenadas a las que se les ha conmutado la condena (que debe ser inferior a seis años) por el regreso a su país. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que su prioridad es que ingresen en los CIE solo personas con antecedentes penales. Los sin papeles que no tengan cuentas pendientes con la justicia y demuestren arraigo, entendido como domicilio, familia, amigos o trabajo, incluso sumergido, en España, no serán confinados en este tipo de centros. Es una de las novedades del Gobierno del PP, que ultima un anhelado reglamento para los CIE, que hasta ahora estaban en un limbo legal.

De esta forma, se podrá evitar que muchas personas pasen en los centros 60 días —tiempo máximo permitido— para volver finalmente a la calle, como ocurrió en 2011 cuando, de las 13.241 personas que fueron encerradas en un CIE, solo se expulsó a 6.825. Desde enero, según Ulloa, se aplica esta nueva política. Aunque, según fuentes policiales, el CIE de Barcelona tiene entre un 70% y un 80% de personas con antecedentes, lo que implica que todavía siguen confinando a inmigrantes que no han delinquido. Algo que el propio PP admite que no se podrá evitar por completo, y espera regularlo a través de una circular interna.

Pero la nueva norma no mejorará la asistencia médica. En la actualidad, en el centro de Barcelona, con capacidad para 236 personas, solo hay un médico de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, y hasta las diez de la noche, tres enfermeras, según se explicó en la visita. El reglamento no mejora esas condiciones ni garantiza que ese servicio dependa de los departamentos de Salud de cada comunidad autónoma. Es “objeto de estudio”, aseguró ayer Ulloa, aunque advirtió de que el “coste económico” será clave en la decisión que adopten. “Tampoco sería lógico, y menos con las restricciones que padecemos, que el servicio sanitario que se presta en los centros de internamiento fuera incluso superior al que gozamos los nacionales”, indicó.

La madrugada del 6 de enero un joven de 21 años murió en el CIE de Barcelona después de sufrir un ictus en un día festivo, cuando no había ningún tipo de asistencia médica. También en otro centro de extranjeros, esta vez en Aluche, una mujer que llevaba interna más de un mes murió después de ser trasladada al hospital Doce de Octubre. Desde su llegada al centro, había acudido a los servicios santiarios nueve veces, sin que nadie detectase la gravedad de su estado.

Un centenar de periodistas pudieron constatar que los suelos del CIE de Zona Franca estaban impolutos, que en los baños no había ni un pelo y que la comida del día, lentejas y pollo rebozado con aros de cebolla, pan y una naranja, cumplía los mínimos esperados. Pero las habitaciones, con rejas, tienen dos o tres literas con colchones muy delgados. Los baños y las duchas son comunes, y en la “zona de ocio” hay apenas una docena de mesas.

“La situación presupuestaria es complicada”, advirtió el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, sobre la mejora de las instalaciones. El reglamento prevé cambios en la gestión diaria: la policía, que hasta ahora se hacía cargo de todo lo que pasaba en el centro, se ocupará solo de la seguridad. La tarea asistencia se delegará en “ONG y personas de la sociedad civil”, indicó Ulloa, en una visita que tenía que haber presidido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pero la anuló en el último momento, alegando motivos de agenda. También han optado por cambiar el nombre: de ahora en adelante los CIE serán Centros de Estancia Controlada de Extranjería (CECE).

Denuncia por maltrato

R. C.

Mientras las autoridades políticas y policiales abrían ayer a bombo y platillo las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ultimaba la presentación de una petición a la fiscalía para que investigue un presunto caso de maltrato. Un interno de 37 años, de origen ruso, acabó la madrugada del domingo 22 de abril en el centro de atención primaria Manso por un traumatismo torácico.

El hombre explicó al defensor del pueblo catalán que esa noche un compañero se sentía indispuesto, por lo que pidieron asistencia a la policía. Según su versión, se la negaron y los policías reprimieron a golpes su queja. “No podemos afirmar nada, solo informamos al fiscal”, indicó Ribó. El síndic intentó entrar en el CIE el pasado 17 de abril, sin éxito. Para Ribó, que mantuvo ayer una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, la visita de ayer con los medios no cumple la normativa europea. “Se debe hacer sin avisar, pudiendo hablar con los internos y con conocimiento de los problemas de los últimos tiempos”, indicó. Ribó expresó su preocupación a Ulloa sobre las informaciones que le han llegado de “autolesiones, huelga de hambre y malos tratos”. “Quiero dejar muy claro delante de quien sea que seguiré rigurosamente el encargo que he recibido del Parlament”, indicó sobre sus posibles visitas al CIE. Ulloa aseguró a los periodistas que la competencia es del Defensor del Pueblo.

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Periodista EL PAÍS en Barcelona

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