Política

Vocales del Consejo retan a Gallardón al vetar a dos elegidos para reformar leyes

La elección de dos vocales para cambiar las leyes de Ejuiciamiento Criminal y del Poder Judicial, sin consultar ni informar al consejo, lleva a varios de sus miembros a intentar bloquear la decisión

Alberto Ruiz-Gallardón, en un pleno del Congreso. / ULY MARTÍN

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial vaticinan una gran movida en el pleno que el organismo celebrará el próximo jueves. Al menos tres vocales (los progresistas Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez y el conservador Manuel Almenar) plantarán cara e intentarán bloquear la decisión del Ministerio de Justicia de incluir a dos colegas del Consejo, Gabriela Bravo (progresista y portavoz de este órgano), y Antonio Dorado (conservador y miembro de la comisión Permanente) en el grupo de expertos que debe revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Habitualmente era el grupo progresista el que llegaba desunido a los plenos, pero ahora serán los dos, ya que Dorado siempre ha sido un fiel delfín del grupo conservador. Al tándem Margarita Robles (elegida a propuesta del PSOE) y Manuel Almenar (a propuesta del PP) no les ha gustado que Justicia, sin consensuarlo con ellos ni darles información previa, designe a estos vocales para ese cometido.

Fuentes del Consejo sostienen que tales designaciones pueden ser incompatibles con sus puestos en el Consejo, dado que este órgano debe informar luego sobre la reforma legal que surja de esas comisiones. Una reforma de gran calado, puesto que se trata de modificar el sistema de elección del propio Consejo, anunciado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, y de un asunto como el del secreto sumarial, en el que hay partidarios de castigar incluso a los periodistas que lo vulneren, lo que chocaría con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

A Robles y Almenar se ha unido en esta batalla contra Gallardón el exabogado del juez Garzón, también nombrado a propuesta del PSOE, José Manuel Gómez Benítez, autor del escrito que ha forzado el debate de este asunto en el próximo pleno. Fuentes del Consejo no descartan que se fuerce una votación entre sus 21 miembros en la que se decida si la elección de Bravo y Dorado para integrarse en esa comisión es compatible con sus cargos en el Consejo.

Fuentes del Consejo señalan que hay precedentes de vocales que han participado en reformas legislativas. Y, por tanto, no entienden la polémica suscitada. Sostienen que lo que realmente subyace en este asunto es que Ruiz-Gallardón (y en concreto, su secretario de Estado, Fernando Román) ha “ninguneado” a Robles y Almenar y ha elegido a vocales con los que mantiene amistad. A Robles y Almenar se les atribuyen la mayoría de nombramientos de altos cargos judiciales de los últimos años.

Desde Justicia se señala que ambos nombramientos fueron comunicados al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, pero que este se lo calló y no informó a sus colegas. Una de las frases más repetidas estos días entre los vocales es que la “culpa de este enredo la tiene el presidente” por no informar antes a sus colegas. Otras fuentes del Consejo no entienden que se tache a compañeros de estar en esa comisión. “El Consejo no pinta nada ahí; designar a las comisiones es una competencia exclusiva del ministerio, que nombra a quien cree oportuno”, señalan.

En sectores de la judicatura lamentan que no se haya tenido más en cuenta a los jueces para reformar dos leyes de ese calado. No les parece bien que la mayoría de los miembros hayan sido en su origen fiscales, como el actual magistrado de la Sala Penal del Supremo Antonio del Moral, Manuel Marchena o la propia Gabriela Bravo, o que se ponga a un secretario judicial, Antonio Dorado, al frente de la comisión que revisará la planta y demarcación de los juzgados y tribunales españoles.

Pese a que le han llegado las quejas de Robles y Almenar, y por extensión la de Gómez Benítez, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón se ha negado a modificar su decisión. Entre otras cosas, porque el asunto ya ha sido aprobado mediante decretos en el Consejo de Ministros y no está dispuesto a revocarlos. No obstante, ha mostrado su disposición a que se incorpore algún miembro más de procedencia judicial a través del sistema de cooptación, que algunos vocales consideran ilegal. Pero Robles, Almenar, Gómez Benítez e incluso el vocal Carles Cruz, que también ve incompatible la elección de Bravo y Dorado, van a lanzar un órdago a Gallardón en el próximo pleno.

Si finalmente se votase este asunto en el próximo pleno y se declarara incompatible la presencia de Bravo y Dorado en esas comisiones, surgirían dos opciones: que los vocales elegidos entendieran que el pleno no está facultado para vetarles y desobedecieran el resultado de una eventual votación negativa para ellos o bien que acataran la orden del Consejo, lo que obligaría al ministro a retocar los decretos con los integrantes de esas comisiones.

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Periodista de investigación de EL PAÍS

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