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El Gobierno rechaza el plan de Aguirre de vaciar el Estado autonómico

La presidenta madrileña defiende adelgazar las Administraciones públicas

Plantea devolver al Estado las competencias en educación, sanidad y justicia

Sugiere que el bachillerato deje de ser gratuito porque no es educación básica

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Llevaba varios meses, desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones, con un perfil político muy bajo. Pero Esperanza Aguirre decidió este martes volver con toda su fuerza desde La Moncloa, tras reunirse con Rajoy. La presidenta de Madrid revolucionó el debate en el PP con una propuesta que nadie en este partido había planteado nunca: la devolución de las competencias de sanidad y educación al Estado. Fue un Ejecutivo del PP quien culminó en 1998 ese traspaso. Y los populares, desde entonces, nunca han planteado devolverlas. Solo UPyD lo pedía. Aguirre rompió este martes esa baraja, y aunque el Gobierno oficialmente no dijo nada, sí trasladó que eso no está en sus planes.

Aguirre fue clarísima al proponer que se acabe con el Estado de las Autonomías tal como se conoce, vaciándolas de sus principales competencias —sanidad y educación suponen el 80% de los presupuestos regionales—. La presidenta de Madrid, en un discurso descarnado, planteó que hay que aprovechar la crisis para hacer las reformas más profundas, porque los ciudadanos están dispuestos a aceptarlas, una idea liberal que la escritora Naomi Klein define como la doctrina del shock.

Aguirre fue tajante con la recuperación de competencias que dejaría a las comunidades vacías: “Si España lo necesita, las grandes competencias, desde luego la sanidad, educación y justicia, deberían volver al Estado, y los transportes y los servicios sociales a los Ayuntamientos. Esto si, nos quedaríamos sin empleo los políticos, pero ya buscaríamos”. Lanzada, llegó a decir que habría que eliminar hasta los Parlamentos autónomos y calculó un ahorro de 48.000 millones de euros.

Los ministros Mato y Wert no contemplan la devolución de competencias

El Gobierno está preocupado precisamente por el coro de voces del PP que plantean cosas distintas sobre los recortes. El Ejecutivo admite en privado que en los últimos días los mensajes están siendo muy confusos. El Gobierno cree además que la principal preocupación de los mercados, que este martes vivieron una nueva jornada de presión a la deuda española y a otras, con el Ibex 35 desplomándose un 3%, está en las cuentas autonómicas.

El Gobierno se centra ahora en convencer a los mercados de que forzará a las comunidades. La situación es tan compleja que el Ejecutivo ha decidido acelerar varias reuniones de las conferencias sectoriales de sanidad y educación para pactar allí los recortes de 10.000 millones anuales que el Gobierno anunció el lunes en un intento por frenar a los mercados, algo que al menos este martes no se logró. En la sesión de control del Senado, Rajoy señaló que él “ni discute ni siquiera se plantea” un debate sobre el Estado autonómico que está en la Constitución, aunque no hizo ninguna referencia a Aguirre y fue a una pregunta de una diputada navarra. Eso sí, animó a las autonomías a hacer esfuerzos para reducir el déficit porque es ahí donde “España se juega buena parte de su futuro”.

Rajoy trata de que los mercados entiendan que forzará a las comunidades

En ese contexto, y para intentar unificar los mensajes y ofrecer una sensación de fortaleza, sobre todo al exterior, Rajoy ha convocado el sábado a todos los barones autonómicos del PP para hablar de sanidad y educación y salir con un mensaje único. Sin embargo, las palabras de Aguirre demuestran que las posiciones en el seno del PP distan de ser únicas.

Según fuentes gubernamentales, está siendo muy difícil en las últimas semanas unificar un criterio de recortes. Algunas autonomías van mucho más allá de lo que quiere el Ejecutivo, con planteamientos de cobro por servicios de todo tipo y recortes brutales. En especial son Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, según estas fuentes. Otras, con las finanzas con menos problemas, no quieren llegar tan lejos. Y preocupa Andalucía, la mayor y más poblada comunidad de España, que confiaba en controlar tras las últimas elecciones.

Cristóbal Montoro, principal responsable de armar este rompecabezas autonómico, insiste en que la nueva Ley de Estabilidad le da mecanismos incluso para intervenir una comunidad que no acepte los planes de recortes que le plantea el Estado. Fuentes del Ejecutivo creen que Andalucía finalmente se avendrá porque si no lo hace los bancos dejarán de prestarle y los proveedores también dejarán de darle servicio.

En ese contexto de máxima tensión y ese intento del Gobierno por recuperar el control, las palabras de Aguirre este martes no sentaron nada bien al Ejecutivo. La presidenta, que siempre ha ido más lejos que Rajoy, planteó que hay que hacer todos los recortes ya, de golpe, ahora y sin miramientos. Incluso propuso que el bachillerato no tiene por qué ser gratuito, ya que la Constitución no lo considera educación obligatoria. “Yo creo que hay que recortar como Irlanda, de golpe, mejor una vez colorado que ciento amarillo”, llegó a apuntar sobre la oportunidad de aprovechar la crisis.

El Gobierno tiene varios escenarios encima de la mesa, sobre todo la posibilidad de cobrar las medicinas o algunos servicios sanitarios en función de la renta. Pero ninguno de los planteamientos máximos de Aguirre están en los planes de la ministra de Sanidad, Ana Mato, o el de Educación, José Ignacio Wert, según fuentes gubernamentales.

Aguirre llegó a plantear, en un discurso similar al de UPyD, una “revisión de raíz del modelo autonómico” para el que ve imprescindible un gran pacto con el PSOE. En su afán por marcar la línea a Rajoy, señaló que el Estado autonómico “no ha servido para lo que se creó, integrar a nacionalistas vascos y catalanes, y el café para todos sí ha servido para complicar el Estado y encarecer el coste de otras regiones”. El Gobierno no está dispuesto a seguir esa línea que representa una parte del PP y de su electorado.

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