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Las Administraciones tendrán un mes para ofrecer cualquier dato solicitado

El texto legal inicia un largo proceso con 15 días de consulta ciudadana

En cuestiones de transparencia, de información pública y de datos, lo más importante es la letra pequeña. Por eso el alcance de la primera Ley de Transparencia de la historia de España, que este viernes empezó su andadura, no se verá ni siquiera el lunes, cuando sea publicada oficialmente. Tardará mucho más. Meses en ser aprobada —después de verano casi con seguridad— y mucho más en ser aplicada. Este viernes, la vicepresidenta, y después la referencia del Consejo de Ministros, se limitó a ofrecer pinceladas de lo que será esa ley. Y entre ellas, Soraya Sáenz de Santamaría ofreció un dato que, si se consolida en el futuro, será muy relevante: todas las Administraciones —incluidas las del Estado, comunidades autónomas, Ayuntamientos y empresas públicas, según aclaró— tendrán un máximo de un mes para contestar cualquier petición de un dato de un ciudadano, asociación o medio de comunicación. Las limitaciones, la letra pequeña clave, se conocerán el lunes, pero Sáenz de Santamaría la circunscribió a la seguridad nacional y cuestiones relacionadas con la protección de datos personales.

El plazo de un mes es, por ejemplo, la mitad de lo que el Gobierno está autorizado a tardar —y no suele cumplirlo— en contestar a una pregunta parlamentaria por escrito. Aun así, para conocer su eficacia habrá que esperar a que se apruebe y empiece a desarrollarse en todas las Administraciones.

En este asunto de las respuestas, el Ejecutivo quiere colocarse al nivel de los países más avanzados. No así en la transparencia de la acción y los debates del Gobierno. De momento no se plantea dar a conocer las deliberaciones clave del Ejecutivo, como sí sucede en EE UU o Reino Unido transcurrido un cierto tiempo, o publicar el listado de todas las personas que visitan La Moncloa, como hace Barack Obama en la Casa Blanca.

Lo que sí hará el Ejecutivo es abrir un proceso de consultas públicas de 15 días en la web de Vicepresidencia (www.mpr.es) a partir de lunes para recibir sugerencias de los ciudadanos. Y después, cuando la ley se apruebe —es probable que logre un importante apoyo, ya que el anterior Ejecutivo socialista tenía lista la suya pero no llegó a aprobarla—, creará un portal de la transparencia donde se agruparán todo tipo de datos ahora dispersos o directamente ocultos: los contratos de todos los departamentos —ahora ya hay una web (www.contrataciondelestado.es) con los más relevantes—, los convenios que se suscriban, las subvenciones y las ayudas concedidas. La Agencia de Calidad de los Servicios Públicos se encargará de velar por la transparencia. Pero además cada departamento deberá publicar con detalle sus presupuestos, datos actualizados, las retribuciones de sus directivos y la compatibilidad que se les haya concedido con actividades privadas. La idea es que los ciudadanos puedan ver cómo se gasta el dinero público con el máximo detalle.

La vicepresidenta hizo este viernes un primer gesto: después de casi tres días en los que EL PAÍS pidió sin éxito el coste del polémico vídeo de Empleo para defender la reforma laboral, ella lo aclaró: 4.200 euros más IVA.

Sáenz de Santamaría admitió que España va muy retrasada en este asunto con respecto a la mayoría de los países europeos y algunos latinoamericanos, como Brasil. Y también dijo que se tardará tiempo en hacer un desarrollo reglamentario y lograr que las Administraciones, sobre todo las locales, se adapten y se preparen para entregar esta información. En el pasado, y por ejemplo con el caso Gürtel, Adminstraciones como la Comunidad Valenciana se negaron a publicar los contratos. En cualquier caso, la vicepresidenta aclaró que el acceso a la información no será un derecho fundamental, como sucede en otros países, porque la Constitución no lo contempla como tal.