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Inhabilitación de 10 años para los cargos que falseen y oculten datos

El Gobierno sigue la línea marcada por Montoro con duras sanciones penales

La intencionalidad es clave, por lo que el delito podría quedar muy limitado

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La obsesión del Gobierno es la credibilidad. Pero no tanto frente a los ciudadanos, sino frente a los mercados internacionales. La deuda española vivió este viernes una nueva jornada difícil, con la prima de riesgo disparada sobre 350 puntos y muy por encima de la italiana, algo que no sucedía antes de la llegada de Rajoy al Gobierno. Una de las principales dudas de esos mercados es la capacidad del Ejecutivo para forzar a las comunidades a hacer un brutal recorte de 15.000 millones este año. El Gobierno quiso este viernes lanzar un nuevo gesto, en línea con lo planteado hace unas semanas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y presentó una ley que crea un nuevo delito: el de ocultación de facturas o falseamiento de datos contables, que llevará aparejada una pena de inhabilitación de hasta 10 años.

El anteproyecto que estudió este viernes el Consejo de Ministros, y que será publicado el lunes, no contempla expresamente penas de cárcel, aunque sí indirectamente: la pena máxima lleva aparejadas inhabilitación y multa. Si esta última no se paga, la pena se transforma en cárcel.

La norma es fruto de un empeño del Gobierno, en especial de Montoro, para ofrecer esta imagen de dureza, al margen de que finalmente tenga alguna efectividad y este delito llegue a aplicarse. La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó muy claro que precisamente se estaba intentando lanzar un mensaje a los mercados con esta nueva norma.

Se le preguntó por la prima de riesgo, que precisamente está evolucionando peor desde que el Gobierno anunció el nuevo objetivo de déficit del 5,8%, que después Bruselas obligó a rectificar hasta el 5,3%. Y Sáenz de Santamaría contestó con la reforma: “Lo que estamos haciendo es agilizar las reformas estructurales, y esta ley que presentamos hoy garantiza que se va a cumplir el déficit. Desde que estamos en el Gobierno ha habido 11 subastas que no han ido mal. Es verdad que la prima esta ahí, y con los Presupuestos acentuaremos nuestra credibilidad. Pero España cumple y va a cumplir, aunque el incumplimiento de otros nos arrastra. Por eso presentamos hoy frente a los que no gestionan bien y nos llevan a situaciones como las que hemos vivido”, sentenció. Después aclaró que la ley no es retroactiva, como cualquier ley penal, pero sí tiró contra el anterior Ejecutivo.

En realidad, fuentes del Gobierno admiten que la ley está pensada para que no se repitan situaciones como las de algunas Administraciones, también del PP, como el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad Valenciana, que ha dejado a deber centenares de millones de euros a proveedores —más de 1.000 en el caso de Madrid—.

El vídeo que ensalza la reforma laboral costó 4.200 euros

El vídeo del Gobierno que ensalza la reforma laboral costó 4.200 euros, a los que hay que añadir el IVA del 16%. Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha accedido a dar una muestra del filosofía de la futura ley de transparencia al ser preguntada al respecto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El anuncio, vetado por la Junta Electoral por vulnerar las normas de las campañas, costó más de 1.000 euros por minuto.

El Ejecutivo y el Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, llevaban tres días negando a la oposición y a los medios esta información.

Lo cierto es que la prima de riesgo obsesiona al Ejecutivo, como sucedió antes con el último gobierno del PSOE, y sin duda influirá en que los Presupuestos sean aún más duros de lo previsto. En estos días se están cerrando las últimas batallas, en las que todos los ministros luchan para que a ellos les toque una carga menor del tajo. Oficialmente se siguen descartando grandes medidas polémicas, como la subida del IVA, aunque la solución definitiva llegará el viernes 30, ya con las elecciones andaluzas y asturianas resueltas.

Lo más novedoso es el delito que se crea a través de una reforma del Código Penal incorporada en la llamada Ley de Transparencia. El delito no lo cometerán los funcionarios públicos, que ya tienen su propio régimen, sino los responsables políticos. Sáenz de Santamaría no aclaró si se está pensando en presidentes autonómicos, consejeros o alcaldes. Dijo que, en cada caso, el que tenga la competencia para tomar la decisión de ocultación.

La redacción de la ley dejará claro que para que haya delito en la ocultación o falseamiento de contabilidad tiene que ser “a sabiendas y de forma idónea para causar perjuicio económico” a la Administración “o a su calificación”. La pena será de uno a diez años de inhabilitación para cargo público y una multa de seis a 12 meses.

El mensaje es muy duro, pero la condición de que la ocultación tenga intención de perjudicar hace pensar que el delito apenas se aplicará. Sáenz de Santamaría también planteó otros comportamientos que, sin ser delito, acarrearán sanciones, entre ellas la destitución del cargo y la imposibilidad de volver a ser elegido por 10 años. Asumir compromisos sin presupuestar, el incumplimiento deliberado y reiterado de los objetivos de déficit o deuda o no presentar planes de ajuste cuando se reclamen podrían llevar a esa destitución. Son, de nuevo, casos muy extremos.

Rajoy prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia