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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Estado de desmoralización

La insistencia en el riesgo de intervención es la primera condición para que esta llegue a producirse

Josep Ramoneda

No tenemos un Estado de derecho, más bien tenemos un Estado para la desmoralización de la ciudadanía. La amnistía fiscal para los defraudadores de Hacienda promulgada por el Gobierno y las promesas de exenciones legales con que dos comunidades autónomas, con la complicidad del Gobierno, cortejan a un magnate de Las Vegas que quiere llevar su negocio a Barcelona o Madrid son dos hechos recientes que vienen a demostrar que el Estado de derecho está plagado de territorios de excepción.

¿Con qué moral tienen que cumplir con la legalidad los ciudadanos españoles cuando saben que los que han estado practicando el fraude fiscal podrán repatriar sus dineros a un coste ridículo al lado de lo que muchos de ellos pagarán por la simple renta de su transparente trabajo, y que un empresario extranjero, con la promesa de una millonaria inversión y de la creación de un número impreciso de puestos de trabajo, puede exigir que se fuerce la legalidad para adaptarla a sus intereses? El principio fundamental del Estado de derecho es la igualdad ante la ley. Y aquí, por lo visto, la ley puede moldearse según convenga a determinados sectores sociales o personas concretas. ¿Dónde está la equidad? Sencillamente, el que tiene poder pone sus condiciones y unos Gobiernos cada vez más impotentes actúan sin consideración alguna por el daño que se hace a las instituciones y a los ciudadanos. Los gobernantes legitiman estos atropellos legales por la excepcionalidad de la situación. Las políticas de excepción son siempre una amenaza para la democracia.

Estas propuestas de suspensión de legalidad llegan en un momento en que el presidente Rajoy insiste en la estrategia de la conmoción para justificar sus políticas. Con el discurso: o se aceptan los Presupuestos que el Gobierno ha presentado o España será intervenida. Y con los hechos: unos Presupuestos tan restrictivos que no ofrecen ninguna esperanza a la recuperación. Recortes masivos en inversión, transporte, educación, cultura e innovación, a pesar de que la propia derecha ha repetido mil veces que es con ello con lo que hay que ganar al futuro, y en servicios sociales básicos, es decir, en el bienestar de los españoles. Y, sin embargo, ni un recorte en personal y en gasto corriente, es decir, en la estructura del Estado.

Un discurso apocalíptico y unos Presupuestos agresivos que añaden desmoralización psicológica a la desmoralización ética. La insistencia en el riesgo de intervención es la primera condición para que esta llegue a producirse. De modo que cabe preguntarse si la estrategia comunicativa catastrofista del PP es un intento de justificar unos Presupuestos que contradicen las promesas electorales del Gobierno y que aplazan sine die la llegada de estimulantes para levantar el ánimo del paciente español; un modo de frenar en seco la reacción ciudadana expresada en las calles el 29 de marzo y en las urnas cuatro días antes; o el anticipo de una intervención que dan por hecha, porque no se sienten capaces de hacer nada para evitarlo. Lo cierto es que el Gobierno ha presentado unos Presupuestos para la deuda, el altar al que todo se sacrifica, empezando por las expectativas de futuro de la ciudadanía. En este contexto, las políticas de excepción que demuestran que no todos somos iguales ante la ley, no hacen más que aumentar la desmoralización.

El viernes el Gobierno anunció una amnistía fiscal para los que tienen dinero oculto, el lunes Rajoy prometió mano dura contra el fraude fiscal, y el martes se descubrió que los Presupuestos contienen un recorte del 5% a la Agencia Tributaria, es decir, a la inspección. ¿En qué quedamos? Este Gobierno, que según su jefe debía ser tan previsible, parece jugar al enredo. Anunció una ley de transparencia mientras ocultaba los Presupuestos del Estado por puro interés electoral; prometió no subir impuestos y ha subido IRPF, sociedades y lo que vendrá; aseguró que siempre cumpliría las leyes y los compromisos y en sus Presupuestos olvida las obligaciones derivadas de los nuevos estatutos autonómicos. ¿Con qué moral los ciudadanos deben afrontar el futuro?

Ha aparecido en Estados Unidos un libro póstumo de Tony Judt en conversación con Timothy Spender, Pensando el siglo XX. Tony Judt se pregunta: “¿Cómo debemos manejar las consecuencias humanas del capitalismo? ¿Cómo hablar no sobre las leyes de la economía sino sobre las consecuencias de la economía?”. Esta es la verdadera cuestión política, la que concierne a las personas. En estos Presupuestos el Gobierno se desentiende de ellas, en nombre del determinismo de los mercados.

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