¿Hasta cuándo?

Cuando en mayo de 2010 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en el Congreso sus medidas de recorte, Mariano Rajoy, líder de la oposición, las criticó duramente tachándolas de “improvisadas, impuestas e injustas”. En términos similares se manifestaban los sindicatos para quienes el plan del Gobierno era, en palabras de Ignacio Fernández Toxo, “injusto” y “antieconómico”, por lo que no descartaba ningún tipo de movilización. Una opinión que, según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, era compartida por la mayoría de ciudadanos.

Casi dos años después, y tras unas generales anticipadas, el panorama político es radicalmente diferente, pero no la situación económica. El paro sigue en aumento y las perspectivas de mejora son escasas: ocho de cada 10 españoles creen que se va a mantener como hasta ahora o que, incluso, va a seguir aumentando.

El actual Gobierno ha aprobado una reforma laboral que, en contra de lo que cabría suponer por el resultado electoral, desaprueba un 63% de los españoles. Los calificativos usados para rechazar la reforma nos retrotraen a 2010: las medidas son impuestas —un 62% dice que responden a presiones externas—, son injustas —55%—, son excesivas —47%—, y apenas van a servir para crear empleo —74%—. De hecho, un tercio de los trabajadores piensa que a corto plazo es probable que pierdan su trabajo y un 70% de los parados consideran que es poco o nada probable que logren encontrar empleo pronto. Unas cifras que encajarían perfectamente con el apoyo a una huelga general como la convocada para el 29 de marzo. Y, sin embargo, dos de cada tres españoles —67%— consideran que, en estos momentos, una huelga general no serviría de nada. ¿Es compatible la crítica mayoritaria a la reforma laboral con un, también, mayoritario rechazo a una huelga general? Parece que sí. Primero porque los ciudadanos parecen no visualizar otra opción política alternativa y diferente que dé solución a sus problemas más acuciantes (paro y situación económica). Y segundo, y quizá lo principal, porque mientras que hace dos años las medidas anticrisis del gobierno socialista eran criticadas —además de por la abrumadora mayoría de votantes populares— por casi la mitad de su electorado, la nueva reforma laboral es apoyada por la mayoría de votantes que dieron su apoyo a Rajoy el pasado 20 de noviembre. Es decir, al contrario de lo que le ocurrió al PSOE en 2010, cuando perdió el apoyo de una sustancial parte de su base electoral, el PP sigue contando con el colchón de sus votantes que, de momento, le permite seguir adelante con su proyecto. La pregunta es: ¿hasta cuándo?

José Pablo Ferrándiz es sociólogo y vicepresidente de Metroscopia