Política

El Gobierno limitará por ley a un mes el secreto del sumario

El plazo solo se podrá superar por "razones absolutamente excepcionales"

Gallardón anuncia sanciones severas para quien filtre las actuaciones judiciales

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ayer en un acto. / ULY MARTÍN

El Gobierno emprende la batalla contra las filtraciones de los sumarios judiciales. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo limitará por ley a un mes el plazo para mantener secreto el sumario. Gallardón ha avanzado también que reformará la ley para establecer "sanciones severas" contra quien revele una actuación judicial.

"Una revelación interesada puede perjudicar a una parte [del proceso]", ha defendido el ministro, cuya intención es evitar "lo que en estos momentos existe, que es una ficción de sumarios declarados secretos durante seis, siete u ocho meses y que acaban siendo conocidos por todos los ciudadanos". Gallardón ha explicado que el límite de un mes para mantener secreto el sumario -que se incluirá en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- no podrá superarse, "salvo por razones absolutamente excepcionales".

La ley ya fija un plazo de un mes como límite al secreto, pero el juez puede prorrogarlo indefinidamente si lo motiva

La ley ya prevé que pasado un mes de plazo el sumario debe hacerse público, pero el juez puede prorrogar el secreto indefinidamente siempre que lo motive. Esto ha permitido que en la práctica los jueces hayan mantenido secretas las actuaciones como algo habitual más allá del primer mes, prolongándolo durante meses e incluso años.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal también contempla ya penas de multa para las filtraciones del sumario. Aunque Gallardón no lo ha especificado, lo previsible es que el Ejecutivo endurezca las sanciones que ya existen.

El ministro se ha referido también, en una entrevista en Antena 3, a la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo para que las mujeres tengan que volver a justificar que interrumpen su embarazo. "Defender el derecho a la vida es lo más progresista que se puede hacer", ha reiterado Gallardón, que ha vuelto a defender su idea de que las mujeres sufren una "violencia estructural" que las obliga a abortar, aunque en esta ocasión no ha utilizado el mismo término. "Me parece que hay un abandono cuando una mujer tiene miedo a llevar a cabo un embarazo, porque es menor, es inmigrante, porque tiene miedo a perder su trabajo...", ha explicado.

El titular de Justicia ha asegurado que los países del entorno europeo se dividen en cuanto a su regulación del aborto, pero defiende que en España "la Constitución dice que nunca podía abandonarse la protección del derecho del no nacido", y por eso hay que primar ese derecho sobre el de la dignidad de la mujer: "Cuando los dos derechos entran en conflicto, el legislador tiene que decidir cuál de los dos tiene que prevalecer". En la mayoría de los países de la Unión Europea, si embargo, abortar es un derecho en las primeras semanas de gestación.

Gallardón ha defendido además la actuación del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, después de que este pidiera a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la elaboración de un informe sobre la cadena de custodia de los trenes de cercanías de Madrid de los atentados del 11-M. "Apoyo completamente lo que ha hecho porque él ha aplicado la doctrina de nuestro Tribunal Supremo", ha argumentado. "No se pueden volver a juzgar unos hechos ya juzgados", opina el ministro, pero "siempre que existe un elemento, un indicio nuevo, tiene que ser sometido a investigación". Gallardón ha matizado que no se volverán a valorar ni investigar los hechos ya juzgados, pero sí aquellos datos que han aparecido "nuevos". Torres-Dulce rectificó después de anunciar que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar los restos ferroviarios de los atentados del 11-M, encontrados en una empresa de Madrid. El Fiscal General declaró en público pocos días después que la sentencia era "incontestable", y el 11-M, "caso cerrado".

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