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Euskadi gestionará el final de ETA en una ponencia que divide a Aralar

El acuerdo descarta la participación en la Cámara de la izquierda ‘abertzale’

La portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, en la tribuna del Parlamento vasco. A la derecha, Patxi López habla con Rodolfo Ares.
La portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, en la tribuna del Parlamento vasco. A la derecha, Patxi López habla con Rodolfo Ares. DAVID AGUILAR (EFE)

El propósito compartido por 73 de los 75 parlamentarios de la Cámara vasca —solo quedan fueran EA y UPyD— de debatir antes del final de esta legislatura cómo debe gestionarse la paz y la convivencia en Euskadi salió adelante, ayer por fin, aunque deja una herida que puede comprometer en exceso la ponencia ya aprobada: la dirección de Aralar desautorizaba a tres de sus cuatro representantes que votaron a favor y les pide que entreguen sus escaños.

El motivo de esta presumible escisión en Aralar, cuyo germen de la discordia se remonta a la decisión del grupo mayoritario de Patxi Zabaleta de incorporarse a la coalición electoral de Amaiur, guarda relación, precisamente, con el retraso en la consecución de un consenso para sacar adelante la ponencia sobre paz y convivencia, en la que el lehendakari, Patxi López, fundamenta gran parte de su paso adelante tras el final de ETA.

El acuerdo entre las fuerzas mayoritarias solo podría alcanzarse si se aseguraba al PP que la izquierda abertzale no iba a disponer de una presencia reglada en el Parlamento de Vitoria durante los trabajos de la ponencia. El resto de las formaciones lo entendía conveniente para así componer una mesa de partidos sin exclusiones que evitara la incómoda situación de esperar hasta la próxima legislatura para que estuvieran los representantes radicales. Pero Antonio Basagoiti, tras hablar con el PP en Madrid, le llegó a decir al lehendakari hace tres semanas, en el primer intento para aprobar la ponencia: “O Batasuna o nosotros, elija”.

Zabaleta exige que devuelvan el escaño tres de sus cuatro parlamentarios

Pero la ponencia no ha cambiado para atraer el voto favorable de los populares. Basagoiti se justificó ayer diciendo que el PSE-EE les ha asegurado que “frenarán la presencia en la ponencia del Parlamento de personas que no rechacen el terrorismo de ETA”. Los socialistas entienden que este compromiso ya lo adelantó López desde el primer momento. En realidad, en la Cámara vasca se comparte la idea de que una vez solventadas las elecciones en Andalucía y Asturias, las reticencias del PP han desaparecido más fácilmente.

En la aprobación de la ponencia ha sido determinante el empeño de Aintzane Ezenarro, portavoz de Aralar en el Parlamento y opuesta a la entrada en Amaiur. Como autora de la iniciativa sostiene que los trabajos previstos analizarán “las situaciones derivadas de tantos años de violencia y sus consecuencias” y que existe un compromiso para “cerrar de forma ordenada el ciclo de la violencia”. Sin embargo, en Amaiur hay un indisimulado propósito de torpedear esta ponencia que no les asegura una presencia preferente. En ese contexto debe entenderse la rápida desautorización de Patxi Zabaleta, como máximo responsable de Aralar, a tres de los cuatro parlamentarios que secundaron ayer la puesta en marcha de la ponencia para que entreguen sus escaños “en nombre de la ética política”. Junto a Ezenarro votaron a favor Mikel Basabe y Oxel Erostarbe. El vicecoordinador de Aralar, Dani Maeztu, no lo hizo y acompañó a Zabaleta en la rueda de prensa de ayer, en San Sebastián.

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Aralar, obviamente con la anuencia de Amaiur, rechazaba desde el principio cualquier exclusión en la ponencia porque iba en detrimento de la izquierda abertzale y exigieron a sus parlamentarios que lo tuvieran en cuenta. “No han cumplido lo requerido por la dirección del partido”, dijo ayer Zabaleta. Aunque Maeztu se apresuró a negar “la escenificación de ninguna ruptura en Aralar”, el fantasma de las expulsiones empieza a sobrevolar. Además, por derivada, sus efectos podrían influir en la legitimación política de la ponencia que nace con el rechazo de una izquierda soberanista ya legal en varias instituciones.

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