El PP llevará al Constitucional la ley de consultas si se pregunta por el pacto fiscal

El Partido Popular de Cataluña ha advertido de que tiene sus propias "lineas rojas" y que no tolerará bajo ningún concepto que el Gobierno catalán utilice la ley de consultas populares que está tramitando el Parlament para convocar una votación sobre el modelo de financiación y mucho menos otra de carácter secesionista. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, ha escenificado esta mañana el primer encontronazo de calado con CiU al afirmar que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la citada ley si se utiliza para plantear aspectos que invaden competencias del Estado. "Es una ley inaceptable. El PP tiene sus líneas rojas y son la de la defensa de una Cataluña plural y que se basa en el cumplimiento de la ley", ha afirmado. La líder popular ha agregado que recurrirá a las medidas políticas y judiciales para no dar alas a los objetivos "soberanistas y separatistas".

El proyecto de ley se discutió la semana pasada en el Parlament y, curiosamente, fue aprobado por unanimidad por todos los grupos después de que los socialistas retiraran la enmienda a la totalidad. El PP, por supuesto, votó a favor y su diputado Santi Rodríguez argumentó que el texto era "jurídicamente impecable". El proyecto contempla que las consultas populares, ceñidas a una jornada -no se regirán por la ley electoral- no necesitarán permiso del Gobierno Central y que no serán  vinculante. Santi Rodríguez señaló que no imaginaba a Artur Mas, presidente de la Generalitat, convocando una consulta sobre el pacto fiscal aunque de hecho ese es el horizonte de la ley. Mas siempre ha reconocido albergar dudas sobre el resultado que arrojarían las urnas en un referéndum independentista. Pero, por el contrario, está convencido de que la mayoría de los catalanes quiere un concierto económico al estilo del que tiene el País Vasco.

Los convergentes suelen utilizar la expresión "líneas rojas" cuando hablan de asuntos que no se negocian -la inmersión lingüística, por ejemplo- y el PP ha respondido hoy con la misma moneda. "No aceptaremos una ley que lesiona la convivencia", ha subrayado Sánchez-Camacho, mucho más enérgica después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtiera el viernes tras el Consejo de Ministros que Cataluña no puede convocar una consulta de ese tipo. El PSC ha achacado el cambio de criterio del PP a un estirón de orejas de Génova a la líder catalana del PP.

Sánchez-Camacho matizó, sin embargo, que no podrá ninguna objeción a la ley si respeta el actual marco constitucional, aunque no cederá si lo traspasa. El Partido Popular defiende una mejora de la financiación de Cataluña, pero siempre dentro de la LOFCA e incluyendo, por tanto, a Cataluña entre las comunidades de régimen común. Esta postura choca de lleno con la aspiración de los convergentes, que basan el pacto fiscal en tener "llave de la caja". El secretario general adjunto de Convergència, Oriol Pujol, achacó el domingo los recelos del PP a que tiene miedo a conocer la voz de la ciudadanía. "Nosotros no tenemos miedo a la democracia. El PP es su garante", ha replicado la líder del PP, que ha advertido de que la ley "lesiona y pone en riesgo la convivencia".

Pese a ese foco de desencuentro, los populares son los socios preferentes de CiU en materia económica y esta misma mañana las dos formaciones han pactado la composición interna de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCMA) en detrimento de los socialistas. Por primera vez en su historia, el PP tendrá la vicepresidencia ejecutiva de la entidad, que recaerá en el popular Armand Querol. Mañana mismo, en la junta de portavoces de la Cámara catalana, los dos partidos impondrán su mayoría y rechazarán la solicitud de los grupos de izquierdas de aplazar el pleno extraordinario sobre los recortes en sanidad y educación para que no coincidiera con la jornada de huelga general.