Razones para estar preocupados

Eso será en el Reino Unido, en Portugal o en Grecia pero no en España. Este comentario generalizado respecto a que el despido de “funcionarios” de esos países por mor del ajuste económico derivado de la crisis económica resultaba imposible en España, ha sido arrumbado ante la mera lectura de la Reforma Laboral. No es posible, en efecto, despedir a los funcionarios de oposición de los distintos cuerpos del Estado pero sí se puede prescindir del personal laboral. En España hay en torno a 700.000 empleados públicos que accedieron a su plaza por algún sistema competitivo, prueba o concurso de méritos y de los que se puede prescindir “por insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos”, se lee en la reforma laboral ya en vigor, aunque sometida ahora a convalidación parlamentaria y susceptible de algún cambio. Esta es la esperanza de este colectivo.

Cuando esos cientos de miles de trabajadores públicos accedieron a su plaza estaban convencidos de que era de por vida. Así había sido siempre. No podía ser de otra manera dado que la legislación no contemplaba la posibilidad del despido. Ahora sí es posible. Las empresas públicas, entes o corporaciones no pueden aliviar situaciones de falta de presupuesto con ajustes, reducciones de horarios o salarios sino que la única solución es el despido de su personal por causas económicas, técnicas u organizativas.

Con esta realidad innegable sus representantes han empezado un proceso de presión, persuasión y petición a los grupos parlamentarios para que lo impidan. Lo hacen CC OO y UGT, por su lado, y, de otro, el sindicato mayoritarios de funcionarios CSI-F. Todos ellos se han reunido con los portavoces parlamentarios, también con el Grupo Popular. De momento, nadie está en condiciones de dar garantías de que la norma se puede cambiar. Tampoco pudo dárselas ayer Carles Campuzano, de CiU, con quien se cerró la ronda de entrevistas.

El presidente de este sindicato, Miguel Borra, le pidió a este portavoz, como ha hecho con todos los demás, que por la vía de las enmiendas excluya al personal laboral de esta reforma en todas sus menciones: desde los despidos individuales hasta los ERES. Tanto Borra como el secretario de Formación del sindicato, Antonio Díaz García, alertaron sobre el deterioro de los servicios si se prescinde del personal laboral, con claro perjuicio a los ciudadanos que son los receptores del trabajo de estos empleados públicos.

“No es justo, razonable ni necesario que personas que han superado su proceso selectivo y han obtenido su plaza en condiciones de mérito, capacidad y publicidad, puedan ser despedidas”, resumió el dirigente sindical. Las fuentes parlamentarias consultadas, entre distintos portavoces, reconocen que estos servidores públicos tienen razones para estar más que preocupados.