Política

Exteriores busca fondos privados para mantener su red de diplomacia pública

Algunos directores destituidos de casas regionales estudian pedir indemnización

Margallo, en un acto con empresarios para promocionar la marca España, el pasado 27 de enero. / PABLO MONGE

El Ministerio de Asuntos Exteriores quiere extender a las otras cinco casas que se ocupan de promocionar las relaciones de España con distintas regiones del mundo —Casa Asia, Casa Árabe, Casa Mediterráneo, Casa África y el Centro Sefarad-Israel— el modelo de financiación de la Casa América, donde el 40% de los ingresos procede de empresas privadas, para evitar que se vean abocadas al cierre.

El equipo de José Manuel García-Margallo califica de “dramática” la situación financiera de las instituciones que constituyen la punta de lanza de la red de diplomacia pública española hasta el punto de que, en una de ellas, ha tenido que suscribir una póliza de crédito para pagar las nóminas de abril. La Casa Asia, por ejemplo, paga un alquiler anual de 660.000 euros por su sede de Barcelona, con una penalización en caso de rescindir el contrato que le obligaría a abonar las mensualidades hasta 2017.

Más allá de este caso, el modelo vigente se considera inviable con las actuales restricciones presupuestarias, por lo que se impone buscar nuevas vías de financiación y un severo plan de austeridad. El presupuesto de las seis casas ascendió el año pasado a 25,5 millones de euros, de los que el 89% procede de fondos públicos, y el 72,6% del presupuesto del Ministerio de Exteriores. En conjunto, tienen unos 200 empleados.

Aunque la estructura de cada casa es diferente, en su consejo se sientan las autonomías y los Ayuntamientos donde están ubicadas (Casa América, Casa Árabe y Centro Sefarad-Israel en Madrid, Casa Asia en Barcelona, Casa Mediterráneo en Alicante y Casa África en Las Palmas).

Entre las medidas que se estudian figuran, además de la financiación privada y el patrocinio de los países de la zona de la que se ocupan, la centralización de las compras y los servicios o la programación de actividades comunes entre ellas y con el Instituto Cervantes. También se pretende reducir los sueldos de los directivos (a partir de 100.000 euros brutos al año) para adaptarlos al de un director general de la Administración (en torno a 75.000).

Entre el jueves y el sábado de la semana pasada se celebraron los consejos rectores para relevar a los responsables de estos organismos, salvo el de Casa África, ya que el presidente canario, Paulino Rivero, se encontraba en Uruguay. El proceso no ha estado exento de tensiones por la premura con que se convocaron los consejos. El representante del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, se quejó de que no se hubieran negociado los nombramientos, aunque fuentes de Exteriores aseguran que hizo las críticas a título personal y que la alcaldesa Ana Botella no ha puesto objeciones.

En el último momento, Exteriores cambió su candidato para dirigir Casa Asia: tras anunciarse que sería el diplomático Antonio Millán, presentó a Ramón Moreno, también diplomático, que ha sido elegido.

Por su parte, Tomás Poveda Ortega, hasta ahora director de Relaciones Institucionales de General Electric, es el nuevo director de Casa América, en sustitución de Inma Turbau, que dejó el cargo en febrero. Florentino Portero, profesor de Historia Contemporánea de la UNED y columnista de Abc, releva al diplomático Álvaro Albacete en el Centro Seferad-Israel; Eduardo López Busquets, hasta ahora embajador en Mozambique, sustituye a Gema Martín Muñoz en Casa Árabe; y Almudena Muñoz, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha estará al frente de Casa Mediterráneo en lugar de Yolanda Parrado. Aunque aún no hay decisión, el diplomático Santiago Martínez-Caro podría ser el nuevo responsable de Casa África, que hasta ahora dirigía Ricardo Martínez.

Los relevos que más han sorprendido son los de los titulares del Centro Sefarad-Israel y de Casa Asia, ya que sus directores solo llevaban en el cargo desde el pasado verano. En el primer caso, además, se cambia a un diplomático por un profesor, en contra de la política de Margallo de promocionar a los miembros de la carrera. Algunos de los destituidos han expresado su propósito de reclamar una indemnización de tres meses de sueldo (más de 300.000 euros) por no haber sido avisados de su relevo con la antelación prevista en los contratos de alta dirección que rigen estos puestos. Exteriores asegura, sin embargo, que la modificación introducida con la reforma laboral ha reducido drásticamente estas indemnizaciones, que podrían quedarse limitadas a 15 días de sueldo.

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Corresponsal diplomático y de Defensa de EL PAÍS

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